viernes, 25 de septiembre de 2009

Desgobierno

Los gobiernos democráticamente elegidos tienen el derecho y la obligación de gobernar. Esto incluye elaborar todas aquellas leyes que consideren necesarias para el buen funcionamiento del Estado. Los ciudadanos deben valorar la adecuación o no de esas leyes a los problemas del país y revalidar o revocar en las urnas el mandato del gobierno de turno en el momento oportuno. Este es el procedimiento establecido desde que en el siglo XVII John Locke estableciera las bases de la democracia liberal. En principio, pues, un gobierno puede y debe legislar como su buena conciencia le dicte. Ahora bien, hay muchas formas de gobernar, pero sólo hay una de no hacerlo: la actuación de un gobierno no debe venir marcada a golpe de urna, por el populismo o por la elaboración de leyes ad hoc que den respuesta a hechos puntuales en momentos puntuales y no se fundamenten en necesidades sociales globales. Cuando eso ocurre es el propio país el que pierde el rumbo. Sirva esto como introducción para mostrar cómo en los últimos días dos gobiernos de distinto signo han dictado resoluciones que se enmarcan en esta línea.
En primer lugar, el Gobierno Central de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) anda a vueltas con la intención de subir los impuestos. Vayan por delante dos cosas: la primera, evidente, es que sin impuestos un Estado no se puede sostener. Las segunda, también evidente, es que el déficit público que obliga a esta subida no viene propiciado por el aumento de parados y el subsiguiente cobro de los subsidios de desempleo –nadie se cree que un subsidio de paro de menos de mil euros mensuales pueda arruinar la Seguridad Social de un país del Primer Mundo- sino por los regalos que tan generosamente ofreció el Gobierno a bancos y empresas en los comienzos de la crisis. A partir de aquí empieza la cadena de despropósitos. En un primer momento la Ministra Salgado anuncia que se van a tocar todos los tramos del IRPF. Como eso supone gravar a las rentas de las clases medias y bajas –y éstas lógicamente protestan- se cambia de estrategia, y se anuncia una subida del IVA y de los impuestos indirectos. Esto supone no sólo una penalización para las rentas más bajas, sino una paralización del consumo y el consecuente agravamiento de la crisis –aquí el señor Díaz Ferrán tiene razón, aunque no se haya dado cuenta-. Más tarde el señor Zapatero anuncia que “nunca cederá ante los poderosos”, sin saber muy bien cómo se traduce eso a efectos del aumento impositivo. El caso es que el déficit público actual es de 17 millones de euros, déficit fácilmente enjugable con los 18 millones que se recaudaban por el Impuesto sobre el Patrimonio –aquel que pagaban los que tienen un patrimonio, es decir, los ricos- y que tan graciosamente el gobierno eliminó el año pasado. En suma, un montón de insensateces y ninguna idea clara –sea la que sea- provocado por su intento de contentar a todo el mundo.
El segundo de los ejemplos es el protagonizado por el Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid de la señora Esperanza Aguirre (PP) y su Ley de Autoridad del Profesor. No hace falta ser un lince para darse cuenta que la causa eficiente de esta Ley son los recientes sucesos de Pozuelo y nada más. Pero es que además esta Ley es innecesaria, porque el Código Penal ya reconoce la autoridad del profesor como Funcionario Público (lógicamente, mal que le pese al afán de la señora Aguirre de sacar votos de donde sea, sólo tienen autoridad pública aquellos que forman parte de algún estamento público) y señala como delito de atentado a Funcionario Público en el ejercicio de sus funciones las agresiones a éstos. Lo que debería hacer el Gobierno de Madrid es tramitar las denuncias de agresiones a profesores desde esta perspectiva y no darles una palmadita en la espalda y pedirles tranquilidad. Pero es que además para que los alumnos y sus familias respeten a los profesores debería ser la propia Administración la que diera ejemplo, y no despreciarles cargándoles cada vez más con trabajos burocráticos de todo tipo mientras su sueldo disminuye proporcionalmente, o no quitarles la razón sistemáticamente en cualquier conflicto con un alumno o sus padres. En cuanto a la peregrina idea de poner tarimas en las aulas para controlar mejor a la clase, ésta se controlaría mucho mejor si en vez de treinta alumnos tuviera quince, y no haría falta gastarse el dinero en estupideces. Una Ley absurda e inútil, por tanto, propiciada por la demagogia de la que constantemente hace gala nuestra lideresa.
Y un último ejemplo: PSOE y PP –los dos a una- se ponen de acuerdo para vetar en el Senado una propuesta que pretendía penalizar a los festejos populares en los que se maltrataran animales. Y es que en este país de bárbaros si un alcalde quiere mantener su puesto no tiene más que ofrecer cuanta más barbarie mejor. Ahora bien, si quiere perder las elecciones el camino más corto es intentar ilustrar a sus congéneres. De Goya lo único que queda ya es el nombre de una calle

