viernes, 29 de mayo de 2009

Cinismo y demagogia: los argumentos políticos del PP

El fundamento último de un Estado de Derecho es la separación de poderes. Y la base de la separación de poderes es que cualquiera que comete un delito debe ser juzgado y condenado por aquellos que tienen encomendada esta tarea, los magistrados, independientemente de su profesión o de su cargo. De hecho, el propio Estado está sometido a la ley, de ahí precisamente que sea un Estado de Derecho.
Sirva esta introducción como aclaración somera de por qué la defensa a ultranza que hace el PP y sus voceros de Francisco Camps está corrompiendo la esencia de la Democracia y del Estado de Derecho. Atendiendo al principio de separación de poderes, no son las urnas las que juzgan los delitos que cometen los políticos. Por eso, el hecho de ganar unas elecciones, incluso por mayoría absoluta, no les exime de ser unos delincuentes, más bien lo único que demuestra es la ignorancia y la desinformación de los votantes. Afirmar, como ha hecho el señor Rajoy, que las elecciones europeas demostrarán la inocencia de Camps, de las que saldrá puro como un angelito, otorgar a los votantes un poder que no les corresponde en un sistema democrático, es una torsión, una subversión del mismo que hace mucho siglos que tiene nombre: se llama Demagogia, y Aristóteles la calificó como la corrupción de le Democracia. No son los electores los que tienen que demostrar la inocencia o la culpabilidad de un cargo político. Primero, porque es muy peligroso, y segundo porque no es esa su función. Son los Tribunales, un poder del Estado independiente del Legislativo y del Ejecutivo. En esto consiste –y se supone que el señor Rajoy lo sabe, no tanto Pedro Jota o Federico- la división de poderes y el Estado de Derecho
No es este el único desliz demagógico que han tenido los dirigentes del PP estos últimos días. La señora Esperanza Aguirre (como no, la Gran Demagoga) ha querido poner su granito de arena en la deriva democrática de los populares y no ha tenido pelos en la lengua a la hora de afirmar que las elecciones europeas deben ser una moción de censura contar el Presidente del Gobierno. Otra vez se está otorgado a las urnas un poder del que no están revestidas. El sistema político tiene muy claros cuáles son los mecanismos adecuados para establecer una moción de censura contra el Gobierno, algo que sólo puede hacer el Parlamento, el poder legislativo. Si tantas ganas tiene el PP de censurar al señor Rodríguez Zapatero debería seguir los cauces habituales y presentar la moción en el Congreso, no azuzar demagógicamente a las masas para convencerlas de que su voto en unas elecciones en las que no está en juego la formación de gobierno pueden servir para cambiarlo. A lo sumo esto sería un motín, una algarada, demagogia, en suma, pero no Democracia.
Estos arranques demagógicos se combinan con algo mucho más burdo: la propaganda del PP para las elecciones europeas, que resulta un ejemplo paradigmático de desinformación política. Se da por supuesto que, si el PP gana estas elecciones, se van a solucionar el paro, la crisis y todos los problemas del país. Incluso parece que el candidato es el señor Rajoy, y no el señor Mayor Oreja. Para empezar habría que explicar en qué consisten las elecciones: cómo los diputados elegidos se van a integrar en unos grupos políticos multinacionales en el Parlamento de Estrasburgo, lo que significa que una victoria en España, a nivel europeo, que es de lo que se trata, no supone absolutamente nada. Las elecciones son europeas, así que el PSOE seguirá en el poder gane o pierda, y el paro y la crisis seguirán ahí, gane el PP o no gane. Básicamente porque son problemas internos de España que no se solucionan en el Parlamento Europeo. No decir esto, presentar las elecciones como unas elecciones nacionales en las cuales si gana el PP accederá al poder para propiciar un cambio de gobierno es simplemente engañar a los votantes. Y estos irán a votar al PP bajo estas condiciones sin saber qué es lo que están votando. No es de extrañar que al día siguiente muchos electores se pregunten indignados e ignorantes por qué el señor Rodríguez Zapatero sigue siendo Presidente del Gobierno. Y las moscardas pseudoperiodísticas que revolotean alrededor de la corrupción popular exigirán –igual de indignados pero mucho menos ignorantes- su inmediata dimisión obedeciendo al mandato de las urnas. Bazofia, cinismo y demagogia

viernes, 22 de mayo de 2009

PP: el partido "devora-todo"

