Semana Santa y barbarie

Como todos los años multitud de habitantes de esta tierra descerebrada e ignorante se unen en masa para participar en la gran ceremonia de la superstición y el oscurantismo. Esta frase podría haber sido escrita, y seguramente lo fue, en el siglo XVIII. Lo triste es que hoy en día, en pleno siglo XXI, debamos volver a escribir lo mismo o algo parecido.
Fútbol, toros, fiestas populares, Semana Santa. En última instancia todo viene a suponer lo mismo: barbarie. La España que estos días sale en procesión llevando a cuestas al la virgen o al cristo de turno, que desprecia su dignidad cargándose de cadenas, que oculta su rostro bajo todo tipo de terroríficas máscaras –siempre he pensado que un ciudadano norteamericano negro que asistiera a uno de estos desfiles huiría espantado- o que se flagela las espaldas en un ejercicio de sadomasoquismo sin precedentes, es la España de la sangre y la incultura. La misma España cuyo ritmo vital está marcado por los partidos de cada domingo o que disfruta torturando a un animal. No resulta improbable que el mismo que hoy se disfraza de nazareno mañana golpee a su pareja hasta matarla o tire a una cabra desde un campanario. Y es que los que no entendemos mucho de pecados –porque no tenemos conciencia de ellos- pero si, y bastante, de comportamientos morales, pensamos que quien se somete a una penitencia tan humillante ha de ser muy, pero que muy malo.
¿Y qué significa en el fondo toda esta parafernalia que no sólo colapsa las vías urbanas sino también muchas mentes?. Desde un punto de vista estrictamente religioso es la celebración del martirio y la muerte. El recordatorio de que sólo mediante el dolor es posible alcanzar la salvación. La exaltación de un amor pervertido que necesita alimentarse del sufrimiento. No es de extrañar que el catolicismo anatematice el placer carnal, el goce sexual, el amor alegre y pleno entre dos personas cuando todo su dogma se fundamenta sobre la afirmación de que para amar hay que morir y que sólo el que muere ama de verdad. La Semana Santa constituye la manifestación más palpable no ya de la irracionalidad, sino de la inhumanidad de la religión.
Como tradición o manifestación cultural –que es como se intenta vender desde las instituciones de un Estado que, al fin y al cabo, no deja de ser laico- hay que volver a considerar lo ya dicho al principio. Si la cultura es lo opuesto a la barbarie no es posible considerar como manifestación cultural la exacerbación de ésta. Si la cultura es lo que humaniza, lo que permite el desarrollo de las características específicamente humanas y crea hombres y mujeres dignos, libres y responsables entonces el cortejo de la sangre y la crueldad, del tormento, de todo aquello que es incompatible con la vida humana, no puede ser cultura. En la Edad Media era tradicional desmembrar públicamente a los delincuentes y nadie en su sano juicio consideraría que hoy algo así deba ser mantenido bajo la excusa de la tradición. A este respecto la Semana Santa no es otra cosa que la ritualización de una ejecución pública. Espectáculo edificante donde los haya sobre todo para los más pequeños.
En cuanto a la supuesta calidad artística de las procesiones sería muy discutible que los pasos de la Pasión pudieran ser calificados como obras de arte. En todo caso, la excelencia como tales obras de estas esculturas (que por otro lado pueden ser perfectamente contempladas en lugares cerrados mucho mejor acondicionados para su conservación que la intemperie) no vendría dada por su carácter religioso, sino más bien por lo contrario: por la denuncia –consciente o inconsciente- de la brutalidad de la religión. Por último, y esto es algo tan evidente para cualquiera que tenga ojos en la cara que no necesita de más explicaciones, las celebraciones de Semana Santa no son bonitas: son tenebrosas y feas.
Así las cosas, no es admisible acudir al recurso fácil de exigir respeto para una barbaridad de este calibre ni para las creencias, supersticiones o patologías que la sustentan. La Semana Santa ofende no sólo a la inteligencia de cualquier ser racional sino también a la más mínima dignidad humana. Habría que despacharla al fondo del más recóndito cajón de la Historia, junto con la Inquisición, las Cruzadas y los sacrificios humanos, ya que tan poco se diferencia de todos ellos.