sábado, 19 de septiembre de 2009

Nuevos bárbaros

La sociedad como tal no existe. No existe algo así como una entidad autónoma y superior a los individuos que actúa de forma independiente de éstos y que dirige o controla sus acciones. Lo que llamamos sociedad no es más que un conjunto de relaciones entre sujetos y un cúmulo de derechos y obligaciones que surgen de éstas y que aquéllos pueden libremente decidir si cumplen o no. Por eso, no se puede culpar a la sociedad de sucesos como los de Pozuelo, provocados por individuos libres sometidos a una serie de relaciones de la cuales la más básica de todas es la que se establece dentro de la familia. Culpar a la sociedad sin pararse a pensar qué es lo que se quiere decir con ello es tan sólo una forma de escapar del problema, buscar una explicación mítica para algo que debería ser analizado racionalmente.
Ya se ha dicho en otras ocasiones que resulta muy dudoso el derecho de los padres a decidir la educación que sus hijos reciben en la escuela –y casos cómo éste que nos ocupa no hacen sino reafirmar esta idea- pero lo que resulta indudable es el deber que tienen de educar a sus hijos. Y este deber no se reduce a colaborar más o menos con los profesores o con el colegio. Con esto, la responsabilidad de la institución se carga sobre los hombros de la institución escolar –y, en última instancia, sobre los de la sociedad-, y los padres, de ser protagonistas de la labor educadora pasan a ser simples “colaboradores”. En realidad, la Escuela no necesita que las madres y los padres colaboren con ella para cumplir con su función de formar e ilustrar a los alumnos, algo que no lo olvidemos, es por lo que existe y por lo que cobran un sueldo los profesionales que trabajan en ella. Lo que la Escuela exige de las familias de los alumnos es que cumplan con su deber social y asuman la responsabilidad de educar a sus vástagos, en vez de acusar a la sociedad de aquello que ellos no saben o no quieren hacer. Lo medios de comunicación y las nuevas tecnologías no son ni buenos ni malos: no comportan en sí mismos un contenido moral. Es a los progenitores a los que compete decidir qué programas de televisión deben ver sus hijos o controlar las condiciones en las que acceden a la Red. No se puede culpar sin más a la televisión y a Internet de todos los males que afectan –supuestamente- a la juventud. Si un adolescente se emborracha todos los fines de semana es responsabilidad de sus padres evitarlo –dejarle claro que el botellón no es cultura, y que no existe una “cultura” del botellón- y no desviar las culpas hacia una sociedad a la que califican de “enferma”, porque si una sociedad está enferma es porque sus componentes y las relaciones que se establecen entre ellos –y la familia es la más fundamental de estas relaciones: es allí donde los ciudadanos acceden a la socialización desde el momento de su nacimiento- lo están previamente. Si alguien considera que no puede asumir responsabilidades de este tipo porque su vida aboral o su situación socio-económica se lo impide entonces la actitud racional y responsable es no tener hijos. Pero no, tenerlos y desentenderse de su educación como quien tiene un canario. Ésta, y no otra, es la razón de que hechos como los de Pozuelo sean cada vez más frecuentes. Si los que tienen que ejercer de padres siguen dimitiendo de su deber da igual que nuestros adolescentes sean los más listos o los más tontos de Europa. De cualquier forma seguirán siendo bárbaros: nuevos bárbaros