En los últimos días el PP ha ofrecido a los ciudadanos dos muestras más de su vocación de servicio a la sociedad y de su compromiso con la comunidad. O más bien habría que decir de su vocación de servicio a su afán de poder y de su compromiso con su cuenta corriente. Estas dos demostraciones recientes de la actitud política, cívica y democrática de este partido se llaman Francisco Camps y Federico Trillo. Y si se vuelve necesario hacer referencia al partido en su conjunto y no a dos casos particulares –como hubiera sido lo lógico- es porque éste, en su obsesión por vender a sus potenciales votantes una unidad que ni por asomo existe en su entramado interno –véase si no la capacidad unificadora que demuestran los casos de espionaje de Madrid o la relación fraternal entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón-, ha cerrado filas en torno a estos dos personajes, defendiéndoles a capa y espada, asumiendo de esta forma sus actos y convirtiéndose por tanto en cómplice de sus fechorías.
Claus Offe define a los partidos políticos modernos como partidos “asume-todo”, en el sentido en que están dispuestos a hacer suya cualquier causa política, aunque sea contraria a su ideología, siempre y cuando pueda reportarles un rédito electoral. El PP ha llevado esta caracterización hasta sus últimas consecuencias y se ha convertido en un partido “devora-todo”, de tal manera que no tiene ningún recato en apropiarse de todo lo que su posición de poder le ponga al alance de la mano, ya sean ideologías políticas, más cota de poder, comisiones de constructores o sobornos de todo aquél que desee alguna prebenda. En el fondo todo acaba en lo mismo: en la defensa de sus propios intereses y de su bolsillo.
Al señor Camps le están juzgando sus amiguetes de Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y aún así no han tenido más remedio que seguir manteniéndolo como imputado por aceptar sobornos de un tal “Bigotes”. Durante más de un mes este sujeto –Camps, no el “Bigotes”- ha estado clamando por su inocencia y exigiendo que se le llamara a declarar para poder contar la verdad y demostrar aquella. Y cuando llega el momento lo único que se le ocurre decir es que aceptó regalos sin ofrecer nada a cambio –nadie regala nada a un político sin esperar nada a cambio, esto es un axioma social, y, en caso de ser así, la propia ética y la decencia del cargo en cuestión le deben obligar a rechazarlo- y que sus trajes los pagó en metálico –debe ser el único español que no utiliza tarjeta de crédito- con el dinero que su mujer le daba de la caja de la farmacia de la que es titular –seguramente en este momento las carcajadas en la sala del Tribunal fueron tales que el juez se vio obligado a desalojarla- y que, mira tú por donde, no tiene las facturas. Y todavía manifiesta estar muy contento con su declaración. Hay que ser un auténtico imbécil o un cínico redomado para estar contento después de haber cavado tu propia tumba (en este caso, política). En Gran Bretaña, por un escándalo parecido, el Presidente de la Cámara de los Comunes ha dimitido, hay unos cuantos diputados encausados y se preparan leyes para controlar el patrimonio de los parlamentarios. Aquí nos tenemos que conformar con aguantar la nívea sonrisa del señor Camps en todos los medios de comunicación.
En el caso del señor Trillo se ha eliminado de un plumazo lo que desde sus orígenes ha constituido la columna vertebral del Ejército: la disciplina y la cadena de mando. Resulta que dos generales han tomado una decisión tan delicada como repatriar unos cadáveres incorrectamente identificados sin consultar siquiera a su jefe directo que es el Ministro de Defensa. Y resulta que el Ministro de Defensa, que es el mando supremo del Ejército después del Rey y del Presidente del Gobierno (que por aquella época era el señor Aznar) no sólo no había dado ningún tipo de orden en un asunto tan grave como la identificación y la repatriación de unos militares muertos en un país extranjero, sino que no se había enterado de nada y por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad. Si a un soldadito se le ocurre actuar a margen de las órdenes de su sargento el “puro” puede ser considerable, tanto para él como para el sargento.
Y mientras tanto los medios de comunicación afines al PP, que son la mayoría, siguen a lo suyo: el 11-M, la crisis y el aborto, cumpliendo escrupulosamente su importante labor de desinformación. Hasta el punto que, a pesar de todo, el PP está en posición de ganar las próximas elecciones. Ciertamente una ciudadanía idiotizada no se merece otra cosa.

