Como humo se va

 Como humo se van las pocas esperanzas de vivir en una sociedad mínimamente tolerante y liberal que aún nos quedaban. Como ese humo que, por obra y gracia –sobre todo gracia- de aquellos que velan por nuestra salud y nuestro bienestar, ha sido proscrito junto con sus inocentes expelentes. El fondo de la nueva ley antitabaco va más allá de la propia ley antitabaco en sí y entra de lleno en el de la represión totalitaria. Es el caso del dueño de un negocio que no puede llevar ese negocio como a él le parezca más conveniente o el de ciudadanos animados –y armados- a denunciar a todo aquél que incumpla la norma. Da igual que aparezcan informes que demuestran cómo la contaminación atmosférica es la causante del aumento espectacular de accidentes basculares o que las estadísticas afirmen que en una gran ciudad como Madrid, en el último año, uno de cada cinco días se haya superado el número de partículas en suspensión recomendado por la OMS. Es el humo del tabaco el causante de todos los males, incluidos, pronto nos lo dirán, el agujero de la capa de ozono y el cambio climático. Así que qué mejor solución que prohibir fumar en la calle, en la puerta de un colegio o un hospital, aunque ese colegio o ese hospital esté situado en medio de una arteria urbana por donde pasan diariamente doscientos autobuses y miles de automóviles, o sus alumnos y sus pacientes estén rodeados de sustancias cancerígenas, desde las baterías de los móviles o el PVC de las tuberías hasta el polvo de la tiza.

 No voy a entrar a discutir –porque ya resulta aburrido- el discurso de los no fumadores, que es monocorde y maniqueo como cualquier discurso prohibicionista y fundamentalista. No voy a entrar a debatir que los derechos no se inventan y que el derecho de un señor a no respirar humo en un bar –derecho protegido, por cierto, desde el momento en que existen locales en los que sus dueños han decidido libremente prohibir fumar- es en todo caso equivalente al mío a no aspirar las pestilencias corporales del señor o la señora que se pone a mi lado en el Metro. Y nadie, supongo, estaría de acuerdo con una ley que obligara a los ciudadanos a ducharse dos veces al día o a tomar medicamentos contra las flatulencias. No voy a debatir nada de esto porque el campo de lo políticamente correcto es demasiado estrecho, demasiado cerrado como para que en él puedan penetrar la razón y el sentido común. Tan sólo espero que alguien no decida un día que el olor a fritanga y el humo del aceite recalentado de los calamares fritos y la oreja tan típicos de nuestras tabernas es nocivo para la salud y al final en los bares sólo se sirvan bebidas energizantes que, eso sí, nos permitirán trabajar veinticuatro horas seguidas.

 Pero si hay algo que tengo muy claro: yo, como fumador, no soy ningún delincuente. Y no estoy dispuesto a aceptar ese rol se pongan como se pongan la Ministra de Sanidad, los no fumadores de la nueva Inquisición o San Cristo Bendito. Porque al final esos no fumadores se van a morir igual. Muy sanos, eso si, muy productivos y trabajando hasta los ochenta años, pero se van a morir. Porque si hay algo que está probado que mata es la propia vida, y desde el momento en que uno nace ya se está muriendo. Un fumador podrá morir o no de cáncer de pulmón: alguien que está vivo seguro que, tarde o temprano, se acaba muriendo. De todas formas, a mi esta nueva ley me va a venir muy bien para ahorrar. Y no porque vaya a dejar de fumar –cosa que sólo haré cuando el Estado se empeñe en que debo de fumar- sino porque a partir de ahora mis gin-tonics, mis cañitas y mis calamares fritos me los voy a tomar en mi casa donde, de momento, aún me podré fumar un cigarrillo a gusto.

