Los funcionarios y las huelgas

El próximo día veinticinco de marzo ha sido convocada una huelga de funcionarios docentes de Enseñanzas no Universitarias de la Comunidad de Madrid. Como miembro del colectivo llamado a movilizarse considero que este paro está equivocado en el fondo y en la forma. Y ellos por tres razones principales.
La primera -y posiblemente esta sola bastara- es de índole moral. Convocar una huelga sectorial –y más de funcionarios públicos- cuando en el país hay más de cuatro millones de parados, personas que en muchos casos no cobran siquiera el subsidio de desempleo, resulta insolidario e inmoral.

En segundo lugar la huelga se convoca bajo el lema “Por la defensa de la Enseñanza Pública”. Como la enseñanza pública no es una entelequia y cuando se habla de su defensa se hace referencia a un modelo concreto de educación, es necesario analizar ese modelo antes de lanzarse a su heroica salvaguardia. Este modelo consiste en que los alumnos no sólo no saben nada, es que además las administraciones educativas y los supuestos expertos se afanan en que cada vez sepan menos. Consiste en que cada vez se ponen más obstáculos a los profesores para poder enseñar –que se supone que es para lo que les pagan-; en lugar de eso se les ha transformado en burócratas que tienen como objetivo fundamental rellenar papeles, asistir a reuniones sin sentido –robando así tiempo para poder hacer su auténtica labor, que es ilustrar a sus alumnos- y se les ha obligado a asumir el papel de padres, madres, psicólogos, asistentes sociales, confesores e incluso jueces. Un sistema en el que bajo la excusa de la conciliación de la vida familiar y laboral se ha convertido a los centros educativos en guarderías para adolescentes. Un modelo, en suma, indefendible desde cualquier punto de vista, con el que lo mejor que se puede hacer es dejarle que reviente para construir sobre sus cenizas una escuela realmente ilustrada e ilustradora.
En tercer lugar, los problemas de la Comunidad de Madrid son globales, no sectoriales, y tienen nombre y apellido: Esperanza Aguirre. La única lucha planteable es una lucha global contra el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, no paros aislados por sectores que no conducen a nada. Que la Educación haga huelga hoy, la Sanidad mañana y los Bomberos pasado sólo conduce al desgaste político y no ofrece ninguna solución real. Se debería plantear una movilización –política, por supuesto- total que paralice la región durante una semana, o un mes, o el tiempo necesario hasta que el gobierno ceda. A un elefante no se le mata con un tirachinas, a lo sumo se le hacen cosquillas. Lo demás son juegos que sólo sirven para que Esperanza Aguirre se carcajee desde su sillón.
Al hilo de este tema quizás resulte necesario aclarar por qué una huelga de funcionarios es inmoral en la situación actual. Los funcionarios, tal y como están las cosas, son (o somos) unos privilegiados. No se tomen estas palabras como un apoyo a las barbaridades que gusta de decir la presidenta de la Comunidad de Madrid y atiéndase al siguiente ejemplo, ficticio pero bastante ilustrativo.

