Pues yo voy a defender a los jueces,
entre otras cosas porque prefiero que me juzgue un juez a un periodista o un
tribunal popular. Dando por hecho que hay jueces incompetentes como hay médicos
o conductores de autobús incompetentes, y que supongo que habrá jueces
corruptos como hay políticos o funcionarios corruptos, creo que quien ha hecho
las declaraciones más acertadas en todo este lío -más ruido- que desde hace tiempo se está
montando en este país con las sentencias judiciales –curiosamente, solo con las
españolas: las belgas o las alemanas no, aunque incidan en asuntos nacionales-
ha sido el presidente del Tribunal Supremo, señor Lesmes, cuando afirmó que la
ya famosa y archiconocida sentencia de dicho tribunal sobre el Impuesto de
Actos Jurídicos Documentados era la consecuencia de la ambigüedad de las leyes.
Efectivamente la culpa de que las sentencias judiciales acaben reflejando la opinión
subjetiva de un señor o señora –o de un grupo de ellos- la tiene quien les
otorga esa facultad, es decir, aquél que hace dejación de sus funciones y deja
que sean ellos los que decidan sobre un determinado asunto. Si las leyes fueran
claras y contundentes y la labor de los jueces se limitara a aplicarlas, y no a
interpretarlas, nada de esto ocurriría.
Lo que el señor Lesmes insinuaba es
que la separación de poderes, entre otras cosas, implica que cada uno de ellos
cumpla con la función que le ha sido asignada en el Estado de Derecho. El poder
judicial aplica las leyes que emanan del poder Legislativo. Y el problema no es
del poder Judicial, sino del poder Legislativo (el Parlamento, para quién no lo
sepa), que hace ya años que ni está ni se le espera. Y ello por dos razones. La
primera de ellas es que hacer una ley que tenga como objetivo prever algo que
puede ocurrir, y no leyes que respondan a los problemas –más o menos graves- que en esos mismos instantes preocupan al
“pueblo” -preocupación que viene generada, más que por los propios problemas,
por el tratamiento alarmista que de ellos hacen los medios de comunicación, a
sueldo en la mayoría de los casos de los políticos que luego hacen las leyes ad
hoc- no da réditos electorales inmediatos, como tampoco da votos hacer una ley
clara y concisa que deje ver de forma transparente la voluntad del legislador,
pues puede ser que esa voluntad sea contraria a o no coincida con lo que los
votantes esperan de él. Así que lo mejor es que las leyes sean confusas, que
valgan lo mismo para un roto que para un descosido y que luego tenga que llegar
un juez a interpretarla y a aguantar los palos. Porque el juez se va a llevar
los palos diga lo que diga. Se afirma que los jueces de la sentencia citada más
arriba estaban presionados por la banca –que lo estaban- pero de la misma forma
hubieran estado presionados por las asociaciones de afectados por las hipotecas
si hubieran dictaminado en sentido contrario. Si las manifestaciones que se montaron a raíz de las
sentencias del caso aquel de “La Manada” no eran para presionar a los jueces ya
no sé lo que eran. Y esto es algo que se dará con mas frecuencia si los legisladores,
en vez de legislar, se dedican a agitar a las masas cada vez que un juez emite
una sentencia que va en contra de sus intereses o simplemente de sus gustos.
La segunda razón de la que hablaba
más arriba tiene que ver con que aquí se confunde cada vez más quién es el
legislador, es decir, quién tiene que hacer las leyes. Y el legislador no es el
Gobierno, que es poder ejecutivo. Así que gobernar por decreto, como hace
nuestro bien amado líder-presidente, es usurpar las funciones del poder
legislativo y tampoco es la solución. Hacer un Decreto que diga que son los
bancos los que deben pagar el impuesto de marras no es más que populismo,
además muy barato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario