viernes, 7 de noviembre de 2008

Palabra de reina

Hasta donde alcanza mi entendimiento la reina es una ciudadana española que tiene derecho a decir lo que quiera como cualquier otro ciudadano. Eso, hasta donde alcanza mi entendimiento. Claro, que también es posible que se me diga que la reina no es una ciudadana como otra cualquiera y es aquí donde empiezan los problemas. Porque si la reina no es una ciudadana cualquiera entonces es, o bien más que una ciudadana o bien menos. Malo si es menos, porque se le estaría negando un derecho fundamental, pero peor si es más porque entonces estaríamos admitiendo la existencia de seres humanos de primera y de segunda: los reyes, que no son como el común de los mortales y el resto del pueblo, retrotrayéndonos a las épocas más oscuras del absolutismo.
Es en este marco donde hay que encuadrar la polémica –o supuesta polémica- que se surgido con las opiniones que Doña Sofía de Borbón y Grecia ha vertido en un libro de entrevistas que ni siquiera ha escrito ella. Entiendo que una señora católica, apostólica y romana de 70 años y además reina, piense lo que piensa sobre el matrimonio gay, la eutanasia, el aborto y la enseñanza de la religión. Porque si pensara otra cosa no sería una señora católica, apostólica y romana de 70 años y además reina, a no ser que pretendamos tener una reina socialista. El problema pues, es mucho más profundo y tiene que ver con la concepción que aún se tiene en este país de la monarquía. La polémica surge cuando se establece una situación en la cual las palabras de una reina tienen un peso específico superior a lo que pueda decir cualquier otro ciudadano. Y esa situación es la que se propicia cuando se emiten por televisión programas –patéticos por otra parte, situados en el colmo del servilismo más rastrero- donde nos presentan a una persona que no parece una persona. Perfecta, sin tacha, sin defectos, casi como Dios. Y claro la palabra de Dios es palabra de Dios. No existiría discusión de ningún tipo si los habitantes de este país pensaran por sí mismos, si las palabras de la reina no les afectaran más que las del vecino del quinto, si no creyéramos, aún, que los reyes son seres superiores que llevan razón en todo lo que piensan y a los que hay que seguir en todo lo que digan o hagan. Pero la cuestión va más allá, porque cuando el presidente de la COGAM, o el presidente de Asociación para una Muerte Digna o la representante de las clínicas que practican abortos (legales, por otra parte, por si alguien aún no se ha enterado), critican, no las palabras de la reina, sino el hecho de que haya sido precisamente la reina quien las haya pronunciado, están cayendo en la misma actitud de considerar que, por el hecho de ser reina, aquéllas tienen una carga de razón superior a las de cualquier otro individuo. Y es lo mismo que piensan los políticos y los legisladores cuando apelan a un llamado “principio de neutralidad” aplicable a la monarquía según el cual sus miembros no pueden opinar sobre temas que puedan provocar tensión en la sociedad. Sólo provocan esa tensión si se parte del supuesto previo de que su palabra es ley. A mi lo que diga la reina me da lo mismo, porque soy lo suficientemente libre como para quitarle la razón, o pensar que está diciendo barbaridades. En todo caso para saber que es una persona como yo, que hace lo mismo que yo –exactamente lo mismo- y que puede opinar lo que quiera sin tener más o menos razón, igual que yo
Si los habitantes de este país pensaran por si mismos sabrían que lo que diga la reina en el fondo no importa nada, que da igual porque ni ella ni nadie tiene la razón absoluta. Eso, el pensar por uno mismo y no considerar a nadie superior por el hecho de ser rey –o sacerdote- tiene un nombre: se llama Ilustración y pasó por Europa allá por los siglos XVIII y XIX. Pero claro, aquí no nos enteramos porque estábamos demasiado ocupados echando a pedradas a los franceses que nos la traían. Y así nos va.

Y la próxima semana… hablaremos de Obama.

viernes, 31 de octubre de 2008

Si se hubiera hecho antes...

¡Qué razón tiene el señor Carrillo cuando dice que no se puede juzgar a los muertos!. Y cuánta más razón tendría si hubiera hecho lo que debía hace treinta años y no tuviera ahora que venir un juez a solucionar un problema que lleva enquistado desde entonces, mal que le pese al señor Rajoy. Es posible que el juez Garzón sólo quiera hacerse famoso, que sea un juez de pantalla de televisión, pero lo que es indudable es que su iniciativa tenía que llevarse a cabo tarde o temprano y, como muy bien nos recuerda el señor Carrillo cada vez que tiene ocasión, en el año 78 de lo que se trataba era de ser comunista y la estrategia comunista consiste en saber leer la situación y aprovechar las ocasiones. La cuestión es que para el señor Carrillo en 1978 era demasiado pronto para llevar a a cabo acciones contra los asesinos del régimen que aún quedaban vivos y ahora, que ya están todos muertos es demasiado tarde. ¿Y qué ha hecho el señor Carrillo y toda la izquierda española durante ese interregno de treinta años con respecto a este tema?. Nada, absolutamente nada, con lo que criticar ahora la iniciativa de Garzón, cuando durante durante todo este tiempo se ha mirado para otro lado y se han eludido constantemente las responsabilidades resulta cuando menos algo cínico. Nadie duda de la actuación impecablemente responsable de Santiago Carrillo, el PCE y toda la izquierda en general permitiendo una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Pero creo que tampoco ya nadie duda a esta alturas de la grave irresponsabilidad que supuso y supone no pedir en ningún momento cuentas por los crímenes del franquismo. Porque los luchadores de la libertad no están sólo sentados en los escaños de los parlamentos, como parece que nos quieren hacer creer. Los luchadores por la libertad fueron muchos y anónimos que vieron traicionadas sus esperanzas, si no de libertad, si de justicia. Y cómo ejemplo un botón: habría que explicar en qué país civilizado un ministro de una dictadura fascista ha ocupado un alto cargo en la democracia durante casi treinta años.
Tal vez el señor Carrillo no quiere que se recuerde su pasado estalinista o no quiere que salgan a la luz los fusilamientos de Paracuellos. Pero puede estar tranquilo a ese respecto. No conozco a ningún comunista que no fuera estalinista en el año 36 y es un tema repetido hasta la saciedad la diferencia que existe entre una represión desorganizada, fruto de la actuación particular de elementos incontrolados y el exterminio sistemático del enemigo político, la estrategia calculada y planificada del Terror como arma política. Y quien quiera conocer esto con más detalle no hace falta que se vaya a lejanas montañas ni a oscuras bibliotecas. Las cartas de Mola, las declaraciones de Franco o los decretos de Queipo de Llano están bien cerquita, al alcance de cualquiera que los quiera leer. Pretender seguir confundiendo, como parece que hace el señor Carrillo cuando dice que a Garzón le puede salir el tiro por la culata, una cosa con otra es, o ser un ignorante o actuar de mala fe. De lo que si tendría que dar explicaciones don Santiago Carrillo es de porqué la cúpula de PCE en Francia, dirigida por él, abandonó a su suerte en España a los hombres del XIV Cuerpo de Ejército Guerrillero que participaron en las invasiones pirenaícas o de porqué hasta hoy el Partido Comunista no ha hecho un homenaje mínimamente decente a estos guerrilleros que, ellos sí, dieron su vida por la libertad, y siguen siendo considerados por muchos como forajidos. Porque esto también es memoria histórica.

