23-F

 El ser humano es un animal simbólico. Se alimenta de símbolos y se reconoce en ellos. Su pensamiento y su lenguaje, aquello que le permite entrar en contacto con la realidad que le rodea, crearla y transmitirla son símbolos y precisamente por eso puede convertir en símbolo cualquier hecho, haciendo que trascienda así su cotidianidad. De ahí que las fechas, meras medidas del paso del tiempo, se  vuelvan también símbolos, símbolos con los cuales algunos se identifican y otros, porque comprenden el significado subyacente el simbolismo, no. El 4 de julio, el 14 de julio, el 20 de noviembre, 1789, octubre de 1917. El título de este escrito es también una fecha, una fecha que se ha convertido en un símbolo que tiene una significación precisa para todos aquellos que pasan de los cuarenta. Permítaseme, entonces, que yo no me identifique con él.

 La estrategia es fundamental en la acción política, porque demuestra la racionalidad de esa acción. Una buena estrategia tiene que tener en cuenta no sólo la oportunidad del momento, las condiciones sociales en que las que esa acción se lleva a cabo, condiciones que son, en términos generales, objetivas, sino también las condiciones subjetivas, lo que la ciudadanía tiene en su cabeza, sus pensamientos, sus creencias y su ideología –su falsa conciencia-, en suma, sus símbolos. Y también, por supuesto, hay que estar muy atento a la utilización que el adversario político pueda hacer de esa acción. Teniendo en cuenta todo esto, todavía no me entra en la cabeza quién ha sido el genio de la estrategia al que se le ha ocurrido convocar una manifestación el 23 de febrero, una manifestación que, para mayor desdoro del convocante, finaliza a escasos metros del Congreso de los Diputados. Sólo dos razones se me ocurren para ello: primera, que el susodicho convocante –o convocantes- sean unos ignorantes que no saben que el 23 de febrero del año 1981 el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, irrumpió pistola en mano en ese mismo Congreso que ahora todos se empeñan en rodear o en ocupar o en no se sabe muy bien qué, secuestrando a los diputados y, con ellos, a la soberanía popular y la democracia. Una fecha muy oportuna por tanto -por mucho que en el cartel figure en pequeñito, al lado de los caracteres “23-F”, el año 2013- para que el PP y sus medios afines nos recuerden precisamente ese hecho. Y es que no sé que tienen en la cabeza estos integrantes de la “nueva izquierda” que lo único que hacen es darle coartadas a la derecha. Ahora que por fin su corrupción atávica ha salido a la luz, se las apañan para ofrecerle en bandeja una nueva cortina de humo. Ya puestos, podían haberse manifestado el 18 de julio.

 La segunda razón que se me pasa por la mente es que, conociendo el simbolismo y la relevancia de la fecha, quieran utilizarla como pistoletazo de salida para esa regeneración democrática de la que tanto hablan pero que tan poco explican. He de reconocer que si esta es la razón no soy capaz de captar la asociación simbólica, a no ser que crean que Tejero también intentó una regeneración democrática, o que estén rizando el rizo intentando desligar al 23-F de su actual simbolismo, porque crean que los tiempos que vivimos son producto de aquél hecho e intenten darle otro nuevo.. Eso, o la primera razón, porque si uno se manifiesta con una cruz gigante a la cabeza de la marcha, intentando simbolizar con ello el sacrificio del proletariado o algo así, les puedo asegurar que cualquiera que lo vea lo primero que pensará es que es una procesión En todo caso, pienso que habría sido mucho más oportuno manifestarse el 22, o el 24, o mejor el 27, cuando millones de españoles salieron a la calle para defender el sistema democrático y repudiar la asonada militar.