Fumaos

 Si ustedes viajan por la AP 8 (como he hecho yo este verano) o por cualquiera de las carreteras comarcales que confluyen en ella, a la altura de Gernika y en unos diez kilómetros a la redonda, notarán un olor nauseabundo procedente de los gases que expelen las industrias que flanquean dicha vía. Si ustedes pasean por ciertos barrios de Bilbao verán las fachadas de las casas negras por el humo de las fábricas que las rodean. Ante esta situación el gobierno del señor Patxi López (un nombre bastante poco serio para un político, por cierto, que lo suyo es que se llamara a sí mismo Francisco y no Patxi como si estuviera con la cuadrilla tomando unos chiquitos) ha decidido proteger la salud de los ciudadanos y las ciudadanas vascos y vascas. Y no lo ha hecho, como sería lo lógico (y lo progresista) obligando a estas empresas a reducir sus emisiones, no. Lo que ha hecho ha sido prohibir fumar en lugares abiertos. Que en una de las comunidades más contaminadas de España lo único que se le ocurra a los políticos sea prohibir fumar denota la capacidad intelectual de los que nos gobiernan. Aún así, lo honesto hubiera sido directamente prohibir la venta de tabaco. Pero claro, eso supondría una pérdida importante de ingresos para la Comunidad que gobierna el señor Francisco (recordemos el “concierto vasco” que no es precisamente una pieza de Guridi), sobre todo por parte de los ciudadanos franceses que cada día acuden a Behovia e Irún a aprovisionarse de tabaco. Supongo que por la misma razón no obliga a todas esas industrias contaminantes a reducir sus emisiones. En fin, en castellano eso se llama hipocresía.

 Lo que no acabo de ver claro es qué razones se pueden aducir para prohibir fumar en espacios abiertos. No, desde luego, la protección de la salud de los no fumadores en una región que, como ya he dicho, es una de las más contaminadas por la emisión de gases industriales. Además, si esa fuera la razón, lo primero que habría que prohibir es la circulación de vehículos a motor, que contaminan mucho más y tienen mucha más incidencia en el desarrollo del cáncer de pulmón –y otras patologías- en los no fumadores que el humo del tabaco. Así que las razones sólo pueden ser dos: apuntarse a la moda de perseguir a los fumadores, que es una cosa muy progresista o lamerle un poco los pies a Trinidad Jiménez, que ahora parece que va a ser la nueva Presidenta de la Comunidad de Madrid (que Dios, que por cierto no existe, nos coja confesados).

 Pero no se queda aquí el señor López, sino que además pretende prohibir fumar en los coches en los que viaje un menor. Y esto, digan lo que digan los cruzados anti-tabaco, empezando por El País y terminando por la señora que esta mañana me ha mirado mal cuando he encendido un cigarrillo en un semáforo (por cierto, recuerdo que hace unos meses decían que no se iba a prohibir fumar en espacios privados) es un atentado frontal contra la libertad individual y la privacidad y la intimidad de los ciudadanos. Un coche es un espacio personal de cada uno, y nadie, y menos un Estado, puede entrar o salir en lo que uno hace dentro de él (y no con él, no acudamos a la excusa fácil de decir que entonces se podría circular a 300 por hora). Porque digo yo, ¿Qué se pretende con eso?. ¿Proteger la salud del menor?. Entonces que empiecen prohibiendo los Mc´Donalds y los Burger Kings. ¿Dar ejemplo?. Dejando aparte la pequeña cuestión de que cada uno da a sus hijos el ejemplo que quiere, para ejemplarizar tendrían que eliminar de la televisión todos los programas basura (que son ya el 90 por ciento). Eso para empezar.

 Se queja también don Francisco López de que las autoridades municipales no ponen el celo suficiente en hacer cumplir las leyes antitabaco, y por eso ésta se va a vigilar a nivel gubernamental. Y yo me pregunto, ¿a quién se le ha ocurrido que un policía municipal de cualquier pueblo de Euskadi va a multar a su vecino Patxi (éste si), al que conoce de toda la vida porque se esté echando un pitillo sentado en el banco del parque?. Decididamente a los que se les ha ocurrido esta ley si que debían de estar fumaos.