Justicia para Mariqueta

En julio de 2007 una niña de seis años, Mariqueta, acudió a un campamento de verano en Castellón, como tantos otros niños de su edad. Dos días más tarde un macetero de 70 kilos cayó sobre ella causándole la muerte. En un principio se pensó en un accidente, una tragedia, una desgracia más de las muchas que tiene la vida. Pero en cuanto se empezó a investigar se descubrió que el macetero no estaba anclado, que los monitores no tenían ni la preparación ni las licencias necesarias para hacerse cargo de niños de esa edad y, lo que resulta más relevante, que el campamento estaba organizado por una empresa propiedad de Carlos Fabra, dirigente del PP y presidente de la Diputación de Castellón. La familia de Mariqueta presentó la correspondiente denuncia pero el juez, en una decisión infame, ignorando los informes de la Fiscalía y del Defensor del Menor, optó por sobreseer el caso.

En la página web www.elblogdemariqueta.blogspot.com se pueden encontrar todos los detalles del hecho y las acciones legales que está llevando a cabo la familia, así como expresar el apoyo y la solidaridad con los padres de Mariqueta. Cuando nos hemos acostumbrado a taparnos la nariz y vivir entre la corrupción política y judicial casos como este deberían sacudir la conciencia de cada uno de nosotros y movernos a exigir justicia. ¡Justicia, ya!

Los bosques de Kosovo

Es sabido que son muchos a los que los árboles no les dejan ver el bosque. Sin embargo, cuando este problema se da entre los que tienen el poder de crear opinión pública, ya no está muy claro si es una simple cuestión de incapacidad forestal o hay algún tipo de interés oculto. Cuando todos los periodistas de este país –los políticos no cuentan- han criticado, por decirlo suavemente, la decisión de la Ministra de Defensa de retirar las tropas de Kosovo, no se sabe muy bien si es porque han sufrido un ataque repentino de pensamiento único o porque esa decisión afecta a los intereses económicos de las grandes corporaciones que les pagan el sueldo.

Los improperios –muchos de ellos con una gran carga de machismo, y esto es verdad guste o no guste- han venido sobre todo referidos a la forma en que se ha producido el anuncio de la citada retirada: no era el momento oportuno, ya sea porque coincidió con la visita a España de una delegación serbia, ya sea porque Francia había decidido volver a formar parte de la estructura militar de la OTAN (de un sujeto como Sarkozy no se puede esperar otra cosa). El caso es que en ningún momento se ha tratado el fondo de la cuestión, y cuando se obvia el fondo de una manera tan patente es porque el rechazo de la forma implícitamente alcanza también a aquél.

Y el fondo es que mantener al Ejército en Kosovo legitima una situación ilegal e ilegítima como es la declaración unilateral de independencia del territorio, efectuada por un gobierno mafioso heredero de los terroristas y genocidas del UÇK. Mal que les pese a muchos un gobierno, al igual que un individuo, ha de ser ante todo coherente. Si el gobierno español no acepta la independencia de Kosovo lo coherente es que retire a sus soldados. Y la coherencia es una de las bases de la racionalidad.

Se da por hecho que la guerra de Irak fue ilegal porque la llevó a cabo George W. Bush, que era malo malísimo, pero no la de Kosovo, que la desencadenó Bill Clinton, que era bueno buenísimo aunque un poco golfo. Y en base a esta simplificación se acusa al gobierno español de ser un socio desleal o diplomáticamente torpe. Dejando aparte que no es precisamente una deslealtad pactar con mister Obama –otro bueno buenísimo- la retirada de los Balcanes a cambio de un aumento de tropas en Afganistán –que será la guerra de Obama, como la de Vietnam fue la guerra de Kennedy. Cada Presidente ha tenido su guerra- la guerra de Kosovo fue tan ilegal como la de Irak. Una guerra llevada a cabo sin autorización de la ONU y desencadenada por los EEUU y sus aliados de la OTAN, principalmente Alemania que posee importantes intereses estratégicos en la zona. Una guerra que comenzó con el bombardeo de los civiles de Belgrado, y que puso al mundo al borde la catástrofe cuando, tras la rendición serbia, los carros rusos que esperaban en la frontera entraron en Pristina y se enfrentaron a las fuerzas de la OTAN. La retirada del Ejército de Kosovo era, por tanto, tan necesaria como la retirada de Irak.