Supóngase una institución pública donde trabajan todo tipo de funcionarios en los más diversos puestos. Supóngase que uno de esos funcionarios tiene la función, por ejemplo, de cuidar un rebaño de ovejas (pequeñito, no más de veinte animales). Su trabajo es simple: limpiar los establos, darles de comer y de vez en cuando recortarles las pezuñas. Ese funcionario tiene un nivel salarial no demasiado elevado –pongamos por caso C2- lo que aún así supone una cualificación mínima de Bachillerato- y además su plaza lleva asociado un plus por trabajar algunos fines de semana –porque las ovejas no se cuidan solas ni siquiera los fines de semana- de pongamos unos 400 euros al mes. Este señor se está embolsando, con todo, unos mil ochocientos euros limpios mensuales y su puesto de trabajo no corre peligro por muchas crisis que haya. Veamos ahora como cumple su función. Con una jornada laboral de ocho horas posiblemente en cuatro –o menos- podría haber concluido todas sus obligaciones. Ahora bien, si alguien pasara por el establo ficticio vería que la porquería hay que quitarla con una excavadora porque hace meses que no se limpia, que las ovejas tienen las pezuñas como babuchas morunas porque hace, no meses, sino años que se las recortan y, según demuestras los marcajes de la ficha de nuestro funcionario imaginario de los días festivos que tiene que trabajar –por lo que se embolsa, recordemos, cuatrocientos euros- la mitad no va, de tal forma que las ovejas –que no son seres racionales y que no saben en qué consiste racionar el alimento- están al borde de la inanición. Si se le encarga encalar el establo dirá que es trabajo del funcionario pintor y si descargar un camión de paja que del funcionario descargador. Por supuesto se aprovechará del trabajo de sus compañeros y aun así exigirá sus derechos y pondrá el grito en el cielo cada vez que no sean satisfechas sus exigencias. Si se pregunta a sus superiores directos las respuestas serán de lo más variopinto, desde el supuesto desconocimiento del asunto hasta que el hombre no da más de sí –si no da más de sí, no se ve muy bien como ha obtenido el puesto-. En cualquier empresa privada este señor hubiera durado cinco minutos. En la institución pública en la que trabaja se jubilará a los sesenta y cinco años y cobrará su pensión íntegra. Esperanza Aguirre no tiene razón, pero como este caso ficticio hay miles. Como ya dije una vez para hacer huelga uno, primero, tiene que hacer su trabajo y, segundo, hacerlo bien.

Esperanza Aguirre o la esencia de la dictadura

Si quien comete un delito se investiga a sí mismo lo más probable es que en diez minutos decida que es inocente y, de consiguiente, que las acusaciones contra él han sido malévolamente inventadas. Esto lo sabe cualquier póngido descerebrado. No se entiende, entonces, el porqué del crujir de huesos y el rechinar de dientes cuando una comisión de investigación del PP, formada en un parlamento dominado por el PP, en un gobierno del PP decide que las supuestas irregularidades del PP no son tales. En realidad, decide que no es necesario siquiera investigarlas. ¿Acaso alguien esperaba lo contrario?.

