Aun a riesgo de resultar irreverente y de levantar las iras de los sectores biempensantes del panorama político y social, he de decir que en el asunto del empadronamiento de los extranjeros hay unas cuantas cosas que no me cuadran.
Para empezar no me cuadra dónde se origina este problema cuando, según los sondeos de opinión, la inmigración ocupa el noveno lugar en la lista de las preocupaciones de los habitantes de Vic.
En segundo lugar no me cuadra lo siguiente. Según afirma la Abogacía del Estado es ilegal que un ayuntamiento se niegue a empadronar a alguien, sea la situación de este alguien la que sea. Lo cual significa que si yo mañana me voy una semana de vacaciones a Cuenca, por ejemplo, puedo solicitar mi empadronamiento en dicho municipio (lo cual me ahorraría muchos problemas, sobre todo si uno tiene que acudir al médico por alguna contingencia) y no se me podría negar ese derecho. Si la ley dice que las corporaciones municipales deben empadronar a todo aquél que lo solicite entonces el Ayuntamiento de Vic está incumpliendo la ley al negarse a empadronar a extranjeros en situación irregular y no hay más que hablar, porque las leyes hay que cumplirlas. Ahora bien, hay que cumplir todas las leyes y no sólo las que nos interesen o nos vengan bien. Y un individuo que no posee permiso de residencia en España también está cometiendo una ilegalidad. Con lo cual se da la paradójica situación de que un consistorio impide ilegalmente el empadronamiento de una persona que está cometiendo una ilegalidad al residir en ese municipio sin el permiso de residencia correspondiente. Pero todavía hay más. Entiendo que si una persona que comete una ilegalidad acude a una dependencia del Estado y allí se descubre esa ilegalidad, lo que deben hacer los responsables de dicha dependencia, como funcionaros públicos que son, es denunciarla inmediatamente. Con lo cual el ayuntamiento que se niegue a empadronar a extranjeros sin permiso de residencia estaría cometiendo dos ilegalidades: una, no empadronarlos y otra, no denunciar su situación ilegal: vamos ya entonces por tres ilegalidades consecutivas. Lo que deberían hacer entonces los funcionarios del Ayuntamiento de Vic –y de cualquier otro- es empadronar a los extranjeros que lo soliciten aunque no tengan un permiso legal de residencia y simultáneamente llamar a la Guardia Civil para que los detenga, lo cual, me reconocerán, resulta un tanto absurdo. Lo que no acabo de entender es porqué siempre se cargan las tintas sobre las instituciones, democráticas al fin y a la postre, que cometen una ilegalidad y no sobre los sujetos concretos que también las cometen. Quizás sea porque las responsabilidades que se derivan de la ilegalidad de las instituciones entran en un campo tan ambiguo como el de las responsabilidades políticas, mientras que las ilegalidades de los individuos conllevan una responsabilidad personal muy específica. Y claro, de lo que se trata es de huir como de la peste de las responsabilidades individuales.
La tercera cosa que no me cuadra es porqué, si como se ha dicho al principio la inmigración está dejando de ser un problema para gran parte de la población, porque los inmigrantes están retornando a sus países de origen empujados por la crisis económica y la falta de trabajo, de pronto todos los políticos, sean del signo que sean y, arrastrada por ellos y los medios de comunicación, la mayoría de la sociedad, considera este tema de importancia crucial. Como tampoco me cuadra que el señor Rodríguez Zapatero diga que “no va admitir que por un truco unas personas se vean privados de sus derechos más básicos”. Supongo entonces que los ERES de las empresas no son un truco y que los cuatro millones de parados no tienen derecho a un trabajo. En fin, que mucho me temo que soy un xenófobo recalcitrante y por eso no me cuadran estas cosas que al parecer están tan claras para todo el mundo.
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