El punto fuerte de las argumentaciones, sin embargo, y donde está el meollo del asunto, es que esta retirada puede afectar a las inversiones económicas españolas en EEUU. El argumento sempiterno de un país acomplejado: hay que tener cuidado, que los americanos se pueden enfadar. No es de extrañar, entonces, que los que disfrutan de esas inversiones hayan dado a sus asalariados la orden de lanzar toda clase de diatribas contra la Ministra de Defensa. Que hayan hecho crecer los árboles hasta que han tapado por completo el bosque y que hayan conseguido que se olvide lo fundamental: la violación del Derecho Internacional por parte del gobierno kosovar y de las tropas de la OTAN que lo apoyan. No es una casualidad que el presidente de Kosovo, Fatmir Sejdin, haya pedido la retirada de la ONU, considerando que después de un año de independencia la situación en la zona está estabilizada, pero no la de la OTAN. Y es que en Kosovo todavía hay muchos árboles que talar.

Aborto: veinte años no es nada

Que mil intelectuales (o mil actores) firmen un manifiesto no significa nada porque pueden estar equivocados –si un intelectual se equivoca una vez, mil se equivocan mil veces-. A pesar de todo es posible albergar dudas sobre la intelectualidad de los firmantes de la llamada “Declaración de Madrid”. Un intelectual es aquél que se muestra rebelde ante la realidad en que se encuentra; defender ideas propias del siglo XII no parece una muestra demasiado contundente de rebeldía. Pero sobre todo el intelectual y el científico admiten la posibilidad de que pueden no tener razón, de que pueden estar errados –de hecho, esta es la base de cualquier pensamiento o investigación serios- . Y esto es lo que los “mil intelectuales firmantes”, situados en el dogmatismo religioso, no contemplan ni pueden contemplar. La intelectualidad es una actitud, no una condición otorgada por un carné: no existen carnés de intelectuales.
Si embargo el fondo de la cuestión no está tanto en la postura de estos supuestos intelectuales como en la posición que, una vez más, ha adoptado la Iglesia Católica. Para empezar sigue manteniendo su secular hipocresía. Por un lado, se clama contra el aborto en aras del derecho a la vida del no nacido y por otro se ataca el nacimiento de un niño genéticamente modificado que puede salvar la vida de su hermano enfermo: dos vidas que según la jerarquía católica no tienen derecho a existir. Se condena en África el uso del preservativo, lanzando a la miseria, la destrucción y el SIDA a miles y miles de futuros niños de ese continente, y todo ello para proteger su derecho a vivir. Se mesan los cabellos defendiendo el derecho a nacer de un embrión y guardan un silencio cínico ante el asesinato de cientos de niños palestinos. El bebé que aparece en la campaña antiabortista de la Iglesia –que no es precisamente un embrión, ni siquiera un recién nacido- es blanco, europeo y rollizo. Es de esperar que cuando crezca un poco no sea víctima de los deseos pedófilos de tantos sacerdotes que son protegidos por una Iglesia que no cesa de hablar de los derechos de los niños que aún no han nacido
Por otro lado nos encontramos de nuevo ante el afán nunca disimulado de los católicos de inmiscuirse en la vida de los demás. El catolicismo aún no ha digerido la Ilustración y la consiguiente separación entre la Iglesia y el Estado y sigue empeñada en que los gobiernos legislen según sus creencias, en imponer unas normas morales que son exclusivas suyas a toda la sociedad civil y convertirlas en la base de las leyes del Estado. En suma, sigue empeñada en anular la libertad de los individuos. Y todo mientras denuncia una supuesta persecución –a estas alturas ya no se sabe bien si esto es cinismo o paranoia- de la libertad religiosa en los Estados laicos. La libertad de religión –algo que por otra parte nadie niega, así como la libertad de no tener ninguna religión- es un corolario de otras dos libertades mucho más básicas y fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Cuando la Iglesia Católica siempre ha considerado a los “librepensadores” sus enemigos más acérrimos, que deben ser acallados a cualquier precio, incluida la eliminación física –cuando el propio término “librepensador” es utilizado como un insulto- es fácil ver el respeto que ella profesa hacia el pensamiento libre.