Las actuaciones políticas del gobierno regional (y no se olvide lo de “regional”) de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma rebasan todo lo que cualquier ser razonable puede tolerar. Ya no es sólo el continuo insulto a la inteligencia que suponen sus mentiras (para que se insulte a la inteligencia de alguien al menos debe tenerla), es algo mucho más básico: la subversión de toda legalidad y legitimidad democráticas. Hace mucho tiempo que Esperanza Aguirre y Gil de Biedma decidió que en Madrid mandaba ella –la base de todo sistema democrático, recogida en la Constitución, es que el poder reside en el pueblo- y podía hacer por lo tanto lo que le viniera en gana. Así, en Madrid, durante el mandato de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma se han conculcado los fundamentos del Estado de Derecho, se ha destruido todo el tejido social y público, se ha puesto a todos los madrileños al margen de la Ley al desobedecer sistemáticamente las normas emanadas del Parlamento y del Gobierno nacionales, se ha enriquecido a los amigos y defenestrado a los enemigos. Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, en suma, se ha comportado como lo haría cualquier tirano al uso.
La Ciencia Política enseña y la Historia demuestra que ganar unas elecciones no es garantía de democracia. Si un dirigente rompe con la legalidad del Estado –que no es él, mal que les pese a Luis XIV y a Esperanza Aguirre y Gil de Biedma- automáticamente pierde su legitimidad, pues ésta viene otorgada por la legalidad que se está transgrediendo. Y esto es lo que ha hecho el gobierno de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma. Se ha transformado, gracias a su comportamiento político, en un régimen ilegal e ilegítimo que cada vez más se acerca peligrosamente a la esencia de una dictadura, controlando todos los resortes del poder. En la Comunidad de Madrid ya no existe distinción entre los poderes legislativo y ejecutivo, parlamento y gobierno, pues el segundo ha convertido al primero en una marioneta de sus dictados. Y tampoco es posible hablar de una independencia real del poder judicial. Cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido nombrado directamente por Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, cuando los jueces madrileños –ya sea por afinidad, ya por miedo- actúan de consuno con las decisiones políticas de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma y sus voceros (véase un caso tan sintomático como el del ácido bórico) resulta irónico, no sólo hablar de independencia judicial, sino acusar a otros jueces de no ser independientes. En estas circunstancias no es de extrañar su insistencia en que el juez Garzón se inhibiera en la investigación de la trama de corrupción del PP a favor de los tribunales madrileños: sabe de sobra que resultarán inocentes como niños.
El que un gobierno espíe a miembros de su propio partido significa que es capaz de espiar a cualquier ciudadano. Y no sólo de espiarle, porque nadie espía porque sí. Esto nos convierte a todos en sus víctimas potenciales –si no ya actuales-. La impunidad que supone el hecho de que el poder judicial esté preso –por unos u otros motivos- de Esperanza Aguirre y Gil de Biedma y su gobierno nos deja además indefensos ante sus prácticas totalitarias. Que se lo pregunten si no al doctor Luis Montes al que se le destrozó la vida y ni siquiera una sentencia judicial a su favor –sorprendente, por otro lado- ha servido para que Esperanza y Gil de Biedma y sus compinches de toda laya se la restituyan.
Dijo Marx que la historia siempre se repite dos veces, una como tragedia y otra como comedia. Si Esperanza Aguirre y Gil de Biedma tuviera un bigotito y se llamara Adolfo estaríamos ante la repetición cómica de la historia. Cómica, si, pero no por eso menos preocupante.

Vivir en paz

Uno de los identificadores más reveladores del poder es su afán por acotar de forma progresiva el ámbito de la vida privada, su intento por controlar cada vez más esferas de la existencia de los individuos, reduciendo de forma paulatina el campo donde éstos pueden verse libres de los instrumentos de control. Siempre que exista una mayor o menor interferencia en la vida personal de cada uno podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos ante una relación de poder, o al menos ante la intención de establecerla. Desde la institución escolar que indaga en las condiciones personales y familiares de los alumnos en aras de una supuesta mejora de las herramientas pedagógicas hasta la pareja que para demostrar su amor llama cada cinco minutos interesándose por la posición física de su media naranja, pasando por los gobiernos que se afanan en controlar la vida de sus ciudadanos escudándose en una protección paternalista de su salud –no fumes, no bebas- o cayendo directamente en una ilegítima intromisión moral –fumar es malo- o pretenden obtener los datos de los usuarios de las tarjetas telefónicas –por ejemplo- no está muy claro si para protegernos de los terroristas o de nosotros mismos. En cualquier caso en todas y cada una de estas situaciones nos hallamos ante relaciones de poder que pretenden un control exhaustivo de la vida de los demás.
Con todo, quizás las instituciones que más destaquen en la intromisión y el dirigismo de la vida privada sean las religiones. Desde que un niño nace en el seno de una familia cristiana, o musulmana o judía, ya se le considera como un niño cristiano o musulmán o judío, antes de que tenga conciencia para darse siquiera cuenta de que es una persona –y mucho menos para decidir libremente qué clase de persona quiere ser- y desde ese momento comienza el control sobre su vida. La religión le dirá lo que tiene que creer, lo que tiene que pensar , lo que tiene que hacer, qué está bien, qué está mal e incluso en qué debe ocupar su tiempo –aunque esto último también lo hacen los gobiernos de cualquier sigo, seamos honestos-. Esto no sería criticable en adultos responsables que libremente deciden adoptar una creencia religiosa, pero estamos hablando de niños a los que se les fuerza desde pequeños a profesar una religión y se les etiqueta con respecto a ésta. Pero ahí no queda la cosa, porque los adultos responsables que libremente han decidido no profesar ninguna religión también están bajo el punto de mira de éstas. Así, o bien se les amenaza con castigos absurdos como ir al Infierno si no se pliegan a la moral que se les pretende imponer o, lo que es aún más grave, se fuerza a los Estados para que sean ellos quienes impongan esa moral a todos los ciudadanos, para que sean las normas religiosas las que regulen la convivencia social, fundándose no se sabe muy bien en qué supuesta universalidad de dichas normas, porque si algo demuestra la Historia de la Cultura es que no hay nada más relativo que la religión.
Aunque lo anterior es aplicable a todas las religiones sin excepción, ha sido la Iglesia Católica la que más lejos ha llegado en esta intromisión en la vida privada de la gente, queriendo extender su control al acto más íntimo del ser humano: su propia muerte. Si de algo podemos estar seguros es de que vamos a morir y si en algo podemos demostrar la libertad que nos configura esencialmente como seres humanos, si hay algo que siempre estará bajo nuestro control y que nadie, absolutamente nadie, podrá arrebatarnos nunca es la decisión radicalmente libre de elegir cómo queremos morir -teniendo claro que esta libertad no puede extenderse, como es lógico, a la causalidad física y biológica que es la única que nos determina- . La Iglesia Católica no tiene ningún derecho a obligar a nadie a prolongar su vida –o más bien su agonía- en condiciones que difícilmente pueden ser catalogadas como tal vida, por la sencilla razón de que la vida de cada uno es de cada uno, no de Dios y mucho menos de su representante en la Tierra. Cada uno decide lo que hace con su vida y esto incluye terminarla cuándo lo considere oportuno. Y un estado no puede aliarse con la Iglesia o sencillamente dejarse manejar por ella porque en ese caso deja de ser un Estado civil y se convierte en un Estado religioso, rompiendo así el pacto social que, por definición, se establece con la sociedad civil y perdiendo de esta forma su legitimidad como Estado. Ni la Iglesia, ni el Estado, ni el vecino de enfrente tienen derecho a decirnos cómo debemos vivir nuestra vida porque la vida de cada cual es única y exclusivamente suya.

Neciolandia

Resulta que el primer penado –y probablemente el único- en los casos de corrupción del PP ha sido el Ministro de Justicia del gobierno del PSOE. Si alguien es capaz de entenderlo entonces es que está en un plano intelectual superior al del resto de los mortales o que es tan sinvergüenza como los sinvergüenzas populares. Ahora parece que el único que ha cometido un delito ha sido el Ministro por cazar sin licencia. Como todo el mundo sabe ningún cazador español caza sin licencia, es más, los miembros del PP, los dueños de las grandes fincas y los grandes cotos, no cazan: son grandes amantes de los animalitos y los cuidan, los miman y están intentando clonar a la madre de Bambi.
Seamos serios. En condiciones normales que un cargo público haga algo como lo que ha hecho el señor Bermejo es suficiente para que dimita o se le cese de forma fulminante. Eso, en condiciones normales. Pero también en condiciones normales a nadie –y digo bien: a nadie- le hubiera importado un ardite que este señor cazase sin licencia, como no le importó a nadie que el Rey cazase osos borrachos en Rusia. De hecho, a alguno le pareció normal y hasta gracioso. Lo que pasa es que las condiciones no son normales. El PP necesita tapar a los verdaderos delincuentes, a los que han expoliado las Comunidades y los Ayuntamientos que gobiernan, a los que han enriquecido a sus amigos y de paso se han enriquecido ellos, a los que han convertido a España en su empresa privada, a los que todavía no han olvidado como el gran Papá Franco les protegía y aplaudía sus tropelías que –mucho me temo- seguirán cometiendo. El PP ha utilizado la única táctica que conoce, la del “y tú más”, la del “yo no he sido”, la del “pobrecito de mí que todos están en mi contra”, la de la mentira y la manipulación. Dicen que los chinos dicen que cuando el dedo señala la luna el necio mira al dedo. El sueño del PP –y lo está consiguiendo, con la inestimable ayuda del PSOE- es convertir al país en Neciolandia, un país de tontos que miren el dedo –e incluso lo corten- sin tan siquiera saber que existe la luna. De hecho anunciaron sin ningún pudor -después de celebrar la dimisión del Ministro como una gran victoria- que el siguiente era el juez Garzón por no inhibirse en los casos de corrupción que investiga. Y es que la mejor manera de no cometer delitos es que ningún juez los investigue y si pretende hacerlo quitarle de en medio. Esto supone la más absoluta perversión de la democracia y el Estado de Derecho, algo en lo que el PP lleva instalado desde hace más de diez años. Lo que se está enseñando es que no se trata de no cometer delitos, ni siquiera de que no te descubran, sino de que no te acusen. Y si te acusan has de ser lo bastante insistente, cínico y caradura para acusar al acusador y convertirle a él en el delincuente. Es el redescubrimiento del anillo de Giges y no sería de extrañar que a este paso el único sitio donde se puedan encontrar personas íntegras, honestas y justas sean las cárceles.
Así las cosas no es de extrañar que un jurado popular haya absuelto a un individuo que asesinó de cincuenta y siete (57) puñaladas a dos homosexuales, alegando que actuó en defensa propia. Resulta que el angelito, muy macho él, salió de su pueblo con ganas de marcha, se fue a un bar, se puso hasta arriba de whisky y de coca, aceptó ir con la pareja a casa de éstos y, una vez allí, cuando la orgía seguía su curso natural, tuvo “miedo insuperable a que le violaran” y asestó 35 puñaladas a uno y 22 a otro, les robó y quemó el piso. Y ahora el famoso jurado-no se si popular, pero desde luego si homófobo y fascista- decide que es inocente. Y esto lo permite un juez –de los que hacen huelga- un gobierno y un país, sin que nadie sea capaz de declarar a estos sujetos incompetentes e ingresarles en un psiquiátrico, porque quien se atreve a afirmar que algo así es defensa propia debe de tener las facultades mentales perturbadas. Esto es lo que ocurre cuando se pone a la masa –en este caso más bien a la chusma- a juzgar a sus congéneres. Mientras no se eduque a la sociedad la institución del Jurado es un peligro público que hay que eliminar cuanto antes. Eso, o los hacemos hijos predilectos de Neciolandia

Fascismo social

El poder de manipulación e idiotización de algunos medios y la progresiva masificación del cuerpo social están provocando un deslizamiento de la sociedad hacia posiciones cada vez más peligrosas que deberían preocupar a cualquiera dotado de un mínimo de racionalidad. Sirvan tres situaciones concretas para dar cuenta de esta afirmación.
Para empezar, el hecho de que niños y niñas de catorce años estén acudiendo como protagonistas a programas de televisión que sólo tienen por objeto excitar el morbo y las pasiones más bajas de los espectadores, y de paso, ganar audiencia; en ningún caso el rigor informativo o la búsqueda de la verdad. Niños y niñas de catorce años manipulados sin ningún escrúpulo –no sólo por los responsables televisivos, sino también por sus padres- que de pronto ven cumplido el sueño de su vida de protagonizar estos programas. Un sueño que ha sido provocado por la televisión y que la televisión se ha encargado de alimentar. Niños y niñas que sirven como ejemplo a otros niños y niñas que tienen el mismo sueño, producido por los mismos programas, y que ahora encuentran la oportunidad de llevarlo a cabo si ellos mismos o alguien de su círculo de amigos asesina brutalmente a otro. Y todo esto con la excusa de la libertad de expresión e información. Da miedo.
Por otra parte, masas enfervorizadas que amparándose en la fuerza de la multitud gritan asesino a quien –lo sea o no lo sea- aún no ha sido juzgado ni condenado por quien debe hacerlo en un Estado de Derecho. Esta costumbre de unirse en tropel para vilipendiar a cualquiera que sea conducido a un juzgado o a una comisaría es algo cada vez más habitual. No está muy claro si es porque resulta políticamente correcto, porque constituye una especie de catarsis o expiación colectiva o porque todo aquél que no forme con la masa para manifestar de forma física y material su repulsa pasa automáticamente a ser sospechoso. Parece que se está esperando ansiosamente la comisión de algún crimen para formar la turba y demostrar así no se sabe muy bien qué. Es todo caso lo que resulta es la actitud cobarde del que no es capaz de decir a nadie a la cara lo que piensa –quizás porque ni siquiera sabe lo que piensa- y necesita apoyarse en el tumulto y el hecho de que quien pretenda ser autónomo y tener un pensamiento libre, quien no esté dispuesto a masificarse, automáticamente se convierte en el enemigo, en la presa de estas –en palabras de Canetti- mutas de caza. Y que nadie se llame a engaño: estas masas son las mismas que vemos en los espectáculos deportivos, las que se apiñan como ovejas en el lado derecho de las escaleras mecánicas o las que bloquean las puertas del vagón del metro, de tal forma que quien se salga de la línea marcada se convierte también en su presa. Tampoco es necesaria la amalgama física para formar la masa: basta con que mentalmente se sea masa y se considere uno parte de ella. No hace falta –aunque es importante- la proximidad material con los otros que arropa al miembro de la masa, es suficiente con saber que se piensa como los demás y que los demás piensan como uno.
Por último están los padres que reclaman un referéndum para aplicar la cadena perpetua a los asesinos de sus hijas. Es muy comprensible el dolor de estos padres y madres y sus deseos de venganza, pero el Estado debe regirse por la justicia, no por la venganza. Un referéndum de este tipo va en contra de todo el ordenamiento legal del país, empezando por la Constitución. Pero además es que esta petición supuestamente democrática es en realidad demagógica, autoritaria y un intento de institucionalización de la ley de Lynch, pues quien ha de votar es la masa. Nadie dudaría del resultado de dicho referéndum –por eso precisamente se propone- y esta es la esencia del totalitarismo: una votación de la que se conoce previamente el resultado. Ya puestos, por qué no pedirlo para instaurar la pena de muerte, o las ejecuciones públicas o la exposición de los cadáveres de los criminales ajusticiados para que sirvan de escarmiento. En todos los casos el resultado sería el mismo: si.
Es posible que no lo sepan o es posible que sí, pero todos los que asumen o predican estos comportamientos son fascistas que mantienen actitudes fascistas y forman una sociedad fascista que tarde o temprano desembocará en un Estado fascista si no se toman las medidas legales y educativas necesarias para evitarlo. O si no, cuando al final vengan a por nosotros será demasiado tarde.

Huelga de jueces y políticos corruptos

No voy a entrar aquí a discutir si la huelga de los jueces es legal o no, porque jurista es una de las muchas cosas que no soy. Sin embargo, creo que hay un aspecto en esta convocatoria-amenaza de paro judicial que merece destacarse. Sea uno un trabajador o un poder del Estado, tenga derecho a hacer huelga o no, lo que debería resultar evidente es que cualquiera, antes de efectuar ninguna reivindicación sobre su trabajo lo primero que tiene que hacer es ese trabajo, y lo segundo hacerlo bien. Sin entrar en casos concretos es bastante obvio que, hoy por hoy, la gran mayoría de los jueces no hacen su trabajo, o no lo hacen bien.
La Justicia y la Educación son los dos pilares básicos de cualquier Estado, como Sócrates y Platón sabían muy bien. Imagínense ustedes que un profesor, por ejemplo marxista, arengase a sus alumnos para que salieran a la calle a hacer la revolución y, preguntado sobre semejante actitud, respondiera que él está afiliado a un partido marxista, que sus convicciones son marxistas y que cree firmemente en la verdad del marxismo. Y que ante esta respuesta las autoridades académicas y la sociedad en general comprendieran y justificaran su postura. Estro, que es una auténtica locura, es lo que está pasando con los jueces. Si dejamos aparte a los vagos, a los que no trabajan porque no les da la gana, encontramos multitud de sentencias que, dependiendo de de la orientación política o religiosa de los magistrados que las emiten, varían en un sentido o en otro. Y esto a todo el mundo le parece normal. De hecho, es normal oír hablar del sector conservador o progresista de la judicatura. Es normal aceptar que un juez con unas convicciones religiosas determinadas dicte sentencia guiado por esas convicciones y no por la ley –sin ir más lejos, esta misma semana dos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pertenecientes al Opus Dei, han hecho caso omiso de la sentencia del Tribunal Supremo y han permitido a unos padres objetar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía-. Es normal, y se acepta, que si usted tiene la suerte de dar con un juez que simpatice con su causa obtendrá una resolución favorable y, si no tiene esa suerte, serán condenados usted y su causa. Es normal, se dirá, porque los jueces son personas y no máquinas. Si, son personas, pero personas que tienen como función hacer cumplir la ley e impartir justicia y la ley y la justicia no entienden de creencias ni de convicciones, no pueden ser influidas por éstas y por tanto no se pueden dejar a su arbitrio. Si la persona de un juez está por encima de esto entonces no necesitamos jueces, porque todos somos personas.Sirva esto para comentar –siquiera tangencialmente- un asunto que está de plena actualidad. Resulta que a uno de los pocos jueces que hace bien su trabajo –Baltasar Garzón- le están lloviendo palos por todas partes precisamente por eso: por hacer bien su trabajo. Y todo porque coincidió en una cacería con el Ministro de Justicia, de donde algunos –los de siempre- deducen que todos los cargos y militantes del PP imputados en la red de corrupción que el juez está investigando son puros e inocentes. Esta es una falacia lógica muy corriente que se denomina “mezclar las churras con las merinas”. Yo no se si el juez Garzón o el Ministro Bermejo son buenas o malas personas porque no los conozco personalmente, pero si que se que el tiempo en el que se consideraba que todo aquél que no era afecto al Régimen tenía cuernos y rabo ha pasado, afortunadamente, a la historia. Para centrar la cuestión: en primer lugar habría que demostrar que el Ministro tenía la intención de organizar una trama contra los angelitos del PP, en segundo lugar que Bermejo y Garzón se citaron de antemano en la famosa cacería para llevar a cabo su malévolo plan y no se encontraron allí por casualidad, en tercer lugar que hablaron y en cuarto lugar que hablaron de este asunto, aparte de suponer que los dos absolutamente tontos por tramar sus planes delante de todo el mundo y encima hacerse fotos. Puestos a especular habría que sancionar a Garzón por tener teléfono o correo electrónico (por cierto, mucho más discretos para conspirar que una cacería con treinta personas o un restaurante repleto de gente) puesto que podría haberse comunicado con el Ministro por esas vías. O bien podríamos pensar que el organizador de la montería –militante y ex-concejal del PP- preparó una trampa al ministro y al juez (de espionajes y trampas saben mucho en el Partido) que les quería chantajear o que pretendía sobornar a Garzón para que abandonase la investigación. En realidad cualquier necio puede especular necedades. Y aunque todo esto fuera cierto, también lo seguiría siendo que las pruebas actuales apuntan a que a que todos los imputados por Garzón son corruptos hasta la médula. Lo que olvidan el PP y sus voceros –seguramente porque no están acostumbrados a ello- es que vivimos es un Estado de Derecho, que los individuos imputados lo han sido con todas las garantías legales y procesales, que han dispuesto de abogados que conocen los datos de las acusaciones y que todavía deben acudir a un juicio donde se demostrará –o no- su culpabilidad. Y digo culpabilidad porque en España todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, incluidos el juez Garzón y el Ministro Bermejo. Esto no lo deben saber en el PP cuando han sido ellos mismos los que han conculcado la presunción de inocencia de sus militantes obligando a dimitir al alcalde de Boadilla y a otros altos cargos. Así que es la propia cúpula del PP la que los considera culpables. Y es que treinta años es poco tiempo para eliminar ciertos vicios

Las opiniones de Don Benigno

A uno cada vez le cuesta más salir del estado de estupefacción que le producen las opiniones –en el sentido más estricto del término: estado de la mente en el que no se posee certeza subjetiva ni objetiva de un hecho; vamos, que no se tiene ni idea de lo que se está diciendo- de ciertos individuos. Tal es el caso de don Benigno Blanco, presidente del Foro para la Familia, y su informe acerca de los contenidos éticos en el currículo de Enseñanza Secundaria. Lo más normal –y racional- sería dar el asunto por zanjado y recomendar a este señor que leyera un poco, si no a Kant, al menos a Tomás de Aquino. Pero como Sócrates dijo que el ignorante no tiene la culpa de serlo –y lo que aquí rezuma es una ignorancia superlativa- voy a intentar ilustrarle algo.
Según este señor, y la jerarquía católica, el problema son los contenidos morales que se imparten en Secundaria, que son los que posibilitan el adoctrinamiento y, eliminados éstos, eliminado aquél. Lo primero que tendría que desaparecer, entonces, es la asignatura de Religión, que es la que más contenidos morales contempla y, por lo tanto, y siguiendo su propio razonamiento, la que más adoctrina, siendo además estos contenidos morales expuestos dogmáticamente y cerrando la puerta a cualquier clase de debate o de crítica. No deja de tener gracia –si no fuera porque tamaños cinismo e hipocresía sacan de su casillas al más templado- que los que llevan años adoctrinando sin piedad –de hecho su asignatura es la única que se autodenomina como doctrina: Doctrina Católica- acusen ahora al pensamiento moral, que se ha desarrollado durante más de tres mil años como componente ineludible de la evolución cultural del ser humano, de adoctrinar. Opina el señor Blanco que esta exigencia de eliminar los contenidos morales viene dada por la necesidad de impartir cuestiones “sobre las que hay acuerdo social y no estén sometidas a debate ideológico”. Debería este señor saber que en las sociedades complejas cada vez hay más cuestiones sobre las que no hay acuerdo. De seguir sus recomendaciones habría que eliminar todos los contenidos científicos, literarios, filosóficos o artísticos, pues en ninguna hay acuerdo social o, en todo caso, están sometidos a debate. Ni siquiera quedarían los religiosos, pues como demuestran los últimos acontecimientos, la existencia de Dios no es algo sobre lo que haya precisamente acuerdo social y está sometida –como todo, en suma- a debate ideológico. Aún así hay cuestiones –como las que veremos más adelante- que sólo las discuten ellos. Lo más grave es que lo que intentan eliminar es precisamente el debate, que es la base de toda sociedad democrática, e inculcar valores dogmáticos sin posibilidad de reflexión o crítica, que es lo que hizo la iglesia católica y sus compinches durante toda la dictadura franquista y es lo que pretende –exige-seguir haciendo.
Continua opinando nuestro amigo que “la educación moral la debe transmitir la familia”. Mentira. Desconoce este caballero que existe una moral personal –cuyo fundamento es la razón humana, no la familia- y una moral social –cuyo fundamento es la sociedad, no la familia- y si bien es cierto que se produce un continuo enfrentamiento entre la autonomía moral del individuo y las normas sociales, también lo es que es este conflicto el que permite el desarrollo del pensamiento libre y la evolución de la moral. . Pero va más allá Don Benigno y espeta que, por la razón anterior, se debería eliminar la discusión de los dilemas morales y la enseñanza de las teorías éticas. Eliminar los dilemas morales supone eliminar el instrumento fundamental para que los individuos adquieran su propio pensamiento moral y puedan formular juicios éticos autónomos. Eliminar las teorías éticas supone borrar de un plumazo una parte importantísima de la cultura occidental, aparte de las bases de la moral cristiana, que se alimenta de contenidos socráticos, platónicos, estoicos, escépticos y aristotélicos.
No contento con esto sigue opinando el susodicho que los Derechos Humanos “no se pueden usar como un referente ético universal”. Hay que decir que aquí tiene razón en algo: no existen referentes éticos universales, ni siquiera el cristianismo o la Religión. Los Derechos Humanos tienen como origen el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y si bien, y precisamente por su origen histórico, no pueden ser considerados universales, no es menos cierto que hoy por hoy poseen validez objetiva en el contexto histórico, social y cultural de nuestra época. También pide nuestro interlocutor que se eliminen cuestiones en las que no todo el mundo estaría de acuerdo como la “identificación de algunos rasgos de diversidad cultural y religiosa. Sensibilidad y respeto por las costumbres, valores morales y modos de vida distintos al propio. Rechazo de las actitudes de intolerancia y exclusión. Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. No acabo de ver quién no estaría de acuerdo con estas cuestiones, a no ser un fascista, un loco, o un fascista loco.
Por último, y como perla final, el ínclito señor Blanco opina que la ética no es algo cambiante y relativo. En primer lugar la ética es cambiante, porque como toda manifestación humana está sujeta a evolución y mal nos iría si aún nos guiásemos por los valores de los antiguos griegos o los de la Edad Media cristiana. Y en segundo lugar, de la misma forma que no existen verdades absolutas, no existen valores absolutos. Así que la ética es relativa, por supuesto: relativa al ser humano y a su razón. Y voy a terminar como Wittgenstein: “De lo que no se puede hablar, es mejor callarse”.

(Fuente: “No enseñar moral, afectividad o rechazo a la homofobia”, El País, 2-2-2009, Pág. 34.)