En mi último artículo hablaba sobre
los mitos que ha creado la llamada nueva izquierda. Al hilo de ello, quiero
incidir hoy en un ejemplo palpable de esta actitud: el anuncio efectuado por la
Junta de Andalucía de implementar una ley que obligue a los bancos a alquilar
los pisos vacíos que posean, bajo multa de 9000 euros por piso, y que regula
–por decirlo de alguna forma- la expropiación de las viviendas, propiedad de
esos mismos bancos, de aquellos ciudadanos amenazados de desahucio por impago
de sus deudas hipotecarias. Expropiación que tiene como objetivo permitir que
esos ciudadanos no sean desalojados de sus casas durante un periodo de tres
años. Con un par, que diría un castizo. A mi todo esto me parece una auténtica barbaridad,
y voy a intentar explicarles por qué.
Empecemos
por lo evidente. Es evidente que el desarrollo de esta legislación es una
medida populista –al estilo de los ranchitos de Chávez, por cierto- que tiene un objetivo doble:
seguir manteniendo el caladero de votos del PSOE en Andalucía con una nueva
versión del voto esclavo y, por supuesto, tapar el escándalo de corrupción de
los ERE falsos. Porque de la misma manera que estoy convencido de que el señor
Rajoy y la cúpula del PP conocía los tejemanejes del señor
Bárcenas, y si no los conocía lo que deberían de hacer es marcharse, estoy
convencido de que el señor Griñán y la cúpula del PSOE en Andalucía conocía los
tejemanejes del señor Guerrero, y si no los conocía lo que deberían de hacer es
marcharse. Sólo esto bastaría para concluir que esta medida no es de
izquierdas, pero eso lo dejaré para más adelante. De momento, sigamos con lo
evidente. Es evidente que esta medida es anticonstitucional porque va en contra
del derecho a la propiedad privada que, nos guste o no, es un derecho recogido
en la Constitución. De la misma manera es evidente que lo único que va a conseguir
es deteriorar aún más la ya deteriorada economía andaluza, porque poner de
golpe y porrazo una cantidad aún sin determinar de pisos en alquiler en el
mercado, pero en todo caso muchos, va a terminar de hundirlo. También resulta evidente
que el dinero para las expropiaciones tendrá que salir de algún sitio, en concreto
de los contribuyentes andaluces que van sufragar así las viviendas de aquellos
no pueden hacer frente a sus préstamos hipotecarios. Y por último es evidente
que una Comunidad Autónoma no puede elaborar una ley que afecta a los intereses
de entidades o particulares que no residen en dicha Comunidad, algo para lo
cual sólo está capacitado el Gobierno central y el Parlamento nacional. Si
mañana el gobierno del señor Griñán expropia o multa a un banco que tenga su
sede social en Madrid, por ejemplo, éste interpondrá una demanda ante un
juzgado de Madrid, el cual, al no figurar en la legislación de dicho territorio la citada ley, dará la razón al demandante. Yo no soy abogado, pero esto me parece de
lo más lógico. En resumen, es evidente que la medida anunciada a bombo y
platillo por la señora consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, es un brindis
al sol, que nunca se llevará a efecto.
Pasemos
ahora a lo que no resulta tan evidente. ¿Es la medida tomada por el gobierno
andaluz de izquierdas?. No. Y no lo es por dos motivos –aparte del evidente
señalado más arriba-. El primero de ellos ya ha sido desarrollado de manera
magistral por Enrique Mesa en uno de los artículos de su blog, y aquí sólo voy
a resumirlo. El ideal del pensamiento de izquierda es alcanzar la autonomía del
individuo. Cuando a éste se le da todo hecho –que es en el fondo lo que propone
la ley andaluza- se están cercenando sus posibilidades de ser autónomo:
no necesita, de hecho, serlo, porque ya hay otros que piensan y actúan por él
–el estado-. Lo único que se consigue así son estómagos agradecidos que seguirán
fielmente las consignas del poder. El segundo tiene que ver con la esencia
misma de los planteamientos de Marx, que entiendo que es, o debería ser, la esencia misma de la izquierda. La ley
articulada por el gobierno andaluz no ataca el fondo del problema, sólo rasca
en la superficie del sistema económico y no profundiza en su transformación,
por mucho que se le llene la boca a la consejera de Vivienda de la Junta, que
parece ser que es comunista o al menos eso dice. No nacionaliza los bancos, ni los
medios de producción de las empresas –que son las que han despedido a los
trabajadores que ahora no pueden pagar su hipoteca, que a nadie se le olvide-
sino los pisos que poseen aquéllos –que es lo mismo que nacionalizar el
edificio de una fábrica pero no las máquinas-. Sin embargo, la propiedad
privada que genera capital y en consecuencia tasa de explotación de los
trabajadores es la propiedad privada de los medios de producción. De esta
manera, se deja intacto el mecanismo de explotación y así, implícitamente, se lo protege, pues permite dar la impresión
de que la nacionalización de un bien es la nacionalización del sistema de
producción, quedando este salvaguardado de futuros ataques porque en el
imaginario colectivo ya está nacionalizado. Pero esto, claro, es pensamiento de
izquierda.
1 comentario:
Me gusta no solo porque se me cite, cosa justa sin duda, sino porque me parece que ya es hora de empezar a desmantelar a esta izquierda de pastel.
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