viernes, 24 de octubre de 2008

Franco culpable

Para empezar lo que está haciendo ahora el juez Garzón es algo que debía haberse hecho hace treinta años. En segundo lugar es algo necesario para normalizar de una vez por todas nuestra democracia. Tercero, ya va siendo hora de dejar de justificar al dictador y por último, y es sobre lo que me quiero extender algo más, nadie, y menos Garzón, es tan tonto como para creer que este proceso judicial pueda llegar a ningún sitio o como para no saber, como insinúan algunos, que Franco está muerto y, afortunadamente, bien muerto.
Lo que pretende Garzón es muy simple por eso sorprende que haya gente que no lo comprenda: más bien lo comprenden demasiado bien. Dejar constancia de una vez por todas de que la dictadura franquista fue un régimen ilegal e ilegítimo producto de un golpe de Estado contra un gobierno, mejor o peor, pero legalmente constituido y de que cometió un genocidio continuado durante casi treinta años. Este proceso, por tanto, es un proceso simbólico que resulta imprescindible cuando los adolescentes españoles no saben nada de la Guerra Civil ni de la dictadura, y cuando, aprovechando esta ignorancia aparecen individuos como los Moas, Jiménez Losantos o Vidales que encuentran campo abonado para que las estupideces que escriben pasen por verdades históricas. He aquí la auténtica necesidad del proceso de Garzón, y he aquí porqué aquellos que todavía no han perdido el pelo del franquismo no pierden oportunidad de ridiculizarlo.
En todo caso, lo que digan estos señores –que si alguna vez tuvieron credibilidad la perdieron hace mucho junto con la vergüenza- no resulta preocupante, más bien cómico si no fuera por lo trágico. Es bastante más grave la actitud del fiscal jefe de la Audiencia Nacional el cual, quizás sin quererlo, está legitimando la dictadura. Según su recurso contra la instrucción del proceso, no se puede juzgar a la dictadura franquista por crímenes contra la humanidad porque ese delito no aparecía en el código penal de 1936, como supongo que tampoco aparecería en el de la Alemania nazi o en el de Serbia, cuyos dirigentes fueron juzgados y condenados precisamente por crímenes contra la humanidad. Apoyándose en esto argumenta que el asesinato planificado de más de 150.000 personas es un delito común. Ni siquiera es terrorismo: es un delito común. En todo caso el que asesina a 150.000 personas debe ser el mayor psicópata de la historia pero, dejando esto a un lado, si el proceso de Garzón resulta ridículo –como dicen por ahí- esta afirmación es el absurdo más grande que jamás ha pronunciado un ser humano. ¿pero en qué cabeza cabe que asesinar a sangre fría a tal cantidad de personas sea un delito común, como robar una gallina?. Es un delito, pero de común no tiene nada. Y por último asegura que, aunque se pudiera juzgar a los jefes franquistas, ese juicio no podría llevarse a cabo por un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, sino por el Tribunal Supremo, ya que se trataría de aforados. Esto es, con todo, quizás lo más preocupante del recurso del fiscal, porque nos retrotrae a lo de siempre: la justificación de tapadillo de la dictadura. Conceder a los jefes rebeldes la condición de aforados es otorgar legitimidad al régimen. No puede ser aforado aquél que se ha hecho con el poder mediante un golpe de Estado y una Guerra Civil seguida de una represión sin precedentes, simplemente porque su régimen, el régimen que podría aforarle, es ilegal. Si se le considera aforado es porque se tiende a pensar que su régimen era legal y legítimo y, en el fondo, y como siempre, no fue para tanto. Y si este proceso sirve para abrir viejas heridas es porque esas heridas no están cerradas y ya va siendo hora de cerrarlas diciendo las cosas como son y llevando ante la justicia a los asesinos, aunque estén muertos, y porque los vencedores de entonces no aceptan que ahora nadie pueda poner en duda su victoria por el Imperio hacia Dios.

viernes, 17 de octubre de 2008

Heil Rouco

Cada vez que el señor Rouco abre la boca uno no sabe si reír, porque está contando un chiste, o echarse a llorar porque está hablando en serio. La última perla con la que nos ha regalado este señor ha sido la idea de que lo que él llama “laicismo radical” conduce al nazismo, o al totalitarismo.
En primer lugar este señor debería estudiar algo, un poquito sólo, de Historia. Así se enteraría de que, aunque la parafernalia exterior del nazismo era en apariencia pagana por la recuperación de los viejos mitos germánicos, Hitler nunca renunció a su catolicismo –porque Hitler era católico- y así existen numerosos textos y transcripciones de discursos donde exalta la religión católica, hace profesión de fe, ofrece a Dios los logros del sistema o le a, bendijo los carros de combate fascistas que iban a combatir a Rusia. Por supuesto, de la defensa de las libertades que desplegó la Iglesia española durante la dictadura de Franco no diremos nada, porque el señor Rouco la conoce mejor que nadie.
Por otro lado el laicismo se define como la independencia del poder del Estado frente a la jerarquía religiosa y la no injerencia de las creencias religiosas en los asuntos que atañen exclusivamente a la sociedad civil. Desde estos parámetros es difícil entender qué es el “laicismo radical”. Una sociedad es laica –hay una separación efectiva entre la sociedad civil o la religión- o no lo es. Del mismo modo no se entiende cómo el laicismo puede conducir al totalitarismo. Mas bien sería lo contrario: el laicismo supone la liberación del ser humano de las cadenas y los prejuicios religiosos. Si algo conduce al totalitarismo es precisamente una sociedad teocrática o no laica. Porque toda religión es no sólo fanática por naturaleza –como ya he dicho en alguna ocasión- sino dogmática por definición –toda religión se fundamenta en uno o varios dogmas-. Y un dogma religioso es verdadero por esencia y su verdad o se cree o se impone, en todo caso nunca se demuestra. Como ya dejó dicho Spinoza en el Tratado Teológico Político la intervención de la religión en los asuntos del Estado conduce a la destrucción del propio Estado.
Pero lo que de ninguna manera se comprende es porqué estos señores no nos dejan tranquilos de una vez como les dejamos nosotros a ellos y se dedican a sus misas y a sus cosas. Totalitarismo es querer dirigir las vidas de todos los ciudadanos desde las propias creencias particulares. Y eso es lo que no para de hacer el señor Rouco.

