viernes, 27 de marzo de 2009

Aborto: veinte años no es nada

Que mil intelectuales (o mil actores) firmen un manifiesto no significa nada porque pueden estar equivocados –si un intelectual se equivoca una vez, mil se equivocan mil veces-. A pesar de todo es posible albergar dudas sobre la intelectualidad de los firmantes de la llamada “Declaración de Madrid”. Un intelectual es aquél que se muestra rebelde ante la realidad en que se encuentra; defender ideas propias del siglo XII no parece una muestra demasiado contundente de rebeldía. Pero sobre todo el intelectual y el científico admiten la posibilidad de que pueden no tener razón, de que pueden estar errados –de hecho, esta es la base de cualquier pensamiento o investigación serios- . Y esto es lo que los “mil intelectuales firmantes”, situados en el dogmatismo religioso, no contemplan ni pueden contemplar. La intelectualidad es una actitud, no una condición otorgada por un carné: no existen carnés de intelectuales.
Si embargo el fondo de la cuestión no está tanto en la postura de estos supuestos intelectuales como en la posición que, una vez más, ha adoptado la Iglesia Católica. Para empezar sigue manteniendo su secular hipocresía. Por un lado, se clama contra el aborto en aras del derecho a la vida del no nacido y por otro se ataca el nacimiento de un niño genéticamente modificado que puede salvar la vida de su hermano enfermo: dos vidas que según la jerarquía católica no tienen derecho a existir. Se condena en África el uso del preservativo, lanzando a la miseria, la destrucción y el SIDA a miles y miles de futuros niños de ese continente, y todo ello para proteger su derecho a vivir. Se mesan los cabellos defendiendo el derecho a nacer de un embrión y guardan un silencio cínico ante el asesinato de cientos de niños palestinos. El bebé que aparece en la campaña antiabortista de la Iglesia –que no es precisamente un embrión, ni siquiera un recién nacido- es blanco, europeo y rollizo. Es de esperar que cuando crezca un poco no sea víctima de los deseos pedófilos de tantos sacerdotes que son protegidos por una Iglesia que no cesa de hablar de los derechos de los niños que aún no han nacido
Por otro lado nos encontramos de nuevo ante el afán nunca disimulado de los católicos de inmiscuirse en la vida de los demás. El catolicismo aún no ha digerido la Ilustración y la consiguiente separación entre la Iglesia y el Estado y sigue empeñada en que los gobiernos legislen según sus creencias, en imponer unas normas morales que son exclusivas suyas a toda la sociedad civil y convertirlas en la base de las leyes del Estado. En suma, sigue empeñada en anular la libertad de los individuos. Y todo mientras denuncia una supuesta persecución –a estas alturas ya no se sabe bien si esto es cinismo o paranoia- de la libertad religiosa en los Estados laicos. La libertad de religión –algo que por otra parte nadie niega, así como la libertad de no tener ninguna religión- es un corolario de otras dos libertades mucho más básicas y fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Cuando la Iglesia Católica siempre ha considerado a los “librepensadores” sus enemigos más acérrimos, que deben ser acallados a cualquier precio, incluida la eliminación física –cuando el propio término “librepensador” es utilizado como un insulto- es fácil ver el respeto que ella profesa hacia el pensamiento libre.
Por último están las bases científicas e intelectuales que sustentan la oposición de la Iglesia al aborto, y que se resumen en una: el embrión es una persona desde el momento de su concepción. Ya Aristóteles dejó dicho que la potencia no es lo mismo que el acto. De la misma forma que un huevo no es una gallina, un embrión no es una persona, aunque pueda llegar a serlo –o no-. Por otra parte la moderna neurobiología aporta pruebas cada vez más concluyentes de que los procesos mentales que constituyen la conciencia personal de la existencia –el alma-, que es lo que define a la persona, son un estadio superior del desarrollo cerebral, tienen una base material y se localizan en diversas zonas del cerebro, de tal manera que un embrión que aún no ha desarrollado éste no puede ser considerado sin más una persona. Es también un axioma central de la racionalidad ética que, a la hora de tomar decisiones de contenido moral, tiene primacía un sistema formado –la madre- sobre un sistema en formación -el embrión-: debe primar siempre la libertad de decisión de la mujer.
En todo caso el debate sobre el aborto hace mucho que está superado. Por otro lado –y precisamente porque soy un “librepensador”- pienso que cada uno es libre de opinar lo que le venga en gana, incluida la Iglesia. Como dijo Harry el Sucio “las opiniones son como el culo, todo el mundo tiene una”.

