La legalidad consiste en adaptarse a la ley, independientemente de si ésta es justa o injusta, o de si el que la cumple lo hace por intereses espurios que van más allá del simple cumplimiento de esa ley. Cuado la izquierda abertzale presenta una agrupación política en cuyos estatutos se rechaza la violencia de ETA, como ha hecho, entonces esa agrupación reúne los requisitos legales para ser considerada democrática, y debe ser legalizada. Cualquier otra forma de entender la cuestión no es más que demostrar que la Ley de Partidos tenía como único objetivo ilegalizar a las formaciones de la izquierda radical vasca, y que por lo tanto mientras exista esa Ley esas formaciones deben permanecer ilegalizadas aunque cumplan la Ley. Decir, como dice el PP (y otros) que esas declaraciones de rechazo a la violencia no son más que una trampa, un engaño para poder participar en las próximas elecciones municipales, es algo que entra en el campo de las intenciones, que es extraño al ámbito legal. Insisto: si alguien cumple la ley –y mientras la cumpla- entonces está dentro de la legalidad, independientemente de las intenciones que tenga ese acatamiento.
Estaríamos hablando, en todo caso, de una cuestión moral, que es ajena al hecho de obedecer o no a la ley. Y es precisamente en el ámbito moral donde el PP (y otros) tienen menos que decir. Resulta indignante, por no decir otra cosa, ver como en este país cada vez más se jerarquiza a las víctimas, existiendo víctimas de primera, de segunda e incluso de quinta fila. Cuando el PP aduce que no hay que permitir el acceso a las instituciones a la izquierda abertzale por respeto a las víctimas se olvida –interesadamente, que a nadie le quepa duda- de que precisamente las víctimas del terrorismo etarra han sido reconocidas, respetadas e incluso subvencionadas por el Estado. No así otras víctimas –decenas de miles- cuyos cuerpos fueron a parar a fosas comunes esparcidas a lo largo de toda la geografía española, eso si no quedaron tirados en cualquier cuneta y sirvieron de alimento a los cuervos. Mientras tanto, quien ordenó sus asesinatos como instrumento político de terror está enterrado en el panteón del Valle de los Caídos –construido por otras víctimas que trabajaron muchos años en un régimen de esclavitud- y los que apretaron el gatillo o los que les animaron a hacerlo han gozado en vida –y siguen gozando después de muertos- de todos los honores y prebendas. Esas también son víctimas, víctimas de una represión organizada y sistemática –y muchas más que las de los terroristas de ETA- que deberían ser objeto del respeto del PP y sus voceros, en lugar de criticar y condenar a aquellos que quieren enterrar y llorar a sus muertos dignamente o a los que intentan ayudarles a conseguirlo. Antes de hablar de respeto a las víctimas el PP y sus perros mediáticos deberían de explicar por qué un juez que ha pretendido reivindicar a las víctimas del franquismo planteando un juicio moral contra sus asesinos ha tenido que salir de España convirtiéndose en el último exiliado de la Guerra Civil. Y tendría que explicar por qué se niega sistemáticamente a condenar el golpe de estado de los generales fascistas que provocó esas víctimas.
Si la Ley de Partidos sitúa fuera de la legalidad a todas aquellas formaciones políticas que no condenan la violencia entonces el PP, que jamás ha condenado la dictadura de Franco –más bien la ha defendido como uno de los periodos más prósperos y más pacíficos de la historia de España y aún cuenta en sus filas con personajes relevantes de aquel régimen- debería ser el primero en ser ilegalizado. Así que más les valdría tener la boca cerrada. Y si quieren respetar a víctimas más actuales pueden empezar por las de los atentados del 11 de marzo, cuyos autores han sido juzgados y condenados por un tribunal de un Estado de Derecho, por mucho que ellos se empeñen en seguir buscando interesados fantasmas donde no los hay. Eso también es respetar a las víctimas, aunque para algunas mentes mezquinas sean víctimas de segunda.
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