El camino del totalitarismo

 No nos engañemos. La Ley Anti-Tabaco en sí misma, desgajada de su significación profunda social y política, no tiene ninguna importancia. Si se prohíbe fumar en todos los locales públicos, pues no se fumará y ya está. No pasará nada ni se acabará el mundo. Fumar o no fumar es indiferente. El verdadero peligro de esta ley radica es que supone una nueva brecha en las ya maltratadas libertades ciudadanas. Un nuevo flanco que se abre en el afán de los Estados por decirnos que es bueno para nuestra salud, para nuestra seguridad y en suma para nuestra vida. Un nuevo intento de invadir cada vez más facetas del ámbito privado de los individuos.

 Es en este sentido en el que hay que encuadrar esta ley en el mismo marco en el que sitúan las nuevas medidas de seguridad de los aeropuertos, o el intento por imponer la cadena perpetua. Un asalto a las libertades individuales con la excusa de que los ciudadanos, pobres niños ignorantes e indefensos, no saben lo que es mejor para ellos, así que alguien, el poder político, se lo tendrá que enseñar y encargarse de que no les ocurra nada malo.

 Así las cosas el mecanismo que desde finales de los noventa utilizan los distintos Estados –y aquí es independiente el signo ideológico de los diferentes gobiernos- para controlar cada vez más a sus ciudadanos –qué lejos quedan ya los años ochenta, donde la libertad política y social era intocable- es siempre el mismo. Primero se forma un masa de ciudadanos intelectualmente incompetentes, de niños adultos que son incapaces de pensar por sí mismos. Es aquí donde entran en juego las diferentes leyes educativas que tienen como objeto imbecilizar cada vez más a la población en vez de formarla. Y no olvidemos que el debate acerca de la idoneidad o no de estos modelos educativos no es exclusivo de España. Hace mucho tiempo que se viene dando en países como Italia, Francia o Estados Unidos. Una vez que se ha conseguido esto, crear una masa de borregos bien adoctrinados, entra en juego la segunda parte del plan. Se trata ahora de que el Estado vele por el bienestar de aquellos que ya no saben cuidar de sí mismos. Para ello lo más fácil es inventar un peligro –ya sean los terroristas aéreos, la gripe A, los judíos o los fumadores- de tal forma que los individuos no tengan reparos en renunciar a su libertad para que “Papá Estado” les saque las castañas del fuego. Lógicamente este peligro no es real, así que el poder se ve obligado a fabricar informes, noticias o comentarios, con la innegable ayuda en este caso de los medios de comunicación que cumplen con su labor de desinformar (qué lejos quedan también aquellos tiempos en que la prensa era ante todo crítica con el poder) y un par de “intelectuales orgánicos”. Se constituye así el magma necesario para pasar a la tercera fase. Es ahora cuando entra en juego la demagogia y se hace ver a los ciudadanos que realmente son ellos los que piden esos recortes en sus libertades básicas. Se les entrevista por la televisión o se realizan encuestas en los periódicos en las cuales esa masa inane queda ascendida de repente a la categoría de “opinión pública” y se crea en los individuos la ilusión de que son ellos, a través de esa “opinión pública” los que dirigen sus destinos y los de la nación. Así, es frecuente escuchar afirmaciones del tipo de “los europeos están dispuestos a renunciar a parte de su libertad para conseguir seguridad”, “la gran mayoría de la población exige una reforma de la Ley Antitabaco” o “el debate sobre la cadena perpetua está en la calle”. Una vez conseguido esto no es de extrañar que surjan grupos de talibanes de la salud o la seguridad que, convencidos de que el Estado no hace más que recoger sus legítimas demandas –demandas que han sido creadas por el mismo Estado- se lanzan a la palestra de las cartas a los periódicos, los comentarios en Internet o la agresión verbal directa para defender sus bien razonadas opiniones. Los mismos grupos que en 1933 destrozaban los escaparates de los negocios judíos en Alemania.

 En conclusión el camino para el totalitarismo está despejándose a pasos agigantados y el panorama, visto lo visto, es bastante negro. Cuando llegue el momento, que quede claro que estábamos avisados.