viernes, 20 de marzo de 2009

Los funcionarios y las huelgas

El próximo día veinticinco de marzo ha sido convocada una huelga de funcionarios docentes de Enseñanzas no Universitarias de la Comunidad de Madrid. Como miembro del colectivo llamado a movilizarse considero que este paro está equivocado en el fondo y en la forma. Y ellos por tres razones principales.
La primera -y posiblemente esta sola bastara- es de índole moral. Convocar una huelga sectorial –y más de funcionarios públicos- cuando en el país hay más de cuatro millones de parados, personas que en muchos casos no cobran siquiera el subsidio de desempleo, resulta insolidario e inmoral.
En segundo lugar la huelga se convoca bajo el lema “Por la defensa de la Enseñanza Pública”. Como la enseñanza pública no es una entelequia y cuando se habla de su defensa se hace referencia a un modelo concreto de educación, es necesario analizar ese modelo antes de lanzarse a su heroica salvaguardia. Este modelo consiste en que los alumnos no sólo no saben nada, es que además las administraciones educativas y los supuestos expertos se afanan en que cada vez sepan menos. Consiste en que cada vez se ponen más obstáculos a los profesores para poder enseñar –que se supone que es para lo que les pagan-; en lugar de eso se les ha transformado en burócratas que tienen como objetivo fundamental rellenar papeles, asistir a reuniones sin sentido –robando así tiempo para poder hacer su auténtica labor, que es ilustrar a sus alumnos- y se les ha obligado a asumir el papel de padres, madres, psicólogos, asistentes sociales, confesores e incluso jueces. Un sistema en el que bajo la excusa de la conciliación de la vida familiar y laboral se ha convertido a los centros educativos en guarderías para adolescentes. Un modelo, en suma, indefendible desde cualquier punto de vista, con el que lo mejor que se puede hacer es dejarle que reviente para construir sobre sus cenizas una escuela realmente ilustrada e ilustradora.
En tercer lugar, los problemas de la Comunidad de Madrid son globales, no sectoriales, y tienen nombre y apellido: Esperanza Aguirre. La única lucha planteable es una lucha global contra el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, no paros aislados por sectores que no conducen a nada. Que la Educación haga huelga hoy, la Sanidad mañana y los Bomberos pasado sólo conduce al desgaste político y no ofrece ninguna solución real. Se debería plantear una movilización –política, por supuesto- total que paralice la región durante una semana, o un mes, o el tiempo necesario hasta que el gobierno ceda. A un elefante no se le mata con un tirachinas, a lo sumo se le hacen cosquillas. Lo demás son juegos que sólo sirven para que Esperanza Aguirre se carcajee desde su sillón.
Al hilo de este tema quizás resulte necesario aclarar por qué una huelga de funcionarios es inmoral en la situación actual. Los funcionarios, tal y como están las cosas, son (o somos) unos privilegiados. No se tomen estas palabras como un apoyo a las barbaridades que gusta de decir la presidenta de la Comunidad de Madrid y atiéndase al siguiente ejemplo, ficticio pero bastante ilustrativo.
Supóngase una institución pública donde trabajan todo tipo de funcionarios en los más diversos puestos. Supóngase que uno de esos funcionarios tiene la función, por ejemplo, de cuidar un rebaño de ovejas (pequeñito, no más de veinte animales). Su trabajo es simple: limpiar los establos, darles de comer y de vez en cuando recortarles las pezuñas. Ese funcionario tiene un nivel salarial no demasiado elevado –pongamos por caso C2- lo que aún así supone una cualificación mínima de Bachillerato- y además su plaza lleva asociado un plus por trabajar algunos fines de semana –porque las ovejas no se cuidan solas ni siquiera los fines de semana- de pongamos unos 400 euros al mes. Este señor se está embolsando, con todo, unos mil ochocientos euros limpios mensuales y su puesto de trabajo no corre peligro por muchas crisis que haya. Veamos ahora como cumple su función. Con una jornada laboral de ocho horas posiblemente en cuatro –o menos- podría haber concluido todas sus obligaciones. Ahora bien, si alguien pasara por el establo ficticio vería que la porquería hay que quitarla con una excavadora porque hace meses que no se limpia, que las ovejas tienen las pezuñas como babuchas morunas porque hace, no meses, sino años que se las recortan y, según demuestras los marcajes de la ficha de nuestro funcionario imaginario de los días festivos que tiene que trabajar –por lo que se embolsa, recordemos, cuatrocientos euros- la mitad no va, de tal forma que las ovejas –que no son seres racionales y que no saben en qué consiste racionar el alimento- están al borde de la inanición. Si se le encarga encalar el establo dirá que es trabajo del funcionario pintor y si descargar un camión de paja que del funcionario descargador. Por supuesto se aprovechará del trabajo de sus compañeros y aun así exigirá sus derechos y pondrá el grito en el cielo cada vez que no sean satisfechas sus exigencias. Si se pregunta a sus superiores directos las respuestas serán de lo más variopinto, desde el supuesto desconocimiento del asunto hasta que el hombre no da más de sí –si no da más de sí, no se ve muy bien como ha obtenido el puesto-. En cualquier empresa privada este señor hubiera durado cinco minutos. En la institución pública en la que trabaja se jubilará a los sesenta y cinco años y cobrará su pensión íntegra. Esperanza Aguirre no tiene razón, pero como este caso ficticio hay miles. Como ya dije una vez para hacer huelga uno, primero, tiene que hacer su trabajo y, segundo, hacerlo bien.