viernes, 15 de mayo de 2009

11-M: Federico, pala y pico

Federico y Pedro Jota vuelven de nuevo al contraataque con su tema estrella, que parece que se ha convertido en el leit-motiv de su existencia, en una segunda piel en la que se encuentran mucho más cómodos que en la suya original cubierta de escamas. La situación política y económica es ideal para que la aparición de nuevas dudas y sospechas sobre los atentados del 11 de marzo resulte altamente beneficiosa para sus bastardos intereses. El caso es que estos hechos hace tiempo que quedaron aclarados en los tribunales de justicia y todavía mucho más tiempo –casi cinco minutos después de que estallaran los trenes- que lo estaban en el sentido común.
Desde un punto de vista judicial, ni el nuevo perito ni el nuevo informe que ahora aparecen como por arte de magia (o más bien por arte de quien ha pagado el informe) para intentar demostrar que lo que explotó en los trenes no era lo que se dijo y sí era lo que no se dijo, o se dijo pero no se creyó, son tan nuevos. El famoso perito es miembro de la Asociación de Víctimas del Terrorismo –asociación que se puso descaradamente de parte del Gobierno del PP, de la tesis conspiratoria y de la idea de que los autores del atentado no eran radicales islámicos- y ya actuó como tal en el juicio a petición de la acusación particular –acusación particular a la que el juez tuvo que llamar al orden porque en vez de acusar, como era su deber jurídico y constitucional, parece que defendía a los encausados- presentando el mismo informe, quizás algo menos extenso, eso sí. Un informe que fue rechazado por todos los demás expertos que declararon, que coincidían en que, a lo sumo, resultaba imposible determinar el tipo de explosivo que se había utilizado (entre otras cosas porque el almacenamiento conjunto de distintos tipos de dinamita las había contaminado, de tal forma que determinados compuestos químicos de un tipo podían hallarse presentes en otro) pero de ninguna manera asegurar que no era Goma 2 ECO y sí Tytadine. Sin nuevas pruebas, y no las hay, no se puede reabrir un sumario, como ya están exigiendo Pedro Jota y Federico, que no tardarán en pasar a la siguiente fase, consistente en acusar a los jueces que cumplen la legalidad de intentar ocultar la verdad.
Por lo que hace referencia al sentido común, a ninguna cabeza sana y decente le cabe pensar que ETA y Al Qaeda actuaron juntos (básicamente porque para los terroristas islámicos los terroristas vascos son infieles). Puestos a elucubrar podrían plantearse otras hipótesis conspiratorias. Por ejemplo, que al Gobierno del PP le interesaba un atentado de ETA para asegurar una elecciones que se le estaban escapando de la manos gracias a sus brillantes actuaciones en el caso del Prestige y en la Guerra de Irak. No es la primera vez que el PP gana unas elecciones gracias a los muertos que pone ETA y en el fondo es lógico: electoralmente el terrorismo siempre beneficia a los partidos que prometen más mano dura. Por eso, y conociendo el riesgo de un atentado islamista por los informes del CNI, decidieron ignorarlo. Y por eso cuando estallaron las bombas no perdieron un segundo en acusar a ETA –era algo que esperaban- cuando todos los expertos en terrorismo del mundo, incluidos la CIA y los Servicios Secretos israelíes –que incluso mandaron un equipo a España que es razonable pensar que no vino a investigar a los vascos- estaban de acuerdo en que era obra de terroristas islámicos. Al final les salió el tiro por la culata pero ahí estaban sus perros mediáticos para provocar un golpe de Estado civil. Por supuesto esta es una mera hipótesis que cuenta con las mismas pruebas que la otra: ninguna. Y posiblemente sea una canallada, pero no más que lo que Federico y Pedro Jota dicen y escriben todos los días. En todo caso es más plausible que la existencia de una conspiración secreta entre ETA, el PSOE, los Servicios Secretos marroquíes (a todo esto la Inteligencia Francesa, que conoce de forma automática hasta el vuelo de una mosca si éste se produce en el Norte de África, sin enterarse), el CNI, la Guardia Civil, la Policía y Al Qaeda. Y todo esto no para dar un vuelco al orden mundial, sino tan sólo para conseguir que el PP no ganara las elecciones.
No necesitamos saber la verdad porque ya la sabemos. El Gobierno se dio cuenta de que había cometido un error ignorando los informes del CNI y de que se podía beneficiar electoralmente de los atentados, y mintió para proteger sus intereses. Y lo peor es que hubo y hay gente que, bien por ignorancia supina bien por excesiva buena fe, les creyó y les cree -al PP y a sus mamporreros-. A Federico ya le han condenado por difamar a Alcalde de Madrid faltando a esta misma verdad, con lo cual es de suponer que ahora también pedirá la suspensión de este juicio. El porqué siempre vuelven sobre lo mismo sí sería un tema para una trama conspiratoria.