 De todos modos, algo deben saber los convocantes de la protesta de simbolismo cuando se hacen llamar a sí mismos “Izquierda Anticapitalista”. “Izquierda Anticapitalista” es una tautología, porque toda la izquierda es anticapitalista por definición. Y ahí es donde está el simbolismo: supongo que consideran que hay una izquierda capitalista –la izquierda parlamentaria, imagino- pero que precisamente por ser capitalista no es izquierda. Así que ellos, con su denominación pretenden constituirse en la esencia de la izquierda, por eso insisten en lo de “Anticapitalista”. A mi me parece muy bien que se llamen como quieran, pero si quieren hacer honor a su nombre quizás deberían empezar por exigir un cambio de sistema económico –no político- y no reivindicar derechos que tienen más que ver con el Estado del Bienestar capitalista que con una economía socialista. Ojo, derechos sociales que todo el mundo tendría que tener, con lo que entraríamos a discutir que a lo mejor no todo el capitalismo es tan malo. Pero esto se sale ya del objetivo inicial de este artículo, que, en realidad, no era otro que decir que yo no me manifiesto un 23-F porque no me da la gana.

¿Qué es España?

La lógica nos enseña que la falacia de composición consiste, a grandes rasgos, en confundir la parte con el todo –estrictamente hablando consiste en inferir la verdad del todo a partir de la verdad de las partes-. La lógica es importante no sólo porque es la guía de un pensamiento estricto, sino también porque permite descubrir cuándo este pensamiento está ausente, bien por la falta de capacidad intelectual del agente, bien porque éste tenga como objetivo último el engaño. Lo que viene a querer decir que la lógica no sólo sirve para pensar bien, sino también para que no nos engañen. Traigo esto a colación porque en los últimos días se han dado en la vida política y social dos ejemplos claros de la citada falacia de composición, que, precisamente por la falta de lógica, han pasado inadvertidos –o al menos eso ha parecido- a los medios de comunicación y, en consecuencia, a la población en general. Dos ejemplos que, además, muestran bien a las claras la visión que de España tienen nuestros gobernantes y nuestros empresarios o, lo que es lo mismo, aquéllos a los que más se les llena la boca con el término “España” y los que más presumen de su espíritu patriótico.

 El primero de estos ejemplos es la nacionalización por parte del gobierno boliviano de la empresa que gestionaba los tres principales aeropuertos del país, propiedad de la española Abertis y, a la vez, participada por AENA. No voy a entrar ahora en discutir lo acertado de la medida de las autoridades bolivianas, si es cierto que la citada empresa no invertía lo suficiente o si, a partir de ahora, en esos aeropuertos lo único que van poder aterrizar son aviones de juguete. Lo que entra de lleno dentro del ámbito que hemos tratado más arriba ha sido la reacción del ministro de Asuntos Exteriores –y por lo tanto del Gobierno- ante el hecho. Dicha reacción incide plenamente dentro de la falacia de composición, pues según el señor ministro dicha expropiación es un grave ataque contra los intereses de España y un perjuicio para éstos, con lo cual confunde el todo –España- con la parte –la empresas o empresas españolas- y lo que es  cierto para la parte –que, evidentemente la citada nacionalización supone un ataque contra sus intereses y un perjuicio para ella- se considera verdad para el todo –para toda España-. No es la primera vez que el señor ministro dice algo así. Ya lo hizo cuando el gobierno argentino expropió YPF, filial de Repsol. Y la verdad es que lo que supone un ataque y un perjuicio para los intereses de España –de todos los españoles- es más bien la situación económica y social creada por este gobierno, a la cual no son del todo ajenas las empresas, tanto las que han sido expropiadas como las que no, y no que a una de éstas les quiten sus negocios en el extranjero. El señor ministro de exteriores y el gobierno de España ofrecen, al caer en esta falacia, una muestra clara de lo que entienden por España: España son sus empresas y los intereses económicos que manejan, y no el conjunto de la ciudadanía que se está muriendo de asco.