viernes, 10 de octubre de 2008

No somos apóstatas

Quisiera profundizar un poco más en el asunto de la mal llamada apostasía y las decisiones judiciales. Digo “mal llamada apostasía”, porque apostatar significa renunciar a una fe. Eso supone que el apóstata en algún momento ha tenido que profesar esa fe –profesarla de forma al menos convincente, si no sincera- ya que en caso contrario no podría renunciar a ella. Cuando se solicita a la Iglesia Católica que borre los datos personales de sus registros, no se trata de apostatar. No se está renunciando a ninguna fe, sencillamente porque nunca se ha profesado esa fe. De pequeños, y sin nuestro consentimiento, una institución privada se hizo con nuestros datos personales y los ha utilizado de forma fraudulenta –entre otras cosas para incluirnos en censos que luego son usados para conseguir ayudas y subvenciones de Estado- y lo único que se pide es que esa institución elimine esos datos. Ese es un derecho constitucional regulado en el ordenamiento jurídico por la Ley de Protección de Datos. Insisto, el juez no debe decidir si se puede apostatar –que se puede, por supuesto- porque no es eso de lo que se trata. Nunca hemos creído en la fe católica, ni en ninguna, porque nunca hemos tenido la necesidad de profesar una religión, nos basta con la razón. De lo que se trata es de que el juez haga cumplir la ley y proteja nuestros derechos como ciudadanos –que es en lo que consiste su función- en este caso frente a una institución tan poderosa y, repito, tan privada como la Iglesia católica. Y eso es lo que el juez no está haciendo. Y decir que los libros de bautismo no son registros porque no están ordenados por orden alfabético –que curiosamente es el mismo argumento que utiliza la Iglesia para negar en un primer momento la petición de eliminar los datos personales- suena a chiste que ni siquiera con la fe del carbonero es creíble.
No se diga tampoco que hay que respetar unas creencias. En primer lugar nadie está faltando al respeto a ninguna creencia. En todo caso lo que no se está respetando es el derecho a no tener ninguna. En segundo lugar no todas las creencias son respetables. Es respetable el derecho que tiene cada uno a creer lo que quiera, pero la creencia en sí misma no lo es. Y unas creencias que se basan en la irracionalidad, que no están argumentadas y que no pueden ser probadas son las menos respetables de todas. Yo tendré todo el derecho del mundo a creer –como decía Bertrand Russell- en una tetera gigante orbitando la Tierra, pero esa creencia no es de ninguna manera respetable en sí misma. O al menos no tan respetable como la afirmación de un astrónomo que se ha pasado toda su vida mirando por el telescopio y asegura sin lugar a dudas que no existe dicha tetera. Y en tercer lugar alguien tendría que explicar porqué las creencias religiosas han de ser las más respetables de todas, hasta el punto de que la más leve insinuación acerca de alguna de ellas provoca una reacción altamente violenta por parte de sus seguidores, ya sea la publicación de unas caricaturas de Mahoma o la puesta en solfa de la oportunidad de una procesión de Semana Santa. Se nos exige que respetemos la religión con su carga de irracionalidad y fanatismo (toda religión es por definición fanática, igual que todo nacionalismo es excluyente: “fanatismo religioso” o “nacionalismo excluyente” son redundancias políticamente correctas) mientras que no se exige a la religión el mismo respeto, no ya a teorías científicas altamente probadas como la Teoría de la Evolución –que la religión puede permitirse el lujo de negar tranquilamente- sino a los más elementales derechos de los ciudadanos.