Por último están las bases científicas e intelectuales que sustentan la oposición de la Iglesia al aborto, y que se resumen en una: el embrión es una persona desde el momento de su concepción. Ya Aristóteles dejó dicho que la potencia no es lo mismo que el acto. De la misma forma que un huevo no es una gallina, un embrión no es una persona, aunque pueda llegar a serlo –o no-. Por otra parte la moderna neurobiología aporta pruebas cada vez más concluyentes de que los procesos mentales que constituyen la conciencia personal de la existencia –el alma-, que es lo que define a la persona, son un estadio superior del desarrollo cerebral, tienen una base material y se localizan en diversas zonas del cerebro, de tal manera que un embrión que aún no ha desarrollado éste no puede ser considerado sin más una persona. Es también un axioma central de la racionalidad ética que, a la hora de tomar decisiones de contenido moral, tiene primacía un sistema formado –la madre- sobre un sistema en formación -el embrión-: debe primar siempre la libertad de decisión de la mujer.

En todo caso el debate sobre el aborto hace mucho que está superado. Por otro lado –y precisamente porque soy un “librepensador”- pienso que cada uno es libre de opinar lo que le venga en gana, incluida la Iglesia. Como dijo Harry el Sucio “las opiniones son como el culo, todo el mundo tiene una”.

Los funcionarios y las huelgas

El próximo día veinticinco de marzo ha sido convocada una huelga de funcionarios docentes de Enseñanzas no Universitarias de la Comunidad de Madrid. Como miembro del colectivo llamado a movilizarse considero que este paro está equivocado en el fondo y en la forma. Y ellos por tres razones principales.
La primera -y posiblemente esta sola bastara- es de índole moral. Convocar una huelga sectorial –y más de funcionarios públicos- cuando en el país hay más de cuatro millones de parados, personas que en muchos casos no cobran siquiera el subsidio de desempleo, resulta insolidario e inmoral.

En segundo lugar la huelga se convoca bajo el lema “Por la defensa de la Enseñanza Pública”. Como la enseñanza pública no es una entelequia y cuando se habla de su defensa se hace referencia a un modelo concreto de educación, es necesario analizar ese modelo antes de lanzarse a su heroica salvaguardia. Este modelo consiste en que los alumnos no sólo no saben nada, es que además las administraciones educativas y los supuestos expertos se afanan en que cada vez sepan menos. Consiste en que cada vez se ponen más obstáculos a los profesores para poder enseñar –que se supone que es para lo que les pagan-; en lugar de eso se les ha transformado en burócratas que tienen como objetivo fundamental rellenar papeles, asistir a reuniones sin sentido –robando así tiempo para poder hacer su auténtica labor, que es ilustrar a sus alumnos- y se les ha obligado a asumir el papel de padres, madres, psicólogos, asistentes sociales, confesores e incluso jueces. Un sistema en el que bajo la excusa de la conciliación de la vida familiar y laboral se ha convertido a los centros educativos en guarderías para adolescentes. Un modelo, en suma, indefendible desde cualquier punto de vista, con el que lo mejor que se puede hacer es dejarle que reviente para construir sobre sus cenizas una escuela realmente ilustrada e ilustradora.
En tercer lugar, los problemas de la Comunidad de Madrid son globales, no sectoriales, y tienen nombre y apellido: Esperanza Aguirre. La única lucha planteable es una lucha global contra el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, no paros aislados por sectores que no conducen a nada. Que la Educación haga huelga hoy, la Sanidad mañana y los Bomberos pasado sólo conduce al desgaste político y no ofrece ninguna solución real. Se debería plantear una movilización –política, por supuesto- total que paralice la región durante una semana, o un mes, o el tiempo necesario hasta que el gobierno ceda. A un elefante no se le mata con un tirachinas, a lo sumo se le hacen cosquillas. Lo demás son juegos que sólo sirven para que Esperanza Aguirre se carcajee desde su sillón.
Al hilo de este tema quizás resulte necesario aclarar por qué una huelga de funcionarios es inmoral en la situación actual. Los funcionarios, tal y como están las cosas, son (o somos) unos privilegiados. No se tomen estas palabras como un apoyo a las barbaridades que gusta de decir la presidenta de la Comunidad de Madrid y atiéndase al siguiente ejemplo, ficticio pero bastante ilustrativo.

