viernes, 24 de diciembre de 2010

Cultura y propiedad

 En todo este asunto de la tan traída y llevada “propiedad intelectual” hay dos cosas que me chirrían, que no acaban de encajar dentro de mis estructuras conceptuales. La primera es el concepto mismo de “propiedad”. Entiendo que cuando se hace referencia a la “propiedad intelectual” no se está aludiendo a la autoría de una obra. Cervantes es el autor del Quijote y Beethoven de la Heroica, aunque jamás cobraran ni un euro en concepto de derechos de autor. Robar la autoría de una obra tiene un nombre: se llama plagio, y existen mecanismos legales que lo persiguen y lo castigan. Así, que en este contexto, el término “propiedad” sólo puede entenderse desde una organización social capitalista. Es decir, como aquella propiedad que genera beneficios y capital: propiedad privada. En este sentido, el supuesto robo de la propiedad intelectual no lo sería del trabajo de un autor, de su obra –no sería un plagio- sino sólo de los beneficios que genera, beneficios que no redundan en beneficio de la sociedad, cosa que sólo haría –en su caso- la obra que, como ha quedado demostrado, no es robada en ningún caso. Entiéndase bien: en un orden capitalista cada uno se gana la vida como mejor le parece –de ahí que la ley que supuestamente defiende la propiedad intelectual se encuadre dentro una ley de Economía Sostenible, y algún día comentaré como la Economía Sostenible no es nada progresista, sino más bien una necesidad del capitalismo-. Que no se diga, entonces, que defender un beneficio económico es defender la Cultura.
 Y aquí entro en el segundo concepto que no me acaba de encajar: la idea de “cultura” que se está manejando. En primer lugar, y como lo más evidente, sería muy discutible que ciertos discos que se editan, ciertos libros que se publican o ciertas películas que se proyectan pudieran ser calificadas como Cultura en ninguna de las acepciones del término. En segundo lugar, yo les recomendaría a nuestros “creadores” que fueran un poquito más modestos y no se crean la personificación de la Cultura. Les puedo asegurar que ésta no se va a ver afectada porque dejen de escribir o de tocar la guitarra. En el fondo, todo está inventado ya. En tercer lugar, y fundamentalmente, la Cultura, para que sea tal, tiene que permeabilizar toda la sociedad, tiene que llegar a todos los ciudadanos para cumplir su función definitoria de dignificación y desarrollo humanos. Mucho me temo que esto es lo que pasaba por la cabeza de Kant cuando escribió la Crítica de la Razón Pura o por la de Goya cuando pintó Los fusilamientos de la Montaña de Príncipe Pío, y no el hecho de obtener un beneficio económico. Si se le pone precio a la Cultura se está cercenado esta posibilidad de universalización, se la está “desculturizando”. Sería interesante que nuestros autores, que son tan “cultos”, releyeran a Tomás de Aquino, que en el siglo XIII comprendió que la Cultura, para que fuera tal, tenía que salir de los claustros de los conventos y llegar a las Universidades –de “Universal”-. Resulta curioso como todos los que hablan de la “propiedad intelectual” como defensa de la “cultura” no se han pronunciado al respecto de la anunciada privatización del ISBN, lo que sin duda aumentará el precio de los libros y hará que la Cultura llegue a menos gente pero, eso sí, engordará sus bolsillos. En este sentido hace mucho más por la Cultura una editorial virtual que permite descargar gratuitamente –que las hay- una obra que todos los defensores de la “propiedad intelectual” juntos. Con respecto a los herederos que no son capaces de juntar dos palabras seguidas pero viven a lo grande gracias al talento de sus bisabuelos o a los artistas que se consideran atracados mientras disfrutan de sus mansiones en Miami para no pagar impuestos, mejor no hablar.
 En suma, que todo esto no es más que una protesta gremial -apoyada por una Ministra de “cultura” que pertenece al gremio y por un Gobierno que tiene que devolver favores- para defender sus garbanzos. Están en su perfecto derecho de hacerlo, pero, por favor, que no engañen a nadie hablando de Cultura.