sábado, 12 de septiembre de 2009

Lecciones de cinismo

Difícilmente se podrá encontrar otra semana como ésta, en la cual las noticias más relevantes han tenido como protagonista absoluto al cinismo más descarnado. Ni siquiera es ya hipocresía: es cinismo puro y duro. Aunque quizás esa sea la tónica general y la expresión con la que ha comenzado este artículo la semana que viene se vea superada con creces. Aún así, la demostración cínica por parte de unos y de otros, de éstos y aquellos ha sido tan espectacular que necesitaríamos tres blogs como éste para hacer un análisis mínimamente exhaustivo. Permítaseme, dadas las circunstancias, que me remita a un breve resumen de lo ocurrido, lo más objetivo posible, y que cada uno saque sus propias conclusiones.
El Gobierno anuncia una subida de impuestos. Todavía no sé de que se extraña la gente: el dinero que se ha regalado a los bancos y a las empresas en esta crisis tan extraña hay que recuperarlo de alguna manera. Este anuncio se hace tan sólo unos meses más tarde de que este mismo Gobierno –tan de izquierdas y tan socialistas ellos- decidiera eliminar el impuesto sobre el patrimonio, que es el que grava a las grandes fortunas. La oposición del PP arremete contra esta subida al mismo tiempo que las corporaciones gobernadas por ellos aumentan a su vez la carga impositiva. Y si no véase el caso del Ayuntamiento de Madrid que recupera una tasa sobre las basuras que no se aplicaba desde 1986. Ante la alarma social creada el Gobierno dice que lo que va a subir son los impuestos indirectos sobre el consumo –aquellos impuestos que paga todo el mundo independientemente de su nivel de renta, una medida progresista donde las haya-. En suma, que el Gobierno sube los impuestos a los pobres y el PP protesta para que no se los suban a los ricos.
Los medios publican unas fotos pornográficas de prostitución en Barcelona –en las cuales se oculta la cara de los clientes, pero no la cara (más bien el culo) de las prostitutas- y todo el mundo empieza a debatir sobre un problema que lleva enquistado años. Los que antes defendían la prohibición de la prostitución, como Esperanza Aguirre, ahora defienden su regulación. Los que antes defendían su regulación, como los progresistas del PSOE, ahora defienden su prohibición. Y las únicas que dan en el clavo, en un alarde genial de cinismo, son las propias prostitutas a través de sus asociaciones llamándose a sí mismas “trabajadoras del sexo”. Y es que si el propio sistema económico se sustenta sobre la explotación y la alienación del ser humano, sobre su cosificación y deshumanización, argüir que la prostitución hay que prohibirla porque deshumaniza a las mujeres y las convierte en objetos, pero no luchar por la abolición del sistema económico es de un cinismo que espanta. O a lo mejor alguno piensa que, a nivel del desarrollo humano que permite el sistema capitalista, las dependientas de Zara está mejor situadas que las prostitutas africanas del Raval barcelonés.
Después de una batalla de más de seis horas el ejército español en Afganistán mata a trece talibanes. La Ministra de Defensa del Gobierno decide que hay que mandar más tropas –siguiendo los dictados de Mister Obama, al fin y al cabo ésta es su guerra, como la de Vietnam fue la de Kennedy- pero sigue diciéndonos que el Ejército está allí en misión de paz. Así que en Afganistán no hay guerra pero a nuestros solados los disparan. Y como no hay guerra en vez de retirar las tropas hay que mandar más. Eso, la misma semana en que la OTAN ha matado a un montón de civiles en un bombardeo indiscriminado y se ha descubierto que el señor Karzai, que es el candidato de EEUU y Occidente en las recientemente celebradas elecciones afganas, ha hecho más trampas en éstas que un tahúr del Mississippi
Una pandilla de vándalos adolescentes borrachos arrasa Pozuelo y está a punto de quemar la comisaría del pueblo. Todo el mundo se echa las manos a la cabeza y se establecen sesudos debates sobre el porqué de estas situaciones. Se habla de alcohol y de lo malos que son los profesores que no educan a los niños. Pero cuando la jueza que instruye el caso establece como medida preventiva para los menores detenidos en la algarada que durante seis meses no puedan salir de casa mas allá de las diez de la noche, los padres de esos angelitos deciden recurrir la decisión porque la consideran desproporcionada. Con un par.
La señorita Pajín amenaza con sanciones a los concejales del PSOE en Benidorm que han decidido firmar una moción de censura contra el alcalde del PP con el apoyo de un tránsfuga del mismo partido, cuando el PP logró la alcaldía de Benidorm gracias a una moción del censura contra el alcalde del PSOE gracias a un tránsfuga socialista. Los dirigentes del PP –que ya se han olvidado, a lo que parece del caso de Tamayo y Sáez en Madrid- ponen el grito en el cielo. Lo mejor de todo es que una de las concejalas expedientadas por el PSOE en Benidorm es la propia madre de la señorita Pajín, quien en unas declaraciones escalofriantes afirmó que se iría contra quien firmara esa moción de censura, fuera quien fuera y se llamara como se llamara. Se olvida esta señorita no sólo del caso de Madrid ya citado, sino de que madre sólo hay una y a ella –lo más probabble visto lo visto- la encontró en la calle.
Aparece un informe de la OCDE dónde se afirma que en España se ha recortado la diferencia en cuanto al porcentaje de ciudadanos que poseen estudios superiores sobre el resto de los países desarrollados y se echan las campanas al vuelo. Nadie dice que ese informe trata de la extensión del sistema educativo y no de su calidad, que abarca una horquilla desde los 25 a los 64 años –es decir, que la gran mayoría de los ciudadanos incluidos en él no ha estudiado con la LOGSE-, y se ocultan algunos datos incómodos como el 30% de fracaso escolar, muy por encima del resto de los países desarrollados. A lo mejor la euforia por el informe es lo que ha llevado al Gobierno a anunciar un recorte de casi el cuarenta por ciento en el presupuesto para investigación científica. Ante el evidente cambio en el sistema productivo esta es seguramente la mejor manera de evitar la próxima crisis.
Y la última gran muestra de cinismo que no necesita comentarios: el Tribunal Supremo llama al juez Garzón como imputado por pretender juzgar los crímenes del franquismo, demandado por una organización de ultraderecha. Los verdugos demandando a las víctimas. Eso sí, España se ha clasificado para el Mundial y Nadal vuelve a ganar. Todo está bien.