Supóngase una institución pública donde trabajan todo tipo de funcionarios en los más diversos puestos. Supóngase que uno de esos funcionarios tiene la función, por ejemplo, de cuidar un rebaño de ovejas (pequeñito, no más de veinte animales). Su trabajo es simple: limpiar los establos, darles de comer y de vez en cuando recortarles las pezuñas. Ese funcionario tiene un nivel salarial no demasiado elevado –pongamos por caso C2- lo que aún así supone una cualificación mínima de Bachillerato- y además su plaza lleva asociado un plus por trabajar algunos fines de semana –porque las ovejas no se cuidan solas ni siquiera los fines de semana- de pongamos unos 400 euros al mes. Este señor se está embolsando, con todo, unos mil ochocientos euros limpios mensuales y su puesto de trabajo no corre peligro por muchas crisis que haya. Veamos ahora como cumple su función. Con una jornada laboral de ocho horas posiblemente en cuatro –o menos- podría haber concluido todas sus obligaciones. Ahora bien, si alguien pasara por el establo ficticio vería que la porquería hay que quitarla con una excavadora porque hace meses que no se limpia, que las ovejas tienen las pezuñas como babuchas morunas porque hace, no meses, sino años que se las recortan y, según demuestras los marcajes de la ficha de nuestro funcionario imaginario de los días festivos que tiene que trabajar –por lo que se embolsa, recordemos, cuatrocientos euros- la mitad no va, de tal forma que las ovejas –que no son seres racionales y que no saben en qué consiste racionar el alimento- están al borde de la inanición. Si se le encarga encalar el establo dirá que es trabajo del funcionario pintor y si descargar un camión de paja que del funcionario descargador. Por supuesto se aprovechará del trabajo de sus compañeros y aun así exigirá sus derechos y pondrá el grito en el cielo cada vez que no sean satisfechas sus exigencias. Si se pregunta a sus superiores directos las respuestas serán de lo más variopinto, desde el supuesto desconocimiento del asunto hasta que el hombre no da más de sí –si no da más de sí, no se ve muy bien como ha obtenido el puesto-. En cualquier empresa privada este señor hubiera durado cinco minutos. En la institución pública en la que trabaja se jubilará a los sesenta y cinco años y cobrará su pensión íntegra. Esperanza Aguirre no tiene razón, pero como este caso ficticio hay miles. Como ya dije una vez para hacer huelga uno, primero, tiene que hacer su trabajo y, segundo, hacerlo bien.

Esperanza Aguirre o la esencia de la dictadura

Si quien comete un delito se investiga a sí mismo lo más probable es que en diez minutos decida que es inocente y, de consiguiente, que las acusaciones contra él han sido malévolamente inventadas. Esto lo sabe cualquier póngido descerebrado. No se entiende, entonces, el porqué del crujir de huesos y el rechinar de dientes cuando una comisión de investigación del PP, formada en un parlamento dominado por el PP, en un gobierno del PP decide que las supuestas irregularidades del PP no son tales. En realidad, decide que no es necesario siquiera investigarlas. ¿Acaso alguien esperaba lo contrario?.