martes, 14 de diciembre de 2010

Democracia e información

 La base de la democracia es la existencia de una ciudadanía informada. Este es un axioma político que en este sistema secuestrado por los mercados y los intereses económicos no sólo se olvida, sino que incluso se intenta tergiversar. La idea que se lanza es que cuanto más desinformados estén los individuos más democrático es el sistema, y, de hecho, cualquier intento por proporcionar esa información es considerado un ataque contra la democracia, democracia que se identifica con los estamentos de poder político y económico. Se subvierten así sus mismas bases y se cae de lleno en un sistema totalitario que difícilmente puede revestirse de una máscara democrática.
 Como se imaginarán esta farragosa introducción viene a cuento de los documentos “secretos” del Departamento de Estado de los Estados Unidos revelados por Wikileaks y del destino, no por esperado menos indignante, de su creador.
 Los norteamericanos tienen muchas virtudes, pero también algún defecto. Quizás el más acusado sea creer que sus pautas morales deben ser compartidas por toda la humanidad. Resulta sintomático que el supuesto delito por el que finalmente se ha encarcelado a Julian Assange haya sido de carácter sexual. Quizás el puritanismo de origen de la sociedad estadounidense no le permita verlo –yo, sinceramente, confío en que sí- pero que todo esto es un montaje es algo que podría ver el más ciego de los ciegos. No voy a entrar en detalles porque sería algo así como tener que justificar que el cielo es azul.
  Internet es la más poderosa herramienta de comunicación jamás inventada. Y desde que se inventó, tanto los poderes políticos, por medio de la censura directa, como los económicos, a través del control de los servidores, han intentado neutralizar sus efectos. No hay más que ver como los medios de comunicación que han tenido acceso a los famosos documentos los están publicando con cuentagotas y en una sutil manipulación o, como expreso el diario El País, de forma responsable. El caso es impedir, de una manera o de otra, que los ciudadanos accedan directa y libremente al sitio de Wikileaks y decidan por sí mismos qué es relevante y qué no. Y el caso es que lo que aparece en esos documentos no debería de resultar extraño para cualquiera que tenga ojos en la cara. Si dejamos aparte la morralla de los cotilleos acerca de la salud mental de la Presidenta de Argentina o la operación de nariz del Presidente boliviano, todo lo que aparece en ellos era algo sabido, o al menos sospechado: que los Estados Unidos pagaron por trasladar a los presos de Guantánamo, que en la defenestración del juez Garzón intervinieron poderes que no eran los de la Falange o Manos Limpias, que el fiscal general del Estado no decidió por su cuenta no procesar a los asesinos de José Couso o que España apoya a Marruecos en el conflicto saharaui. Lo que resulta relevante es que todos los gobiernos y algunos periodistas hayan coincidido en que sacar a la luz estos documentos supone un peligro, no sólo para la seguridad de los Estados, sino para la labor de la diplomacia internacional. Eso supone admitir que el sistema global se fundamenta en la mentira, el engaño y la extorsión, cuando no en algo más grave como el asesinato. Algo que, por otra parte, ya sabíamos.
 Y con esto vuelvo al principio. Cualquier intento de acallar, controlar o desvirtuar un flujo de información es un ataque directo contra los fundamentos de la democracia. Pero ya se sabe que la información, el conocimiento, es poder, y cuantos menos la tengan mejor.

lunes, 13 de diciembre de 2010

Privilegiados

 Que el lenguaje configura la realidad es una idea tan antigua como la Filosofía. Las perversiones del lenguaje, entonces, suponen una perversión de la realidad. En los estamentos de poder esto es algo que se tiene muy en cuenta y Orwell ya lo dejó ver cuando introdujo en su obra 1984 el concepto de “neolengua”. Hoy en día estamos asistiendo, de nuevo y una vez más, a la subversión de la semántica de un término, cuando ya se han subvertido otros como “libertad” y “democracia”. La palabra “privilegio” siempre se ha asociado con el estatus social de una clase dominante que vivía a costa de todos aquellos que no poseían sus privilegios (ya fueran de sangre o de fortuna) y que se veía obligada a ganarse su pan –y el de los privilegiados- con el sudor de su frente. Estos privilegios normalmente tenían un origen divino –el gobernante lo era por la gracia de Dios- hasta que a partir del desarrollo del capitalismo pasaron a asociarse a la capacidad de un individuo para generar capital en su propio beneficio –la hoy llamada “iniciativa emprendedora”-. Lo que está ocurriendo actualmente es que se está tendiendo –y no por casualidad- a confundir el término “privilegio” con el término “derecho”. Así, los derechos laborales conseguidos a costa de tanto esfuerzo y tanta sangre son considerados -por parte incluso de gobiernos supuestamente socialistas, que deberían saber, si es que realmente lo son, la diferencia entre ambos términos- como privilegios. Derechos que incluso figuran en la Constitución como tales, como el derecho a un trabajo estable, a una vivienda digna o a un salario que cubra las necesidades básicas, son considerados privilegios por el gobierno del PSOE, que no duda en utilizar todas las herramientas a su alance para neutralizarlos.
 Aun así, en España se pueden encontrar varias castas privilegiadas que, curiosamente, no coinciden con los parámetros que usa el Gobierno. Para empezar, y por definición, los primeros privilegiados que existen en nuestro país son el Rey y toda su familia -insisto, por definición un Rey tiene privilegios por el hecho de ser Rey y éstos son los que le permiten serlo-. Después tenemos a los cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes de toda laya que viven –estupendamente- a costa del dinero que este Gobierno tan empeñado en eliminar los privilegios tiene a bien regalarles. Qué decir, siguiendo con nuestra enumeración de las casta privilegiadas, de los políticos, individuos e individuas sin ninguna preparación cuyo único mérito ha sido saber medrar, que no han trabajado en su vida y que se lo llevan muerto –hasta que ellos mismos se mueran- sólo porque el jefecillo de turno les ha hecho el favor de incluirles en una lista cerrada que la población se ve obligada a votar. Y en cuanto a su supuesta vocación de servicio a la sociedad, el ejemplo más reciente lo tenemos en el señor Montilla, que en cuanto ve que se aleja del poder, y de los privilegios que supone, dimite de todos sus cargos, incluido el de Diputado que, uno piensa, es un mandato popular. Privilegiados son los empresarios y los banqueros que, cuando las cosas van un poco mal, exigen al Estado que sufrague sus bonus y sus jubilaciones millonarias a costa del dinero de todos los que tienen el “privilegio” de trabajar. Privilegiados, en fin, son todos aquellos –pseudo periodistas, famosetes y caraduras en general- que viven del cuento y de su cara bonita y, eso si, son los primeros en acusar de privilegiados a los que se parten la espalda para pagar una hipoteca. Así que si el señor Rubalcaba quiere de vedad acabar con los privilegios, ya tiene por donde empezar.