viernes, 8 de mayo de 2009

Aznar, la crisis y el Eterno Retorno de los mismos

El señor Aznar ha vuelto a regalarnos con una de las perlas a las que nos tiene acostumbrados y, haciendo gala de su saber universal, ha afirmado sin que se le ruborice ni un solo pelo del bigote que la culpa de la crisis no la tiene el mercado, sino el Estado. Para empezar no queda muy claro a qué Estado se refiere, ya que al ser la crisis global el culpable debería ser un Estado global, a no ser que esté hablando del Estado español y entonces, o bien confunde Estado con gobierno, o bien se culpa a sí mismo como parte del Estado. En todo caso hay algunas cosas que convendría aclarar al ex-mandatario y a todos los que, como el presidente de la CEOE, piensan como él.
Esta crisis tiene dos características fundamentales: es una crisis financiera y es una crisis estructural. Estas dos características permiten pensar, por un lado, que volverá a repetirse tarde o temprano, como de forma cíclica ha venido haciéndolo desde principios del siglo XX y, por otro, que sus raíces últimas no están en el Estado, sino en los propios mecanismos de funcionamiento del mercado. Por eso, si no se cambian esos mecanismos, inevitablemente asistiremos al eterno retorno de la crisis. Aclaremos estos conceptos
La crisis es financiera y no industrial porque no se produce por un problema de producción. No existe una acumulación de stocks que hunda el precio de las mercancías ni tampoco se da un desarrollo incontrolado de las fuerzas productivas. La crisis tiene lugar por un cortocircuito en el flujo de capital desde los que poseen el dinero, los bancos, hasta los que lo utilizan para el desarrollo industrial, las empresas, o los que consumen los productos que éstas ofrecen, los ciudadanos. Esta interrupción originaria se retroalimenta de una interrupción en sentido inverso, desde las empresas y los ciudadanos a los bancos, lo que provoca un bucle de difícil salida desde los parámetros del mercado. Se hace necesaria, así, la intervención del Estado.
Por otro lado, y esto es quizás lo más relevante, la crisis es estructural, y no coyuntural. No tiene lugar por un acontecimiento puntual, como puede ser la falta de liquidez de las entidades financieras derivada de los llamados “activos tóxicos”, sino que responde a contradicciones inherentes a la propia estructura del sistema. Actualmente el sistema económico se edifica sobre dos pilares: el consumo y el control de la inflación. Para que funcione hay que mantener el consumo y, a la vez, para que la inflación no se dispare, es necesaria la contención en los salarios. Así, la única manera de que el consumo se mantenga al ritmo que el sistema exige es el crédito, del que por su parte los bancos obtienen cuantiosos beneficios que reinvierten a su vez en la producción. Ahora bien, cuando este crédito aumenta tanto -por las necesidades del consumo- que el salario no puede cubrirlo –por la necesidad de controlar la inflación- entonces el sistema se desploma. Esto, y no otra cosa, es lo que ha ocurrido.
El mantenimiento de este sistema y la crisis subyacente –por inevitable- implican una perversión de la ley de la oferta y la demanda sobre la que teóricamente se sostiene. Ya no es la demanda la que determina la oferta, sino al contrario, la oferta la que produce la demanda. La necesidad de beneficios hace aumentar la oferta, la cual gracias a los instrumentos publicitarios acaba convirtiéndose en necesidad de los ciudadanos, provocando así un aumento de la demanda. De esta forma crece el consumo, el crédito y se prepara la crisis posterior. El problema, por tanto, está en la estructura. Es un problema del mercado y mientras no se produzcan cambios profundos en esa estructura las crisis se repetirán una y otra vez.
Y para terminar, atajar la crítica fácil que se le suele hacer a este tipo de planteamientos. Se dirá que un empresario tiene derecho a obtener el máximo beneficio, ya que al fin y al cabo se está jugando su dinero. Puede que sea cierto, pero en cualquier caso nadie le obliga a convertirse en empresario. Y desde el momento en que elige serlo tiene una función y una responsabilidad social que cumplir, algo que no ocurre con un trabajador quien, cumpliendo también una función social, no puede elegir no trabajar si no quiere morirse de hambre. Nadie obliga a nadie a ser médico, pero el que lo es porque así lo ha elegido asume una función social –curar enfermos- y no se dedica a la medicina sólo para ganar dinero o prestigio. Alguien así sería calificado de mal médico. Permítasenos entonces calificar a los empresarios que exponen este tipo de argumentos de malos empresarios.

viernes, 1 de mayo de 2009

Paro S.A.