Las actuaciones políticas del gobierno regional (y no se olvide lo de “regional”) de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma rebasan todo lo que cualquier ser razonable puede tolerar. Ya no es sólo el continuo insulto a la inteligencia que suponen sus mentiras (para que se insulte a la inteligencia de alguien al menos debe tenerla), es algo mucho más básico: la subversión de toda legalidad y legitimidad democráticas. Hace mucho tiempo que Esperanza Aguirre y Gil de Biedma decidió que en Madrid mandaba ella –la base de todo sistema democrático, recogida en la Constitución, es que el poder reside en el pueblo- y podía hacer por lo tanto lo que le viniera en gana. Así, en Madrid, durante el mandato de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma se han conculcado los fundamentos del Estado de Derecho, se ha destruido todo el tejido social y público, se ha puesto a todos los madrileños al margen de la Ley al desobedecer sistemáticamente las normas emanadas del Parlamento y del Gobierno nacionales, se ha enriquecido a los amigos y defenestrado a los enemigos. Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, en suma, se ha comportado como lo haría cualquier tirano al uso.
La Ciencia Política enseña y la Historia demuestra que ganar unas elecciones no es garantía de democracia. Si un dirigente rompe con la legalidad del Estado –que no es él, mal que les pese a Luis XIV y a Esperanza Aguirre y Gil de Biedma- automáticamente pierde su legitimidad, pues ésta viene otorgada por la legalidad que se está transgrediendo. Y esto es lo que ha hecho el gobierno de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma. Se ha transformado, gracias a su comportamiento político, en un régimen ilegal e ilegítimo que cada vez más se acerca peligrosamente a la esencia de una dictadura, controlando todos los resortes del poder. En la Comunidad de Madrid ya no existe distinción entre los poderes legislativo y ejecutivo, parlamento y gobierno, pues el segundo ha convertido al primero en una marioneta de sus dictados. Y tampoco es posible hablar de una independencia real del poder judicial. Cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido nombrado directamente por Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, cuando los jueces madrileños –ya sea por afinidad, ya por miedo- actúan de consuno con las decisiones políticas de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma y sus voceros (véase un caso tan sintomático como el del ácido bórico) resulta irónico, no sólo hablar de independencia judicial, sino acusar a otros jueces de no ser independientes. En estas circunstancias no es de extrañar su insistencia en que el juez Garzón se inhibiera en la investigación de la trama de corrupción del PP a favor de los tribunales madrileños: sabe de sobra que resultarán inocentes como niños.
El que un gobierno espíe a miembros de su propio partido significa que es capaz de espiar a cualquier ciudadano. Y no sólo de espiarle, porque nadie espía porque sí. Esto nos convierte a todos en sus víctimas potenciales –si no ya actuales-. La impunidad que supone el hecho de que el poder judicial esté preso –por unos u otros motivos- de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma y su gobierno nos deja además indefensos ante sus prácticas totalitarias. Que se lo pregunten si no al doctor Luis Montes al que se le destrozó la vida y ni siquiera una sentencia judicial a su favor –sorprendente, por otro lado- ha servido para que Esperanza y Gil de Biedma y sus compinches de toda laya se la restituyan.
Dijo Marx que la historia siempre se repite dos veces, una como tragedia y otra como comedia. Si Esperanza Aguirre y Gil de Biedma tuviera un bigotito y se llamara Adolfo estaríamos ante la repetición cómica de la historia. Cómica, si, pero no por eso menos preocupante.