viernes, 13 de marzo de 2009

Esperanza Aguirre o la esencia de la dictadura

Si quien comete un delito se investiga a sí mismo lo más probable es que en diez minutos decida que es inocente y, de consiguiente, que las acusaciones contra él han sido malévolamente inventadas. Esto lo sabe cualquier póngido descerebrado. No se entiende, entonces, el porqué del crujir de huesos y el rechinar de dientes cuando una comisión de investigación del PP, formada en un parlamento dominado por el PP, en un gobierno del PP decide que las supuestas irregularidades del PP no son tales. En realidad, decide que no es necesario siquiera investigarlas. ¿Acaso alguien esperaba lo contrario?.
Las actuaciones políticas del gobierno regional (y no se olvide lo de “regional”) de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma rebasan todo lo que cualquier ser razonable puede tolerar. Ya no es sólo el continuo insulto a la inteligencia que suponen sus mentiras (para que se insulte a la inteligencia de alguien al menos debe tenerla), es algo mucho más básico: la subversión de toda legalidad y legitimidad democráticas. Hace mucho tiempo que Esperanza Aguirre y Gil de Biedma decidió que en Madrid mandaba ella –la base de todo sistema democrático, recogida en la Constitución, es que el poder reside en el pueblo- y podía hacer por lo tanto lo que le viniera en gana. Así, en Madrid, durante el mandato de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma se han conculcado los fundamentos del Estado de Derecho, se ha destruido todo el tejido social y público, se ha puesto a todos los madrileños al margen de la Ley al desobedecer sistemáticamente las normas emanadas del Parlamento y del Gobierno nacionales, se ha enriquecido a los amigos y defenestrado a los enemigos. Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, en suma, se ha comportado como lo haría cualquier tirano al uso.
La Ciencia Política enseña y la Historia demuestra que ganar unas elecciones no es garantía de democracia. Si un dirigente rompe con la legalidad del Estado –que no es él, mal que les pese a Luis XIV y a Esperanza Aguirre y Gil de Biedma- automáticamente pierde su legitimidad, pues ésta viene otorgada por la legalidad que se está transgrediendo. Y esto es lo que ha hecho el gobierno de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma. Se ha transformado, gracias a su comportamiento político, en un régimen ilegal e ilegítimo que cada vez más se acerca peligrosamente a la esencia de una dictadura, controlando todos los resortes del poder. En la Comunidad de Madrid ya no existe distinción entre los poderes legislativo y ejecutivo, parlamento y gobierno, pues el segundo ha convertido al primero en una marioneta de sus dictados. Y tampoco es posible hablar de una independencia real del poder judicial. Cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido nombrado directamente por Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, cuando los jueces madrileños –ya sea por afinidad, ya por miedo- actúan de consuno con las decisiones políticas de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma y sus voceros (véase un caso tan sintomático como el del ácido bórico) resulta irónico, no sólo hablar de independencia judicial, sino acusar a otros jueces de no ser independientes. En estas circunstancias no es de extrañar su insistencia en que el juez Garzón se inhibiera en la investigación de la trama de corrupción del PP a favor de los tribunales madrileños: sabe de sobra que resultarán inocentes como niños.
El que un gobierno espíe a miembros de su propio partido significa que es capaz de espiar a cualquier ciudadano. Y no sólo de espiarle, porque nadie espía porque sí. Esto nos convierte a todos en sus víctimas potenciales –si no ya actuales-. La impunidad que supone el hecho de que el poder judicial esté preso –por unos u otros motivos- de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma y su gobierno nos deja además indefensos ante sus prácticas totalitarias. Que se lo pregunten si no al doctor Luis Montes al que se le destrozó la vida y ni siquiera una sentencia judicial a su favor –sorprendente, por otro lado- ha servido para que Esperanza y Gil de Biedma y sus compinches de toda laya se la restituyan.
Dijo Marx que la historia siempre se repite dos veces, una como tragedia y otra como comedia. Si Esperanza Aguirre y Gil de Biedma tuviera un bigotito y se llamara Adolfo estaríamos ante la repetición cómica de la historia. Cómica, si, pero no por eso menos preocupante.