Que esta crisis no es culpa del Gobierno –de ningún gobierno, en realidad- el algo ya sabido pero que, a lo que se ve, de vez en cuando conviene repetir. La crisis está producida por la propia estructura del sistema económico, lo cual significa que no es un problema coyuntural, sino estructural y que por lo tanto no se va solucionar con medidas ad hoc, sino con cambios profundos en esa estructura. De la misma forma, siendo este sistema global –no quedan ya espacios no capitalistas, si es que alguna vez los ha habido- la crisis es también global. Al no ser la crisis culpa del Gobierno, el aumento del paro consecuencia suya tampoco puede ser atribuido exclusivamente a él. Durante mucho tiempo se han estado creando en España empleos basura, con una alta temporalidad y sin ningún tipo de protección social, que son los que ahora se están perdiendo. Es por ello por lo que, aunque la crisis afecte a todos los países por igual, el paro se ceba especialmente en el nuestro. Los datos nos muestran que la gran mayoría de los despidos que se producen son por no renovaciones de contratos temporales, mientras que los debidos a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), los que tienen más que ver con la situación económica de las empresas, son tan sólo el cinco por ciento del total. Y no se olvide, para entender estos datos en toda su amplitud, que esta no es una crisis industrial, sino financiera, que no afecta por tanto a la producción sino a la financiación de las empresas.
Si de algo tiene la culpa el Gobierno es de no haber aplicado políticas socialistas para atajar el problema, políticas que tienen que ver más con transformaciones del sistema que con parches oportunistas. Es culpable de no haber hecho nada durante cinco años para estabilizar y fortalecer el mercado laboral. Es culpable de seguir permitiendo que las empresas despidan trabajadores mientras aumentan espectacularmente sus beneficios. Por poner dos ejemplos paradigmáticos, en el último año Inditex despidió a 1300 empleados, mientras obtenía unos beneficios de 1253 millones de euros y El Corte Inglés, con unos beneficios de 747 millones de euros, destruyó 7800 puestos de trabajo. El Gobierno es culpable de aceptar regulaciones de empleo en empresas que a la vista de la situación que declaran deberían presentar suspensión de pagos. Veríamos entonces cuántas estarían dispuestos a aceptar esta situación. En realidad habría que ver cuántos de los que acusan al Gobierno de ser el responsable único del paro estarían dispuestos a aceptar soluciones de este tipo que son –como día tras día está quedando demostrado- las únicas eficaces. En cambio, los empresarios siguen pidiendo una y otra vez el abaratamiento del despido, algo que, visto lo visto, sólo servirá para que se despida todavía a más gente. Este es el sentido de Estado y de la función social que cumplen que tienen los empresarios españoles. Sigue siendo verdad que en España no existen empresarios, sino patronos.
Lo que resulta paradójico es que al Gobierno le interesa que le acusen de la crisis y del aumento del paro. Cualquiera sabe que, hoy por hoy, los gobiernos no son más que marionetas en manos de los grandes intereses económicos –por mucho que se intente demostrar lo contrario invitando a votar cada cuatro años-. Por ello, mientras se acusa al Gobierno, no salen a la luz las verdaderas causas y los verdaderos culpables, y aquél ve salvaguardados sus intereses y puede seguir regalando dinero a banqueros y empresarios y recortando avances sociales, bajo el pretexto de que son medidas necesarias para paliar la crisis de la que es responsable. Asimismo, los que acusan al gobierno son perfectamente conscientes de quiénes son los verdaderos responsables de lo que está pasando y, aparte de obtener réditos electorales –que se traducen en cotas de poder- simplemente están tratando de desviar la atención. Al final el Gobierno y los que le acusan viajan en el mismo barco, y es sólo la masa ignorante e ingenua la que se cree a pies juntillas las críticas de la oposición, haciendo con ello cada vez más profunda su propia tumba.
Y es que a poco que se aplique el sentido común el responsable último del aumento del paro es el que despide a un trabajador, porque económica y social y políticamene le sale barato. Si no, no se entiende porqué todo el mundo reclama ayudas a las empresas aduciendo que son ellas las que crean empleo. Si cuando se crea empleo es gracias al trabajo, el esfuerzo y el compromiso de los empresarios, entonces cuando se destruye los únicos culpables son los mismos empresarios.