viernes, 4 de septiembre de 2009

Los Sindicatos, la UCM y el pacto siniestro

El papel social y político jugado por los sindicatos en las últimas décadas de la vida española es algo que está fuera de toda duda. Durante los últimos años de la dictadura las organizaciones sindicales de clase abanderaron la lucha contra el tirano, sufriendo en sus carnes la represión de los últimos estertores (tanto en sentido literal cono metafórico) del franquismo. Posteriormente, ya durante los años ochenta, su actividad en la defensa de los derechos de los trabajadores consiguió que España formara parte –al menos en este respecto- de los países más avanzados de Europa. Y no debemos olvidar que fue gracias a la acción de los sindicatos como se consiguieron en este país avances democráticos que no hubieran llegado por ninguna otra vía –o que al menos hubieran tardado muchos más años en conseguirse- superando en esta cuestión incluso a los propios partidos políticos.
Todo esto, sin embargo, forma parte ya de los recuerdos del pasado, de las historias que nuestros padres, viejos sindicalistas, nos cuentan después de comer. La realidad sindical en España en la actualidad es muy otra, por desgracia, no sólo para los trabajadores, sino para la buena salud de la vida política española. A nivel general no es raro encontrarse con que en materia de derechos laborales se defienden posturas, a veces, más moderadas que las de los gobiernos de turno. La relación entre los militantes de base y los dirigentes sindicales no existe, dedicándose éstos últimos tan sólo a hacerse fotos con todo aquél que se quiera poner a su lado y obviando los problemas de los trabajadores. No es de extrañar que éstos, después de prácticamente una década de traiciones casi continuas desconfíen de todo aquellos que huela a sindicalista, enfrentándose, a veces incluso físicamente, a sus propios delegados sindicales, trabajadores liberados que han perdido contacto con la realidad de sus empresas y se han situado del lado de los dirigentes, centrando su labor en escalar puestos dentro de la estructura de las organizaciones al precio que sea. Y aún así- y esto es quizás lo más grave- los sindicatos siguen arrogándose el derecho de poseer la Verdad Absoluta en asuntos laborales, haciendo gala de un sectarismo sin precedentes, derecho que perdieron a la vez que perdieron el contacto con la realidad laboral de los trabajadores de este país.
Esto, a nivel general. A nivel particular resultaría demasiado prolijo repasar una por una todas la empresas españolas, ni siquiera aquellas lo suficientemente grandes como para contar algo en la lucha sindical. Por eso nos vamos a centrar en aquella que mejor conocemos: la Universidad Complutense de Madrid. Decíamos antes que los sindicatos encabezaron la lucha contra la tiranía. En la UCM son ellos los que se han constituido, paradójicamente (o no), en tiranos, formando una especie de mafia sindical que controla todos los asuntos referentes al personal laboral de esta institución. Sus tentáculos llegan incluso a aquellos estamentos que aparentemente más libres deberían estar de su control, y así es conocida de todos aquellos que estén mínimamente informados la presión que ejercen sobre el Rector y otras figuras dirigentes de la Universidad. Es tal la situación que en muchas ocasiones aparecen planteamientos del tipo “o estás con nosotros o contra nosotros” lanzados contra todos aquellos que por una razón u otra no siguen al dedillo sus arbitrarios dictados.