viernes, 6 de marzo de 2009

Vivir en paz

Uno de los identificadores más reveladores del poder es su afán por acotar de forma progresiva el ámbito de la vida privada, su intento por controlar cada vez más esferas de la existencia de los individuos, reduciendo de forma paulatina el campo donde éstos pueden verse libres de los instrumentos de control. Siempre que exista una mayor o menor interferencia en la vida personal de cada uno podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante una relación de poder, o al menos ante la intención de establecerla. Desde la institución escolar que indaga en las condiciones personales y familiares de los alumnos en aras de una supuesta mejora de las herramientas pedagógicas hasta la pareja que para demostrar su amor llama cada cinco minutos interesándose por la posición física de su media naranja, pasando por los gobiernos que se afanan en controlar la vida de sus ciudadanos escudándose en una protección paternalista de su salud –no fumes, no bebas- o cayendo directamente en una ilegítima intromisión moral –fumar es malo- o pretenden obtener los datos de los usuarios de las tarjetas telefónicas –por ejemplo- no está muy claro si para protegernos de los terroristas o de nosotros mismos. En cualquier caso en todas y cada una de estas situaciones nos hallamos ante relaciones de poder que pretenden un control exhaustivo de la vida de los demás.
Con todo, quizás las instituciones que más destaquen en la intromisión y el dirigismo de la vida privada sean las religiones. Desde que un niño nace en el seno de una familia cristiana, o musulmana o judía, ya se le considera como un niño cristiano o musulmán o judío, antes de que tenga conciencia para darse siquiera cuenta de que es una persona –y mucho menos para decidir libremente qué clase de persona quiere ser- y desde ese momento comienza el control sobre su vida. La religión le dirá lo que tiene que creer, lo que tiene que pensar , lo que tiene que hacer, qué está bien, qué está mal e incluso en qué debe ocupar su tiempo –aunque esto último también lo hacen los gobiernos de cualquier sigo, seamos honestos-. Esto no sería criticable en adultos responsables que libremente deciden adoptar una creencia religiosa, pero estamos hablando de niños a los que se les fuerza desde pequeños a profesar una religión y se les etiqueta con respecto a ésta. Pero ahí no queda la cosa, porque los adultos responsables que libremente han decidido no profesar ninguna religión también están bajo el punto de mira de éstas. Así, o bien se les amenaza con castigos absurdos como ir al Infierno si no se pliegan a la moral que se les pretende imponer o, lo que es aún más grave, se fuerza a los Estados para que sean ellos quienes impongan esa moral a todos los ciudadanos, para que sean las normas religiosas las que regulen la convivencia social, fundándose no se sabe muy bien en qué supuesta universalidad de dichas normas, porque si algo demuestra la Historia de la Cultura es que no hay nada más relativo que la religión.
Aunque lo anterior es aplicable a todas las religiones sin excepción, ha sido la Iglesia Católica la que más lejos ha llegado en esta intromisión en la vida privada de la gente, queriendo extender su control al acto más íntimo del ser humano: su propia muerte. Si de algo podemos estar seguros es de que vamos a morir y si en algo podemos demostrar la libertad que nos configura esencialmente como seres humanos, si hay algo que siempre estará bajo nuestro control y que nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarnos nunca es la decisión radicalmente libre de elegir cómo queremos morir -teniendo claro que esta libertad no puede extenderse, como es lógico, a la causalidad física y biológica que es la única que nos determina- . La Iglesia Católica no tiene ningún derecho a obligar a nadie a prolongar su vida –o más bien su agonía- en condiciones que difícilmente pueden ser catalogadas como tal vida, por la sencilla razón de que la vida de cada uno es de cada uno, no de Dios y mucho menos de su representante en la Tierra. Cada uno decide lo que hace con su vida y esto incluye terminarla cuándo lo considere oportuno. Y un estado no puede aliarse con la Iglesia o sencillamente dejarse manejar por ella porque en ese caso deja de ser un Estado civil y se convierte en un Estado religioso, rompiendo así el pacto social que, por definición, se establece con la sociedad civil y perdiendo de esta forma su legitimidad como Estado. Ni la Iglesia, ni el Estado, ni el vecino de enfrente tienen derecho a decirnos cómo debemos vivir nuestra vida porque la vida de cada cual es única y exclusivamente suya.