 Podemos relacionar este ejemplo con otro, cuyo tratamiento por parte de las autoridades y de sus medios afines cae también dentro de la falacia de composición: la situación de Iberia y, en concreto, la huelga que están llevando a cabo sus trabajadores. Para estos señores esta huelga es algo que España no se puede permitir. Hombre, yo más bien creo que los que no se pueden permitir perder su empleo los trabajadores a los que van a despedir. Pero dejando esto aparte, en este caso ya no sólo se habla de los daños económicos para el país, sino que incluso se apela al espíritu nacional y patriótico y se alude a la posible desaparición de la compañía de bandera de España, aquella que lleva los colores de la enseña nacional. Quizás lo que deberían de decir es que la compañía de bandera española ya no es española, sino inglesa, puesto que fue adquirida por British Airways y que los colores de la enseña nacional han quedado reducidos a una compañía Low Cost, que es lo que ha quedado reducido también el país que representa: a un país Low Cost. Como tampoco dicen que el acuerdo al que llegaron los trabajadores con la sección española de la compañía fue rechazado por la matriz británica lo que convierte a la empresa en la única responsable de la situación. En este caso, la falacia de composición es todavía más flagrante, puesto que no confunde a una empresa española con España, sino a una compañía inglesa con España. Que es lo mismo que confundir la tortilla española con la francesa o el “fish and chips” con una merluza a la vasca. Y es que yo, cuando quiero, también se ponerme patriótico.

Corrupción política, corrupción social

Hay dos aspectos que me preocupan especialmente en todo este asunto de corrupción que afecta a la derecha española –y nótese bien que digo “a la derecha”: entender esto es fundamental no sólo para comprender lo que quiero decir, sino también para vislumbrar una salida racional a todo este embrollo-. Estos dos aspectos no son, obviamente, que la historia salga a la luz por una lucha interna dentro del PP, formación que siempre ha pretendido dar una imagen de unidad monolítica, quizás porque es un engendro que en su momento se formó aglutinando a los sectores del centro moderado de la UCD con la extrema derecha de AP, la democracia cristiana y los liberales; como tampoco se trata de que el presidente del gobierno mienta -el PP es experto en mentir a la ciudadanía, no es la primera vez que lo hace ni será la última-, de que utilice un discurso incoherente, cargado de contradicciones y tautologías, de que niegue las pruebas, de que no admita la evidencia o de que su medios afines intenten convencernos de que los círculos son cuadrados  y se inventen todo tipo de conspiraciones. No. Todo esto de alguna manera era de esperar y al único que perjudica es al propio partido, que debería más bien poner orden en su patio, cesar a quien tenga que cesar, dimitir a quien tenga que dimitir y reconocer lo que tenga que reconocer.

 Lo que me preocupa es, en primer lugar, que todos los que ahora claman contra la corrupción política son los mismos que hace poco más de un año concedieron al PP la mayoría absoluta en las urnas. Es en lo único que tienen razón sus dirigentes: en que tienen una mayoría electoral. El PP obtuvo casi 11 millones de votos, aunque ahora todo el mundo niegue haberle votado. Y no vale decir que estaban engañados. Aquellas elecciones se celebraron cuado el caso “Gürtel” estaba en pleno apogeo, con cargos del PP de Valencia, Madrid, Castilla-León y Baleares encausados de una u otra manera. Eso todo el mundo lo sabía y aún así el PP obtuvo la mayoría absoluta. Pero además, las sospechas de corrupción en el PP vienen de mucho antes: en concreto de 1990, con José María Aznar en el poder, cuando estalla el “caso Naseiro”. Esos casi 11 millones de ciudadanos, pues, han votado a un partido corrupto sabiendo que era corrupto, y yo me pregunto si se habría provocado la alarma social que se ha provocado si siguiéramos viviendo en el paraíso artificial de los años 90 del pasado siglo y no en un país con seis millones de parados. Estamos ante un caso de corrupción social que ha tolerado y aupado al poder a la corrupción política.

 Y me preocupa especialmente que cuando un caso de corrupción afecta a la izquierda afecte sólo a la izquierda, pero cuando afecta a la derecha salpique a toda la clase política. Por eso he empezado diciendo que el caso “Gürtel”  y sus derivados que estamos contemplando es propiedad exclusiva de la derecha y sus responsables son únicamente políticos de la derecha. Yo soy de los que piensan que vivimos en una democracia que en cuanto a instituciones es comparable con cualquier democracia occidental. Pero también creo que adolecemos de un grave “déficit democrático”, como se dice ahora, que se personifica en la derecha y en los empresarios de este país. En una derecha que se niega a admitir sus responsabilidades y, ante un caso como el que nos ocupa, en vez de dimitir, que es lo que haría cualquier político occidental, incluso de la derecha –véase si no a la ministra alemana de cultura , que ha dimitido por plagiar su tesis doctoral, algo sin duda menos grave que recibir sobresueldos en negro o blanquear capitales- pone en marcha el ventilador y la política infantil del “y tú más”. Y en unos empresarios que más que empresarios son patronos, que se niegan a invertir en el desarrollo social del país porque sólo piensan en el beneficio y que, en vez de pedir que les impongan una mayor carga fiscal, como hizo Warren Buffett, donan veinte millones a la caridad pública, no por filantropía, sino para pagar menos impuestos. Y encima se les aplaude y admira. Cuando una sociedad pone bajo sospecha a toda la clase política, sin pararse a discernir entre culpables e inocentes, no anda en busca de una regeneración democrática, aunque ella crea que sí, sino que está a un paso del fascismo. Y eso, el fascismo, es lo que buscan los políticos y los medios a los que no les importa enmierdar –y perdón por la expresión, pero no se me ocurre otra más ilustrativa- a todos los políticos y a la Política en general para mantenerse en el poder. Una población que no se da cuenta, o no quiere darse cuenta, de esto –y menos mal que algunos miembros del 15-M ya empiezan a abrir los ojos- está inmersa en la corrupción social, que es mucho más grave que la política porque conduce invariablemente al desastre. Y si no lo creen, ahí está la Historia para demostrárselo.

Qué es ser republicano

 Siempre que veo escrito o escucho ese lema que últimamente se ha puesto tan de moda de “otro mundo es posible”, me pregunto a mi mismo, ya que no puedo hacerlo a quienes lo lanza: “si, ¿pero cuál”.  De la misma forma siempre que contemplo las banderas republicanas que en los últimos tiempos flamean en todas las protestas contra la política del Gobierno y escucho hablar de la necesidad del advenimiento de la III República yo, que soy un republicano convencido, me pregunto: “república si, ¿pero cuál”?. Porque mucho me temo que, como en tantas otras cosas, esos que ahora con tanto denuedo reclaman la llegada de la república no tienen ni idea de lo que tal término significa. Como ocurre con casi todos los objetos políticos, “república” es un término abstracto y vacío, al que hay que dar un contenido y una significación, hay que concretarlo en un conjunto de ideas: ideas que, en cuanto que políticas, deben poder ser llevadas a la práctica.

 Una república no consiste en sustituir un rey por otro, aunque este otro se llame presidente y haya sido más o menos elegido en un proceso electoral. Por eso, para empezar, no se puede reclamar una república porque la monarquía esté implicada en unos cuantos escándalos de corrupción. Primero, porque esos escándalos no son nuevos: el rey Juan Carlos posee la fortuna más grande de España y una de las más importantes del mundo, conseguida no por su salario de rey, sino gracias a ciertos negocios no del todo transparentes con un descendiente lejano del descubridor de América: cuando una sociedad es inmoral lo es porque sus máximos representantes lo son (y viceversa). Y segundo, si el motivo es ese, bastaría con cambiar de monarca o de dinastía. Si nos hacemos republicanos porque el yerno del rey es un corrupto o porque el mismo rey caza elefantes en Bostwana, entonces con poner a otro rey se arregla el asunto.

 Tampoco se puede reclamar una república como reacción contra las decisiones políticas o económicas del gobierno o como respuesta frente a la corrupción política. Esto es confundir las churras con las merinas y no saber de qué se está hablando. El gobierno y la monarquía son independientes. El gobierno representa el poder ejecutivo del Estado, elegido por el poder legislativo o parlamento (y, por tanto, por los representantes de la soberanía popular) mientras que el rey es el jefe de aquél, en tanto en cuanto es su cabeza visible o, como se decía antes, el primer ciudadano. Bien es cierto que, como tal, podría controlar la acción del gobierno, pero también lo es que éste, en una monarquía parlamentaria como la existente, podría perfectamente no hacerle ni caso. El que un gobierno sea corrupto o tome decisiones antisociales no tiene nada que ver con la forma del Estado, y si no recuérdese la actuación de la CEDA durante la II República. Yo me atrevería a asegurar que si ahora se instaurara una república en España su presidente sería José María Aznar –esa ha sido siempre su máxima ambición: ser jefe de Estado- y eso sería, al fin, cambiar un rey por otro. Porque esta es otra cuestión, demasiado ardua para tratarla aquí: qué república se pide: una presidencialista como la norteamericana o la francesa o una parlamentaria como la alemana. O si sólo se pide una república porque suena muy bien: muy radical y todo eso.

 Y, por supuesto, tampoco una república se puede imponer no dejando hablar al que se considera el enemigo, como ocurrió no hace mucho en una frustrada conferencia del ministro Wert en Sevilla. Porque en una república no hay enemigos, sino adversarios, y lo racional –y lo inteligente- es dejar hablar al adversario para poder rebatir sus ideas y, en la medida de lo posible, convencerle a él o a sus seguidores. “No estoy de acuerdo con tus ideas, pero daré mi vida por defender tu derecho a expresarlas”, dijo Voltaire, una de las esencias del republicanismo, no se me negará. Una república es un régimen de libertades –el máximo régimen de libertades, diría yo- y acciones como la de Sevilla a lo único que conducen es a un totalitarismo de corte cuasi-estalinista. Es cambiar un rey por otro.

 La república exige ciudadanos autónomos y responsables, porque sólo con individuos autónomos y responsables se puede edificar la libertad social y política que representa. La república exige ciudadanos formados porque supone la no dependencia de éstos de ningún poder superior, sea éste un rey o un presidente, sino que son ellos los portadores del poder y los que deciden, racionalmente, quién debe representarlo. La república exige ciudadanos y no vasallos. Por eso yo, reitero, soy un republicano convencido y por eso creo que cualquier intento de instaurar una república en las condiciones sociales y políticas actuales es un error –eso, si no es un imposible- porque tarde o temprano acabaría degenerando en una tiranía. Y para terminar, vuelvo al principio. Cuando oigo hablar de formar una Asamblea Constituyente, me pregunto: ¿constituyente de qué?, ¿qué es lo que queremos constituir?. Porque eso es en lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo.

Ajuste de cuentas

 Uno de los mayores problemas de la democracia –y uno de sus mayores peligros- es que camina siempre por el filo de la navaja, con el populismo y la demagogia a un lado y el totalitarismo a otro. Este hecho, del que ya se dieron cuenta los viejos pensadores griegos, exige, para evitar que un mal paso haga caer al funambulista a un lado o a otro del precipicio, una alta educación política en los ciudadanos.  Educación política, que no partidaria o partidista, con la cual aquella suele tender a confundirse y es la que impera en la democracia actual en perjuicio de la primera. Y es que los encargados de impartir esa educación política deben ser, en primer lugar, el Estado, que sólo será tal si los ciudadanos tienen la capacidad de intervenir en su desarrollo, y, en segundo lugar, los propios partidos políticos, que deberían ser los primeros interesados en mantener la buena salud del sistema. El problema es que se tiende a confundir Estado con partido Político; se considera que lo mejor que le puede pasar a un partido político es que controle las riendas del Estado. Así, se subyuga éste a aquél y, de esta forma, la educación política se convierte en educación partidista. La mentalidad política de los ciudadanos considera que ellos ya no son parte integrante  del Estado, sino de la formación política y, por consiguiente, todos aquellos que no se sienten representados por los partidos políticos tampoco se sienten representados por las instituciones del Estado, instituciones, sin embargo, que les pertenecen y de las que forman parte. Queda así abierto de par en par el camino al populismo, en el sentido en que el Estado pasa a considerarse una entidad contraria a los intereses de los ciudadanos que debe ser sustituida por “el pueblo”; y al totalitarismo, pues si el Estado no es nada, entonces “el Estado soy yo”.

 Es a partir de estas premisas que hay que entender algunos de los últimos acontecimientos ocurridos en España. En el caso de Luis Bárcenas, ex tesorero del partido Popular, se tiende a confundir el Estado con el partido, o más bien con un miembro concreto de ese partido, si bien el más determinante. El personaje de Bárcenas en el PP coincide a la perfección con la figura del “boss” que Max Weber analiza en su obra El Político y el Científico. El “boss” es aquél que controla los fondos del partido, que reparte cargos y prebendas entre sus funcionarios y el que maneja, a la formación en la sombra. Nunca ocupa un cargo relevante dentro del gobierno cuando el partido accede al poder, a lo sumo, dice Weber explícitamente, el de senador o gobernador: Luis Bárcenas era uno de los “boss” del parido Popular –otro sería Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón-. Por supuesto, Bárcenas es un delincuente y un corrupto –como el “Nucky” Thompson de Broadwalk Empire- como lo son todos aquellos que aceptaron los sobres que repartía. Pero eso no significa que todos los políticos lo sean. Ya resulta cargante que cada vez que un miembro del partido Popular aparece envuelto en un escándalo de corrupción política, automáticamente se considere que todos los políticos sin excepción son corruptos y, por ende, que todas las instituciones democráticas lo son también. Esto es confundir el estado y la política con el partido Popular. Y eso es tener una mentalidad totalitaria. Si el PP es el Estado, entonces hemos de arrancar el Estado al PP para apoderárnoslo nosotros. Y es que incluso en el PP hay políticos honestos.

 Pero es que. además, el hecho de poseer una educación partidista y no política es lo que impide a los ciudadanos darse cuenta de que todo este asunto no es más que un ajuste de cuentas dentro del Partido Popular, y por eso unos se lanzan a defender al Estado identificado con él y otros a denostarlo. Que aquí la clave de la cuestión no está en las cuentas secretas que Bárcenas tenía en Suiza y EE.UU., algo que ya había descubierto la Fiscalía Anticorrupción, sino en los sobres que aquél entregaba bajo cuerda a los cargos y funcionarios del partido, una información que ha sido sacada a la luz por un diario muy cercano a los sectores más conservadores del PP, y no hace falta ser muy listo para concluir que esa información ha sido filtrada a dicho diario por los citados sectores. No es sino una batalla más en la guerra interna que desde hace tiempo tiene lugar en del partido Popular, la última de las cuales fue perdida por Esperanza Aguirre la que, a lo que se ve, ha pasado al contraataque. Un ajuste de cuentas, repito, del que alguien saldrá vencedor y alguien perdedor. Una purga. Un enfrentamiento como el de “Nucky” Thompson y Arnold Rothstein

Derecho a la huelga

 Cada vez se escuchan con más insistencia voces que reclaman una regulación del derecho a la huelga. Voces que surgen no sólo ya del campo de la derecha más recalcitrante, sino incluso de ámbitos que podrían considerarse, o al menos los que en ellos se sitúan así lo hacen, como progresistas. La tesis de este artículo es muy simple, tanto desde el punto de vista moral, en lo que atañe al “Derecho”, como desde la perspectiva política y social, en lo que corresponde a la “Huelga”. Se resume en una frase: el Derecho a la Huelga no puede –o no debe- ser regulado. Primero, porque hacerlo supondría una inmoralidad y, segundo, porque constituiría un ataque frontal contra las libertades cívicas. Paso a continuación a desarrollar esta tesis.

 Un “Derecho” en cuanto tal, es algo inherente a la condición de ser humano. Los derechos, y su reconocimiento en los demás, es lo que nos hace humanos. Los derechos no se dan o se quitan, porque ello supondría dar o quitar a los seres humanos lo que les constituye como tales. En todo caso los derechos se conquistan y esa conquista, históricamente, ha sido la base del progreso humano. Es decir, ha sido la que ha permitido a los seres humanos ser más humanos y considerarse como tales. Desde el derecho a la libertad frente a la esclavitud que propugna el primer pensamiento cristiano hasta los Derechos del Hombre proclamados en las Revoluciones Norteamericana y Francesa. Alguien podría aducir, empero, que el derecho a la huelga cae fuera del campo del que estamos tratando, pues se trata más de un derecho político o económico que de un derecho humano y que, en cualquier caso, no es comparable el derecho a la huelga con el derecho a la vida o a la libertad. Dejando aparte que, ya por el hecho de ser un derecho político, el derecho a la huelga debe ser considerado como un derecho humano, pues todo lo político es, por definición, humano y, como dijo Terencio, “humano soy y nada de lo humano me es ajeno”, de la misma forma a los que dicen esto –y conociendo, como conocemos, su forma de pensar, pues nada se dice desde el vacío- se les podría replicar que también el derecho a la propiedad privada es un derecho político y social y, por lo tanto, no es comparable con el derecho a la vida o a la libertad. Como no es el momento de entrar en una larga discusión acerca de la superioridad intelectual de Locke sobre Marx o viceversa, dejo aquí cerrada la cuestión.

 En lo que hace referencia a la huelga, ésta viene determinada por el modo de producción capitalista. Una huelga sólo es posible en un sistema económico en el que los medios de producción estén controlados por una clase dirigente y prime el beneficio del capital, porque consiste en una paralización de la producción  y, en consecuencia, en una paralización del flujo de creación y circulación de aquél. De esta manera, en un sistema que no se fundamente en los beneficios del capital –y aquí es indiferente si los sujetos de esos beneficios son individuos privados o el Estado- una huelga no tendría sentido. Por consiguiente, la solución al supuesto problema de las huelgas es bastante simple: cambiemos el sistema económico y la huelga dejará de tener razón de ser. Todo lo demás es intentar ponerle vallas al mar, porque mientras las actuales relaciones de producción sigan vigentes las huelgas se seguirán produciendo como una consecuencia necesaria de aquéllas.

 Por otra parte no es de recibo hacer recaer toda la responsabilidad de una huelga sobre los trabajadores. La huelga es la única arma política y económica de la que disponen éstos para defender sus derechos frente al empresario. Y no sólo la única, sino la más poderosa y, por lo mismo, el último recurso a utilizar. Cuando un grupo de trabajadores convoca una huelga es porque ya han agotado todos los demás mecanismos de solución del conflicto. El primer responsable de la convocatoria de una huelga, por lo tanto, es el empresario –lo mismo que los primeros responsables de que haya toxicómanos son los toxicómanos- porque es el que cierra todas las salidas a sus obreros hasta que éstos se ven obligados a recurrir a ella. Porque lo que siempre se olvida es que quien más perjudicado resulta por una huelga es el propio trabajador, a corto plazo si la gana y a corto y a largo plazo si la pierde. Y los perjuicios y molestias que puedan sufrir el resto de los ciudadanos no son nada comparados con los que sufre el trabajador en huelga que van desde perder su salario hasta perder su trabajo y, tal y como se están poniendo las cosas, probablemente a perder su libertad.

(No) Aprender de los errores

 Dada la actual situación de confusión mental, moral y política, no puedo afirmar dónde se sitúa la izquierda y ni siquiera si existe. Lo que si que veo es que ésta, o al menos aquéllos que se han autoproclamado como sus portadores –aunque sea difícil determinar cuáles son las posturas de izquierda desde hace ya más de cincuenta años- están cometiendo los mismos errores que siempre han cometido. Esto resulta especialmente grave para su determinación como postura política porque supone, sobre todo, olvidar la Historia. Y es la historia, si es que es algo, y más específicamente la comprensión de la marcha de ésta, la que constituye la esencia intelectual de la izquierda.