La defensa de los intereses de los trabajadores ha sido sustituida por la defensa de los intereses personales de los miembros de los sindicatos. Y nótese bien que decimos personales, de personas, y no particulares, de las organizaciones sindicales, algo que después de todo podría tener su sentido. Estos intereses personales van desde intentar hacer carrera dentro de la organización a buscar la manera de obtener los puestos de trabajo más ventajosos, aprovechando la estructura sindical y su poder. Pero también entre estos intereses se cuentan los intereses familiares, cayendo de nuevo en aquello que creíamos pasado después de la liquidación del franquismo y contra lo que tanto lucharon precisamente los sindicatos: el –no ya enchufismo- sino nepotismo puro y duro. Es conocido –y silenciado- por todos que el hecho de ser familiar –por remoto que sea el grado de parentesco- o amigo de algún miembro de un sindicato significa una puntuación adicional que resulta determinante a la hora ganar una plaza en las oposiciones para personal laboral que periódicamente se convocan en la UCM. Es conocido –y silenciado- por todos que la mejor manera de obtener un puesto de trabajo en esta institución es hablar con determinados dirigentes sindicales y miembros del Comité de Empresa, que tienen el poder de influir sobre las comisiones dictaminadoras –aunque oficialmente éstas sean independientes y soberanas, faltaría más- y las instancias que las nombran, y no dudan el utilizarlo. Es conocido –y silenciado- por todos que quien controla las relaciones de puestos de trabajo, los concursos de traslados y todas y cada una de las plazas laborales que existen en la Universidad son los dirigentes de los sindicatos, que no tienen ningún problema en hacer de su capa un sayo y arrebatarle con todas las malas artes imaginables su trabajo a alguien que se les haya podido enfrentar –o que simplemente esté allí sin que ellos le hayan bautizado- para dárselo a alguien de su cuerda, un amigo, un conocido o simplemente quien haya aceptado de manera sumisa y callada la situación creada.
Los avances democráticos, pues, de los que fueron pioneros aquellos viejos sindicalistas, han quedado reducidos en la UCM a un pacto siniestro. Las teorías políticas democráticas que se desarrollaron durante el periodo de la Ilustración se basaban en el pacto o contrato social, contrato que exigía luz y taquígrafos y en el cual todos los firmantes cedían parte de sus derechos con el objetivo de lograr un bien común. Ese pacto ha perdido en la UCM todo su contenido democrático: es siniestro. El término siniestro, para centrar la cuestión, procede de la palabra latina sinistra y tiene su origen, tal y como hoy se entiende, en el aforismo bíblico “no dejes que tu mano derecha sepa lo que hace tu izquierda”. Siniestro es, pues, aquello que está oculto, que es misterioso o que no se debe saber. Aquello que no puede ver la luz y, por extensión, aquello que es malvado, que se debe mantener escondido debido a su maldad intrínseca. Pues bien, es este el tipo de pacto que rige hoy las relaciones laborales en la Universidad Complutense de Madrid. Un pacto oculto según el cual si uno de los firmantes calla las iniquidades del otro éste le promete un puesto de trabajo tarde o temprano. Un pacto que se resume en el “siempre ha sido así”, en el “ya te tocará”, en el “te conviene callarte”. Un pacto que no se puede romper por ninguno de los que lo suscriben, pues su ruptura sacaría a la luz el pacto en su conjunto y por lo tanto su propia ruindad y responsabilidad. Un pacto, por tanto, que ata para siempre y en el que no caben cláusulas de rescisión. Un pacto que sólo se puede denunciar desde el exterior, por parte de aquellos que nunca se han integrado en él, que nunca lo han firmado. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo.