Objeción y absurdo

Que los mismos jueces que tardaron apenas una mañana en decidir que los ciudadanos no tenían derecho a solicitar su exclusión del Libro de Bautismo, hayan estado tres días deliberando sobre una materia educativa recogida en una ley elaborada por un gobierno democráticamente elegido y aprobada por el Parlamento y cuya oposición viene desde la derecha casposa y reaccionaria y la jerarquía católica -más casposa y más reaccionaria- indica que algo huele a podrido, no ya en algún lejano reino del norte, sino en el patio de nuestra propia casa. Y todo para que al final la solución sea la lógica: que las leyes están para cumplirlas, aunque, visto lo visto y teniendo en cuenta los antecedentes, no hubiera sido de extrañar que la decisión hubiera sido la contraria.
El problema parece ser que surge cuando estos funcionarios públicos no se limitan a unificar jurisprudencia sobre las sentencias contradictorias acerca del supuesto derecho a la objeción que tienen los padres (no los alumnos, que no lo tienen por ser menores de edad, aunque son los sujetos activos de dicha objeción) a que sus hijos cursen la materia de Educación para la Ciudadanía, sino que entran directamente a discutir si los contenidos de ésta pueden atentar contra las convicciones de esos padres. Aquí nos las vemos con dos cuestiones a cual más absurda. La primera es que los jueces puedan decidir sobre los contenidos de una materia del currículo educativo. En primer lugar ni es su competencia ni son las personas indicadas para hacerlo. En segundo lugar, a partir de ahora ya no son sólo los psicólogos, los pedagogos, los políticos y los sacerdotes los que elaboran los contenidos de una asignatura, sino que los jueces también reclaman su parte del pastel. Todos, menos los que realmente deberían hacerlo, los profesores, que son los únicos capacitados y preparados para ello. De seguir así llegará un momento en que un profesor tendrá que enseñar aquello que un juez o un cura consideran que debe enseñar y no lo que realmente él, como especialista en la materia, sabe que debe enseñar. Así que para ser profesor, por ejemplo, de Matemáticas, lo indicado será estudiar Derecho o Teología, una situación bastante irracional que, de hecho, ya se produce cuando se afirma sin ningún rubor que para enseñar Matemáticas hay que saber Pedagogía y no Matemáticas. También es posible que esté equivocado por pensar que el profesor de Matemáticas debe enseñar Matemáticas y no cuidar a los niños, hacer de psicólogo, de padre, de madre, de terapeuta, de confesor y limpiarles la caquita si es necesario.
Por otro lado está la cuestión referente a las convicciones de los padres. Teniendo en cuenta que en última instancia cada uno tiene sus propias convicciones –por eso son convicciones y no saberes o conocimientos- de seguir esta línea habría que enseñar a cada alumno una cosa distinta; o mejor dos cosas distintas, dependiendo de las convicciones de su padre y de su madre que, lógicamente, serán diferentes: así, un padre marxista podrá exigir que a su hijo no se le hable de Tomás de Aquino y una madre nietzscheana que no se le enseñe a Platón, por poner un ejemplo. Pero de donde parte el problema es de considerar como probado e inalienable algo al menos tan dudoso como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos (véase en este blog La educación de los hijos y el derecho de los padres, de 21 de marzo de 2008).
Y toda esta cadena de absurdos nos conduce al absurdo último del que parten todos los demás: el hecho de gobernar, legislar o juzgar tomando como base un cúmulo de historias irracionales y de leyendas asiáticas de hace cinco mil años. Cada uno en su ámbito personal puede profesar la religión que le de la gana y creer lo que le parezca oportuno, pero eso no debe influir en la gobernabilidad de un Estado ni en el desarrollo de la vida pública de un país. Esto ya lo dejó dicho Spinoza en el siglo XVII, pero supongo que para ser político o juez no es necesario leer a Spinoza y sí la Biblia. Dicho sea de paso para ser ateo también hay que leer la Biblia y aquél que haya leído la Biblia y sea, eso si, mínimamente racional e inteligente, no tiene más remedio que ser ateo. En todo caso, el que no es capaz de separar sus creencias privadas de su deber público y permite que aquéllas determinen éste sencillamente no está capacitado para ocupar el puesto (público) que quiera que ocupe. Así de simple.