Leyes totalitarias

 Un gobierno democrático tiene como función regular las relaciones que se establecen entre los individuos libres y autónomos que componen una sociedad, relaciones que, por esa misma causa, también son libres. La responsabilidad de un gobierno de este tipo, por lo tanto, no es tan sólo salvaguardar la libertad de los individuos, de tal forma que puedan establecer esas relaciones que conforman lo que llamamos “sociedad”, sino también poner los instrumentos necesarios para que esos mismos individuos alcancen su autonomía personal, sin la cual la democracia no puede existir.

 Un gobierno totalitario, por el contrario, lo que hace es intentar gobernar la vida de los ciudadanos, decirles lo que deben o no deben hacer, dirigir el ámbito privado de su existencia y decidir por ellos lo que ha de resultarles bueno o malo. Un gobierno totalitario, entonces, no sólo no respeta la libertad de los sujetos, sino que hace todo lo posible por que éstos no alcancen nunca la autonomía personal, evitando así que puedan tomar decisiones propias y que asuman las responsabilidades derivadas de esas decisiones libres. Es un “papá Estado” que sólo puede mantenerse con ciudadanos intelectualmente infantilizados.

 Desde esta perspectiva –que políticamente es la única correcta- la nueva Ley Antitabaco que prepara el gobierno de PSOE es una ley totalitaria. Y lo es porque el espíritu que la guía es la idea de que el tabaco es malo para a salud. Es una ley que pretende inmiscuirse en la vida privada de los individuos y decirles lo que deben de hacer con ella. Es una ley que anula la libertad personal para que cada uno haga lo que quiera con su propio cuerpo, que elimina la autonomía individual de tomar decisiones propias y asumir las responsabilidades correspondientes. Es una ley, en suma, que pretende legislar sobre cuestiones morales, que pertenecen al campo único y exclusivo de cada sujeto particular.

 Se podrá contraargumentar que lo que persigue la ley es defender a los no fumadores del humo del tabaco de los fumadores. Ahora bien, cualquiera con dos dedos de frente es capaz de darse cuenta que para ejercer esa supuesta defensa no es necesaria una prohibición total: basta con una regulación de espacios como la existente, de tal forma que un no fumador que no quiera respirar aire contaminado tenga su propio espacio y el que quiera fumarse tres paquetes de cigarrillos tenga el suyo. A nadie se le ocurre que para proteger los derechos de la infancia haya que cerrar todas las salas X, por ejemplo. Basta con regular el espacio infantil en la televisión. Pero es que cuando la Ministra de Sanidad dice que es necesario un endurecimiento de la ley porque la actual no ha disuadido a los fumadores de dejar de fumar, o porque la mala aplicación de la misma ha hecho que aumente el tabaquismo, el argumento de fondo no es la defensa de los no fumadores: es pretender que los que fuman dejen de hacerlo, es decir, invadir su libertad personal.

 Los talibán de la vida sana podrán decir que tienen derecho a divertirse o a tomarse un café sin soportar el humo. No se muy bien de dónde sale dicho derecho, pero en todo caso es equivalente al que tiene un fumador a fumarse una tagarnina cuando le venga en gana. Que yo sepa nadie obliga a un no fumador a entrar en un local donde se permita fumar, pero esta ley si que va a obligar a los fumadores a no hacerlo. Se podrá acudir al mito de que en la mayoría de los países existe esta prohibición. Dejando aparte el hecho de que aunque tres mil millones de moscas coman mierda la mierda no es buena, las naciones del mundo en las cuales actualmente está prohibido fumar en todos los locales públicos son exactamente 17. Se podrá decir lo que se quiera desde las posturas políticamente correctas de un progresismo absurdo y mal entendido. La verdad es que una ley que coarte la libertad de los individuos es una ley totalitaria. Y esta nueva Ley Antitabaco lo es. Y lo es porque si yo quiero fumar, o beber, o estar gordo o comerme un chuletón es asunto exclusivamente mío y el gobierno no es quien para prohibírmelo, porque no es su función. Así de simple.

