jueves, 11 de abril de 2013

Con un par


 En mi último artículo hablaba sobre los mitos que ha creado la llamada nueva izquierda. Al hilo de ello, quiero incidir hoy en un ejemplo palpable de esta actitud: el anuncio efectuado por la Junta de Andalucía de implementar una ley que obligue a los bancos a alquilar los pisos vacíos que posean, bajo multa de 9000 euros por piso, y que regula –por decirlo de alguna forma- la expropiación de las viviendas, propiedad de esos mismos bancos, de aquellos ciudadanos amenazados de desahucio por impago de sus deudas hipotecarias. Expropiación que tiene como objetivo permitir que esos ciudadanos no sean desalojados de sus casas durante un periodo de tres años. Con un par, que diría un castizo. A mi todo esto me parece una auténtica barbaridad, y voy a intentar explicarles por qué.
 Empecemos por lo evidente. Es evidente que el desarrollo de esta legislación es una medida populista –al estilo de los ranchitos de Chávez, por cierto- que tiene un objetivo doble: seguir manteniendo el caladero de votos del PSOE en Andalucía con una nueva versión del voto esclavo y, por supuesto, tapar el escándalo de corrupción de los ERE falsos. Porque de la misma manera que estoy convencido de que el señor Rajoy y la cúpula del PP conocía los tejemanejes del señor Bárcenas, y si no los conocía lo que deberían de hacer es marcharse, estoy convencido de que el señor Griñán y la cúpula del PSOE en Andalucía conocía los tejemanejes del señor Guerrero, y si no los conocía lo que deberían de hacer es marcharse. Sólo esto bastaría para concluir que esta medida no es de izquierdas, pero eso lo dejaré para más adelante. De momento, sigamos con lo evidente. Es evidente que esta medida es anticonstitucional porque va en contra del derecho a la propiedad privada que, nos guste o no, es un derecho recogido en la Constitución. De la misma manera es evidente que lo único que va a conseguir es deteriorar aún más la ya deteriorada economía andaluza, porque poner de golpe y porrazo una cantidad aún sin determinar de pisos en alquiler en el mercado, pero en todo caso muchos, va a terminar de hundirlo. También resulta evidente que el dinero para las expropiaciones tendrá que salir de algún sitio, en concreto de los contribuyentes andaluces que van sufragar así las viviendas de aquellos no pueden hacer frente a sus préstamos hipotecarios. Y por último es evidente que una Comunidad Autónoma no puede elaborar una ley que afecta a los intereses de entidades o particulares que no residen en dicha Comunidad, algo para lo cual sólo está capacitado el Gobierno central y el Parlamento nacional. Si mañana el gobierno del señor Griñán expropia o multa a un banco que tenga su sede social en Madrid, por ejemplo, éste interpondrá una demanda ante un juzgado de Madrid, el cual, al no figurar en la legislación de dicho territorio la citada ley, dará la razón al demandante. Yo no soy abogado, pero esto me parece de lo más lógico. En resumen, es evidente que la medida anunciada a bombo y platillo por la señora consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, es un brindis al sol, que nunca se llevará a efecto. 
 Pasemos ahora a lo que no resulta tan evidente. ¿Es la medida tomada por el gobierno andaluz de izquierdas?. No. Y no lo es por dos motivos –aparte del evidente señalado más arriba-. El primero de ellos ya ha sido desarrollado de manera magistral por Enrique Mesa en uno de los artículos de su blog, y aquí sólo voy a resumirlo. El ideal del pensamiento de izquierda es alcanzar la autonomía del individuo. Cuando a éste se le da todo hecho –que es en el fondo lo que propone la ley andaluza- se están cercenando sus posibilidades de ser autónomo: no necesita, de hecho, serlo, porque ya hay otros que piensan y actúan por él –el estado-. Lo único que se consigue así son estómagos agradecidos que seguirán fielmente las consignas del poder. El segundo tiene que ver con la esencia misma de los planteamientos de Marx, que entiendo que es, o debería ser, la esencia misma de la izquierda. La ley articulada por el gobierno andaluz no ataca el fondo del problema, sólo rasca en la superficie del sistema económico y no profundiza en su transformación, por mucho que se le llene la boca a la consejera de Vivienda de la Junta, que parece ser que es comunista o al menos eso dice. No nacionaliza los bancos, ni los medios de producción de las empresas –que son las que han despedido a los trabajadores que ahora no pueden pagar su hipoteca, que a nadie se le olvide- sino los pisos que poseen aquéllos –que es lo mismo que nacionalizar el edificio de una fábrica pero no las máquinas-. Sin embargo, la propiedad privada que genera capital y en consecuencia tasa de explotación de los trabajadores es la propiedad privada de los medios de producción. De esta manera, se deja intacto el mecanismo de explotación y así, implícitamente, se lo protege, pues permite dar la impresión de que la nacionalización de un bien es la nacionalización del sistema de producción, quedando este salvaguardado de futuros ataques porque en el imaginario colectivo ya está nacionalizado. Pero esto, claro, es pensamiento de izquierda.

1 comentario:

Enrique P. Mesa García dijo...

Me gusta no solo porque se me cite, cosa justa sin duda, sino porque me parece que ya es hora de empezar a desmantelar a esta izquierda de pastel.