Vivir en paz

Uno de los identificadores más reveladores del poder es su afán por acotar de forma progresiva el ámbito de la vida privada, su intento por controlar cada vez más esferas de la existencia de los individuos, reduciendo de forma paulatina el campo donde éstos pueden verse libres de los instrumentos de control. Siempre que exista una mayor o menor interferencia en la vida personal de cada uno podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante una relación de poder, o al menos ante la intención de establecerla. Desde la institución escolar que indaga en las condiciones personales y familiares de los alumnos en aras de una supuesta mejora de las herramientas pedagógicas hasta la pareja que para demostrar su amor llama cada cinco minutos interesándose por la posición física de su media naranja, pasando por los gobiernos que se afanan en controlar la vida de sus ciudadanos escudándose en una protección paternalista de su salud –no fumes, no bebas- o cayendo directamente en una ilegítima intromisión moral –fumar es malo- o pretenden obtener los datos de los usuarios de las tarjetas telefónicas –por ejemplo- no está muy claro si para protegernos de los terroristas o de nosotros mismos. En cualquier caso en todas y cada una de estas situaciones nos hallamos ante relaciones de poder que pretenden un control exhaustivo de la vida de los demás.
Con todo, quizás las instituciones que más destaquen en la intromisión y el dirigismo de la vida privada sean las religiones. Desde que un niño nace en el seno de una familia cristiana, o musulmana o judía, ya se le considera como un niño cristiano o musulmán o judío, antes de que tenga conciencia para darse siquiera cuenta de que es una persona –y mucho menos para decidir libremente qué clase de persona quiere ser- y desde ese momento comienza el control sobre su vida. La religión le dirá lo que tiene que creer, lo que tiene que pensar , lo que tiene que hacer, qué está bien, qué está mal e incluso en qué debe ocupar su tiempo –aunque esto último también lo hacen los gobiernos de cualquier sigo, seamos honestos-. Esto no sería criticable en adultos responsables que libremente deciden adoptar una creencia religiosa, pero estamos hablando de niños a los que se les fuerza desde pequeños a profesar una religión y se les etiqueta con respecto a ésta. Pero ahí no queda la cosa, porque los adultos responsables que libremente han decidido no profesar ninguna religión también están bajo el punto de mira de éstas. Así, o bien se les amenaza con castigos absurdos como ir al Infierno si no se pliegan a la moral que se les pretende imponer o, lo que es aún más grave, se fuerza a los Estados para que sean ellos quienes impongan esa moral a todos los ciudadanos, para que sean las normas religiosas las que regulen la convivencia social, fundándose no se sabe muy bien en qué supuesta universalidad de dichas normas, porque si algo demuestra la Historia de la Cultura es que no hay nada más relativo que la religión.
Aunque lo anterior es aplicable a todas las religiones sin excepción, ha sido la Iglesia Católica la que más lejos ha llegado en esta intromisión en la vida privada de la gente, queriendo extender su control al acto más íntimo del ser humano: su propia muerte. Si de algo podemos estar seguros es de que vamos a morir y si en algo podemos demostrar la libertad que nos configura esencialmente como seres humanos, si hay algo que siempre estará bajo nuestro control y que nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarnos nunca es la decisión radicalmente libre de elegir cómo queremos morir -teniendo claro que esta libertad no puede extenderse, como es lógico, a la causalidad física y biológica que es la única que nos determina- . La Iglesia Católica no tiene ningún derecho a obligar a nadie a prolongar su vida –o más bien su agonía- en condiciones que difícilmente pueden ser catalogadas como tal vida, por la sencilla razón de que la vida de cada uno es de cada uno, no de Dios y mucho menos de su representante en la Tierra. Cada uno decide lo que hace con su vida y esto incluye terminarla cuándo lo considere oportuno. Y un estado no puede aliarse con la Iglesia o sencillamente dejarse manejar por ella porque en ese caso deja de ser un Estado civil y se convierte en un Estado religioso, rompiendo así el pacto social que, por definición, se establece con la sociedad civil y perdiendo de esta forma su legitimidad como Estado. Ni la Iglesia, ni el Estado, ni el vecino de enfrente tienen derecho a decirnos cómo debemos vivir nuestra vida porque la vida de cada cual es única y exclusivamente suya.