Fumando espero

No hace falta ser un fino analista político-social para caer en la cuenta de que el reciente anuncio realizado por la Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en cuanto al endurecimiento de la Ley Antitabaco no es más que un intento bastante tosco de tapar su nefasta gestión en un asunto bastante más grave y preocupante como es el de la gripe americana. Mientras que aquí se descarta la vacunación de toda la población y se anuncia que sólo se vacunará a los grupos de riesgo, países como Alemania y Francia (incluso Grecia) han decidido la vacunación masiva., entre otras cosas porque todavía no se han determinado cuáles son los grupos de riesgo. Así que la postura del Ministerio de Sanidad ante una pandemia que trae bastante de cabeza a todos los líderes mundiales es esperar a ver qué pasa. Eso sí, se supone que no esperar fumando.
Uno piensa que ante una alerta de tal magnitud las autoridades sanitarias de un país deben volcar todos sus recursos en ella y dejarse de zarandajas. Parece bastante claro que en este asunto la Ministra de Sanidad tendría bastantes cosas que explicar, siempre y cuando su escasa preparación para el cargo se lo permita.
Dejando a un lado este asunto, nadie duda de que un gobierno tiene no sólo el derecho, sino la obligación de proponer todas aquellas leyes que considere oportunas -leyes que, no se olvide, han de ser aprobadas por el Parlamento-, aunque sean un reflejo de la mojigatería puritana de cierta socialdemocracia en la que ha caído el Gobierno y gran parte de la sociedad. Si la idea es prohibir fumar en los bares –vamos a dejar ya de hablar de espacios públicos, porque los bares son espacios privados con acceso público- entonces que se haga. Habrá gente que esté de acuerdo y les vuelva a votar y gente que no lo esté y no les vote. En esto consiste la democracia y luego se podrá discutir sobre la hipocresía de prohibir fumar pero no prohibir la venta de tabaco por temor a perder los ingentes ingresos que ésta proporciona al Estado por vía impuestos, o el fracaso que supone una Ley que ha de ser reformada a los tres años de su aprobación. Pero el caso es que Trinidad Jiménez ha dicho que la reforma viene propiciada porque la Ley ha perdido su carácter disuasorio. Es decir, que la cuestión no es ya que se fume o no se fume en los bares, sino que hay gente que no ha dejado de fumar. Y ahí es donde Trinidad Jiménez, el Gobierno y todos los puretas que apoyan la ley entran en un campo que no les corresponde porque es propiedad exclusiva de la libertad individual y la responsabilidad de cada uno. Un Gobierno no tiene derecho a decir a sus ciudadanos si deben o no deben fumar, porque ese es un asunto moral (de Deber) que corresponde exclusivamente a la responsabilidad personal del individuo. Cuando se pretende hacer algo así se está atentando contra la intimidad, la vida privada y la libertad de cada uno de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana. Se está legislando sobre asuntos privados, se pretende regular la vida de los sujetos y eso es más bien propio de un estado totalitario.
Se amenaza también con adornar las cajetillas de tabaco con cromos desagradables para que nos concienciemos y dejemos el vicio. En primer lugar, esto de las estampas de enfisemas y tumores varios es de muy mal gusto. Y en segundo lugar va a dar igual, porque el que fuma va a seguir haciéndolo le pongan en el paquete un pulmón apolillado o no se lo pongan. Es curioso cómo el tabaco es una de las drogas peor vistas y más perseguidas en la actualidad, siendo la única que no provoca problemas sociales –nadie va a perder su trabajo o atracar una farmacia por fumar-, es la única droga que no convierte a sus usuarios en zombis y les permite pensar –de hecho, permite pensar más: la nicotina ayuda a concentrarse y previene la demencia senil-. A lo mejor el problema es precisamente ese: que permite pensar.
La cuestión es la de siempre: la libertad individual para que cada uno haga con su vida lo que quiera. Muchas de estas fotos no tendrían sentido si se permitiera a cada uno elegir su muerte. Pero la Ministra que quiere vernos a todos sanos como robles no regula la eutanasia porque según ella no hay demanda social. Así que es todo cuestión de demanda: la vida humana dentro del mercado, sometida a la ley de la oferta y la demanda.