 Desde esta falta de comprensión histórica es posible comparar las actuaciones y actitudes de la izquierda de este país, con las que llevaron a cabo sus homónimos en la Alemania hitleriana y prehitleriana, en una situación social que, salvando el escollo cuasifundamental de la actual carencia de conciencia de clase, puede considerarse muy parecida a la de hoy: crisis económica profunda, quiebra de empresas, paro desbocado y miseria y desestructuración social. Para no repetir demasiado lo que ya debería ser sabido, sólo apuntar que fueron éstas condiciones, unidas a la conducta de las organizaciones de izquierda, las que abrieron de par en par las puertas al fascismo nacional-socialista.

 En primer lugar la izquierda más moderada, la socialdemocracia del SPD, durante su época de gobierno en la República de Weimar reprime con dureza extrema las manifestaciones obreras, procesa a sus líderes y permite, por el contrario, que el por entonces débil Partido Nacional-Socialista tome fuerza al acaparar el descontento de las clases medias provocado por sus política económica. En Marzo de 1930, el Presidente Hindenburg, para intentar paliar el desastre económico producido por la crisis de 1929 y el gobierno socialdemócrata, nombra canciller al derechista Brüning, que aumenta los impuestos y reduce los salarios y la cobertura por desempleo. En las elecciones de septiembre de ese mismo año el partido nazi pasa de 800.000 votos a 6.400.000 y de 12 diputados a 107. Ya con Hitler en el poder -y con Thälmann, su principal líder, en manos de la Gestapo y la gran mayoría de sus cuadros detenidos o exiliados- los 60 diputados del SPD apoyan por unanimidad en el Parlamento la política exterior del gobierno (la que conduciría a la II Guerra Mundial). Eso ocurre a finales de abril de 1933; el 19 de junio el SPD decide expulsar a sus miembros judíos y el 24 de ese mismo mes es disuelto por una orden gubernamental. Un entreguismo son parangón en la Historia hasta que el PSOE del señor Rodríguez Zapatero afronta la crisis actual, apoya a los bancos y las grandes empresas y recorta los derechos de los trabajadores, hace que se disparen las cifras del paro y pierde estrepitosamente las elecciones dejando paso a un gobierno de centro-derecha que continúa, de forma más acusada, con la política de recortes sociales. Se gana, de la misma que se lo ganó el SPD, el apodo de “socialfascista”, mientras la Historia continúa.

 ¿Qué hace, entretanto, la izquierda más radical alemana representada en aquel entonces por el Partido Comunista (KPD)?. Pues seguir los dictados de Stalin, denunciar la democracia parlamentaria y sus instituciones, incluidos los sindicatos, como fascista y burguesa, negarse a una alianza con el SPD para parar los pies al triunfante nacional-socialismo por considerarle aliado del fascismo -aunque aquí, en justicia, hay que decir que lo era y que tampoco sus dirigentes aceptaron crear un frente con el Partido Comunista- y propiciar así el ascenso de Hitler bajo la propuesta ideológica, por falsa, de que la llegada de éste al poder supondría el principio de una Revolución surgida por arte de magia no se sabe muy bien de dónde, pues no reaccionaron ni siquiera cuando se les acusó de incendiar el Reichstag. La izquierda radical –o al menos eso es lo que ellos creen- de este país, surgida de movimientos como el 15-M y el 25-S, sigue el mismo camino. Denuncian la democracia parlamentaria como fascista, rodean el Congreso y acusan a todos los políticos, sin excepción, de corruptos, sin proponer un sistema alternativo, mientras se alinean con los medios de la derecha en su acoso a los sindicatos. Organizan asambleas pretendiendo convertirse en “la Voz del Pueblo”, demostrando así sus tendencias totalitarias y erigiéndose, sin mandato de nadie, en vanguardia de una Revolución ilusoria y un proletariado inexistente. Rechazan cualquier unión con la izquierda parlamentaria, aludiendo a la posibilidad de otro mundo, pero sin decir cuál. Y mientras tanto, y esto que a nadie se le olvide, propician el ascenso al poder del PP. No saben nada de la Historia y, así, se ven condenados a repetir sus errores.