A estas alturas ya no creemos en las casualidades. Las supuestas casualidades no son más que la conexión natural y lógica de hechos que, si bien han podido permanecer ocultos durante un tiempo –y eso es lo que lleva a pensar en una casualidad- tarde o temprano acaban saliendo a la luz. Si se analiza desde esta perspectiva el procesamiento -no por esperado menos sorprendente- del juez Garzón, quizás nos topemos con el objetivo último que desde el primer momento puso en marcha todo este despropósito. Porque no es ninguna casualidad que el auto de procesamiento de dicho juez haya coincidido en el tiempo y en el espacio con la apertura del sumario de la trama de corrupción política y, sobre todo, empresarial, conocida como “caso Gürtel”. Y no es ninguna casualidad por dos motivos. El primero porque sirve como cortina de humo para tapar el asunto verdaderamente importante, que no es otro que la apertura de dicho sumario –cortina de humo robustecida por el interés bastardo de determinados medios de comunicación-. El segundo, y seguramente el que más peso ha tenido en la decisión del magistrado Luciano Varela, porque desactiva y deja fuera de juego de manera casi definitiva al instructor de dicho sumario. Y lo hace, y esta es la clave de todo este asunto, de forma retroactiva. El procesamiento y más que previsible condena del juez Garzón le inhabilita no sólo para ejercer sus funciones en un futuro, sino, sobre todo, lanza un velo de sospecha sobre las investigaciones que ha llevado a cabo en un pasado reciente, especialmente las relacionadas con la trama corrupta mencionada. Si se acaba demostrando que el juez Garzón es un delincuente, eso significaría que todos aquellos a los que haya podido imputar han de ser necesariamente inocentes. Eso, al menos, en la mente del magistrado Varela y de todos los que han movido los hilos (y el bolsillo) hasta llegar a tan estrambótica situación.
No nos engañemos. El magistrado Varela no es ningún camisa vieja nostálgico del viejo régimen. La motivación última de su decisión de procesar al juez Garzón es desmontar el caso Gürtel. Las querellas de Falange y Manos Limpias han sido tan sólo la excusa perfecta para hacer algo que, de todas maneras, con denuncias o sin ellas, ya se había decidido hacer. De hecho, no es descartable que las propias denuncias no estén movidas por los mismos intereses que pretenden que la justicia se olvide del asunto Gürtel. Y tampoco hay intereses políticos en la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El hecho de que los imputados por Garzón sean en su gran mayoría miembros del PP poco o nada ha pesado en su decisión. Lo que ha puesto en marcha todos los resortes de la desvergüenza han sido los intereses económicos. No se trata de que el juez haya imputado a Presidentes autonómicos, Consejeros, Alcaldes o Concejales. Se trata ni más ni menos de que ha imputado a empresarios. Los mismos que manipularon unas elecciones para conseguir que ganara su candidata sobornando a los parlamentarios autonómicos Tamayo y Sáez. Los mismos empresarios que ven como la actuación del juez Garzón puede hacer peligrar ese negocio tan bien montado durante todos estos años. Al fin y al cabo el dinero mueve montañas y compra voluntades. Y hay que ser muy ingenuo para no darse cuenta de que si se pueden comprar políticos, al fin y al cabo, también se pueden comprar jueces, aunque sean del Tribunal Supremo. En último término tan sólo es cuestión de precio.
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