viernes, 10 de diciembre de 2010

El fascismo del PSOE (y 2)

 Si hay algo que el Gobierno del PSOE (que no socialista) ha planeado bien y le ha resultado mejor ha sido todo este asunto del Estado de Alarma a raíz de la protesta de los controladores aéreos. Todos los pasos han sido milimétricamente estudiados. Aprobó el Decreto que regulaba sus funciones en el momento oportuno, conociendo más que de sobra cómo reaccionarían los afectados y las consecuencias que esto traería. Y estoy casi seguro que la orden para pasar al Estado de Alarma estaba firmada antes de que se aprobara dicho Decreto (ahí están las palabras de la Ministra de Defensa: “se han puesto las condiciones para que el caos no vuelva a repetirse”): los controladores aéreos cayeron en la trampa como conejitos. En realidad lo que buscaba el Gobierno no tenía nada que ver con ellos. El objetivo oculto de todo este follón no es otro que mostrar a la población que en cualquier momento, ante cualquier protesta social de cualquier colectivo que ellos consideren privilegiado (y no olvidemos que no hace mucho Leire Pajín nos recordó que cualquiera que conservara su puesto de trabajo era un privilegiado) el Ejecutivo puede ponerla bajo mando militar.
 Existen dos indicios claros de lo anterior. El primero es que ningún controlador ha sido despedido, cuando la reacción más lógica, democrática y ajustada a Derecho hubiera sido despedir a todos aquellos que abandonaron su puesto de trabajo, en vez de declarar un Estado de Alarma cuando no existía ninguna razón objetiva para ello. Esto nos lleva al segundo indicio. Nada justificaba la declaración de dicho Estado de Alarma en el conflicto de los controladores. El espacio aéreo se cierra total o parcialmente cada vez que el Rey, el Papa o algún dignatario nacional o extranjero sobrevuela nuestro territorio, lo que provoca retrasos y cancelaciones de vuelos. En el año 2004, en medio de un ataque contra la población civil y con 193 muertos de por medio no se decretó la alarma. No conocemos –y este plural no es mayestático- los criterios que ha seguido el Gobierno para ordenar la alarma, lo que me lleva a pensar que la única razón era demostrar que puede hacerlo cuando le venga en gana si con ello puede desactivar una protesta social.
 El Gobierno ha tomado una medida demagógica y populista que tenía como meta –entre otras cosas como se ha podido ver- desviar la atención. Los controladores aéreos no son mis enemigos de clase ni los de la clase trabajadora –lo diga quien lo diga- sino el FMI, el BCE, los banqueros, los empresarios y la UE. Mi problema como trabajador no es que los controladores cobren mucho o tengan más derechos –no privilegios- que yo, sino que yo cobro muy poco y cada vez se recortan más mis derechos. A todo esto los partidos supuestamente de izquierda no dicen esta boca es mía – no es conveniente enfrentarse a las masas- mientras que la derecha aplaude la medida y se frota las manos –Mariano Rajoy dijo el otro día que apoyaba al Gobierno en este asunto, pero le recordaba que su solución había sentado un precedente-. Dentro de unos meses, cuando gobierne el PP y decida militarizar una fábrica que se declare en huelga toda la izquierda (autoproclamada) tendrá que cerrar el pico, porque han sido ellos los que han dado el pie forzado. Eso, si no pasa algo más gordo. Porque en 1934 el Gobierno mandó al Ejército a sofocar las revueltas mineras en Asturias y en 1936 ese mismo Ejército dio un golpe de estado que supuso tres años de Guerra Civil y cuarenta de dictadura. El pueblo que olvida su historia –y no conozco ninguno como el español empeñado en hacerlo- está condenado a repetirla.

