Por si alguien no lo recuerda, o no lo sabe, o se le ha olvidado, o no se ha dado cuenta, o le han sorbido tanto el seso que ni siquiera lo tomó en consideración en su momento, aún seguimos en Estado de Alarma, estado que se levantará, Dios mediante y si Don José Blanco lo quiere, el próximo día 15 de enero. Es decir, que si ya existían dudas acerca de la legalidad de decretar dicha alarma cuando se hizo, ahora estamos sumidos en un estado de alarma preventivo, en un “por si acaso”, que es ilegal, inconstitucional e irracional –bueno, quizás esto no- a todas luces.
Por si alguien tampoco lo sabe, o no lo recuerda, o se le ha olvidado, el Gobierno decidió a finales del año pasado privatizar la gestión aeroportuaria. No quiero ser yo pájaro de mal agüero y traer a colación el hecho de que cuando el gobierno de Margareth Thatcher decidió privatizar la red de ferrocarriles del Reino Unido, aparte de que dejaron de llegar a su hora –la expresión “puntualidad británica” procedía precisamente de sus trenes- se produjeron una serie de accidentes ferroviarios que provocaron unas cuantas decenas de víctimas. Tengo la mala costumbre de pensar que cuando un miembro de un gobierno dice algo lo que tiene en la cabeza es precisamente lo contrario, así que cuando el Ministro de Fomento afirma que la privatización del control aéreo en España tiene como objetivo, entre otras cosas, quitar poder a los controladores, yo creo que de lo que se trata en realidad es de que hay que quitar poder a los controladores para poder privatizar el servicio sin oposición. Y de ahí viene su persecución, su demonización y la declaración de este y de todos los estados de alarma que puedan venir. Así que ya sabemos que cada vez que el Gobierno quiera privatizar un servicio público lo primero que va a hacer es anatematizar a sus servidores, para que éstos no den problemas y, en caso de darlos, la población los linche socialmente –esperemos que, al menos aún, no físicamente- y así, indirectamente, apruebe esa privatización.
Es así que lo que está haciendo el Gobierno, con el señor Pepiño Blanco a la cabeza, es algo que conocen muy bien los que fueron víctimas de Mao, de Stalin o de Hitler: inventarse una clase social nueva y lanzar contra ella a las masas, en nombre precisamente de la lucha de clases. Insisto, eso es lo que hizo Stalin con los campesinos ucranianos, Mao con los intelectuales o Hitler con los judíos. Y es lo que ha hecho el gobierno del PSOE con los controladores aéreos y, anteriormente, con los funcionarios públicos: se puede bajar el sueldo a éstos y acusarles de ser los responsables últimos de la crisis económica una vez que se ha convencido a la población de que son sus enemigos de clase, y por lo tanto se está seguro de que ésta va a apoyar sin fisuras estas medidas.
Claro está, para conseguir este objetivo es necesario previamente haber tergiversado el sentido de “clase social”, de tal forma que la ciudadanía no sepa lo que significa. Porque resulta que una clase social no es precisamente “social”, sino económica. Es decir, las clases sociales se distribuyen según el sistema económico. Y en un sistema capitalista sólo existen dos: la de aquellos que poseen la propiedad de los medios de producción –empresarios y banqueros- y la de aquellos que sólo poseen su fuerza de trabajo a cambio de un salario (independientemente de la cuantía de éste) que son los trabajadores. Esto se denomina “socialismo” y tiene sus fundamentos en el pensamiento de un señor que se llamaba Karl Marx. Pero claro, no es por casualidad que hace mucho tiempo ya que el PSOE –y toda la socialdemocracia- renegara de las ideas marxistas
No hay comentarios:
Publicar un comentario