sábado, 4 de diciembre de 2010

El fascismo del PSOE

 Este escrito se estructura sobre dos premisas que deben quedar claras desde el principio: 1) los controladores aéreos son trabajadores desde el momento en que venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, independientemente del sueldo que cobren. Eso es lo de menos para el caso que nos ocupa y quizás, sólo quizás, el problema no es que sus emolumentos sean muy altos, sino que los del resto de la población son muy bajos; 2) el asunto va mucho más allá del problema concreto de dicho colectivo, y se sitúa en unas esferas que afectan a toda la sociedad y son altamente preocupantes.
 La tendencia al totalitarismo del actual Gobierno se ha quitado la máscara. Ya no se trata de decirnos qué debemos hacer o pensar. Su última decisión con respecto al conflicto de los controladores aéreos cae directamente dentro de la definición de fascismo. Según la premisa 1) los controladores han defendido sus condiciones laborales frente a un decreto que no sólo privatiza la gestión de los aeropuertos españoles –algo que ya de por sí debería de haber sido objeto de una respuesta política- sino que además les obliga a recuperar las horas por baja médica o los permisos. La respuesta del Gobierno ha sido poner un sector civil bajo control militar, de tal manera que todos aquellos trabajadores que no acudan a sus puestos de trabajo pueden ser imputados por desobediencia a la autoridad militar y sedición. Esto es lo que hizo Franco en 1936: acusar de rebelión militar a todos aquellos civiles que no acataron su golpe de Estado. El señor Rubalcaba ha dicho que a los sediciosos les esperan graves penas de cárcel. Supongo que la Policía Militar irá a buscarlos a sus casas –preferiblemente por la noche para que no se arme mucho ruido- y serán juzgados y encarcelados. Un trabajador preso por defender sus derechos laborales es un preso de conciencia, un preso político, propio de los estados totalitarios. El señor Ministro de Fomento –que no sabe hacer la o con un canuto, literalmente, y además se jacta de ello- debería de saber que la población civil no está obligada a obedecer las órdenes de un militar. Y si algo parecido está recogido en la Constitución, entonces la Constitución es fascista. Dentro de la manipulación informativa a la que nos hemos visto sometidos en este asunto –escasamente dos minutos para dar la versión de los controladores frente a más de una hora contándonos lo mal que lo están pasando los que no han podido salir de vacaciones, cuestión importante dónde las haya- hemos podido escuchar como algunos trabajadores han sido obligados por las fuerzas militares a permanecer en su puesto de trabajo a punta de pistola. Esto debería ser suficiente para que cualquier miembro honesto de este Gobierno presentara su dimisión inmediata: si así no ocurre habrá que asumir que ninguno es honesto. Y por si a alguien le cabe alguna duda de que esta medida es una medida fascista baste como prueba que es la única de las que ha tomado este Gobierno que han aplaudido todos los medios de la ultraderecha.
 Pero según la premisa 2) el problema va más allá. Que nadie se llame a engaño: esto es un aviso para navegantes. A partir de ahora cualquiera que inicie una protesta contra las políticas antisociales del Gobierno sabe que corre el riesgo de ser militarizado y enviado a prisión. Médicos, profesores o cualquier otro colectivo de los que están viendo seriamente dañados sus derechos laborales por la política regresiva y, ahora lo sabemos, fascista de este Gobierno, pueden ser encarcelados si se atreven a abrir la boca. De hecho, yo mismo corro el riesgo de acabar en prisión según la nueva normativa que se prepara que prevé penas de cárcel para aquellos que insulten a los políticos en Internet –aunque que el señor Blanco no sabe hacer la o con un canuto no es un insulto, es la realidad-. Uno se pregunta por qué estas medidas tan contundentes no se tomaron hace unos años, nacionalizando los bancos y las empresas que estaban, supuestamente, en quiebra. En la República de Weimar el gobierno socialdemócrata mandaba a la policía a apalear a los trabajadores. Y todos sabemos como acabó aquello –por si el señor Blanco no lo sabe le diré que fue lo que dio pie al régimen de Hitler-. El Gobierno del PSOE sólo sabe tomar medidas contra los trabajadores. Esto se querrá entender o no. Pero, como dijo Brecht, cuando vengan a por los demás será demasiado tarde