viernes, 3 de octubre de 2008

Sobre curas y jueces

Imagínese usted que de recién nacido su padre le hizo socio del Real Madrid, por poner un ejemplo. De pequeñito le hacía mucha ilusión ir a los partidos, ver a sus ídolos en el terreno de juego y luego comentar el partido con su progenitor. Pero un buen día se dio cuenta de que el fútbol era bastante aburrido, que está plagado de fanáticos y, no es que se hiciera de otro equipo, es que directamente cayó en la cuenta de que no le gustaba. Y lo que es más, de que nunca le había gustado, que había estado atrapado entre la buena voluntad de su padre y el engaño de los dirigentes del club. Así que decide pedir la baja como socio del Real Madrid. Pero resulta que el club se niega a dársela alegando requisitos no contemplados en la ley, por lo que usted se ve obligado a acudir a las instituciones del Estado encargadas de velar por sus derechos en este caso. Esas instituciones le dan la razón y obligan al Real Madrid a darle de baja, pero el equipo recurre ante el Tribunal Supremo y llega un juez y le da la razón, obligándole a ser socio del Real Madrid aunque a usted no le guste el fútbol y teniendo que pagar todos los años la cuota pertinente. ¿Qué le parece?. ¿Absurdo, no?. Lo más suave que se diría de ese juez es que cobra del Real Madrid.
Pues bien, cambie usted Real Madrid por Iglesia Católica y se encontrará ante un caso real, que acaba de producirse y del que nadie parece preocuparse. A usted le bautizan de pequeñito sin pedirle su consentimiento y desde entonces forma parte del grupo de socios de la Iglesia Católica. Si usted quiere apostatar (borrarse del club) el Arzobispado correspondiente le pedirá documentos no exigidos por la ley, por lo que tendrá que recurrir a la Agencia Española de Protección de Datos para que obligue a la Iglesia a borrar sus datos personales: Hasta ahora este era el procedimiento que se seguía pero ahora un juez el Tribunal Supremo ha dado la razón al arzobispado de Valencia y como consecuencia todas las resoluciones de la AEPD en las cuales se obligaba a la Iglesia a borrar los datos personales de quienes así lo solicitaban quedarán anuladas. Es decir, que a partir de ahora todos seremos católicos, queramos o no queramos, porque un juez lo ha decidido así. Y digo yo ¿quién es un juez, quién se cree que es para decidir por mí es una cuestión tan personal como pertenecer a una congregación religiosa o a un equipo de fútbol?. ¿Quién es un juez para negarme mis derechos fundamentales como ciudadano?. ¿Quién se piensa que es un juez para decirme lo que tengo que creer?. Y sobre todo, ¿porqué nadie sanciona a ese juez?. Porque hasta cierto punto se puede entender que la Iglesia se vea obligada a mantener el número de afiliados para que el Estado no le retire las subvenciones (astronómicas) que le da- Pero, ¿qué gana el juez?. Si atendemos a que la apertura del nuevo Consejo del Poder Judicial se ha festejado con una misa solemne con asistencia del mismísimo Monseñor Rouco Varela empezaremos a entender por dónde van los tiro. Pero el Gobierno sigue empeñado en dorarle la píldora a los obispos, soportando sus insultos y llenándoles el bolsillo como nadie, ni los gobiernos del PP, han hecho hasta ahora. Así que a fastidiarse. Todos a misa, de frente, marchen!

viernes, 26 de septiembre de 2008

Al Rescate

Los Estados son entidades suprapersonales que no tienen personalidad física y, por lo mismo, tampoco pueden tener posesiones físicas. Y por supuesto, los Estados como tales no tienen dinero. Esto, que un Estado no tiene dinero en propiedad, que todo el dinero que utiliza para lo que sea lo obtiene a través de los impuestos que pagan los ciudadanos, y que resulta algo evidente para cualquiera que lo piense un poco parece ser que se olvida cuando se trata de alabar las ventajas de que un Estado invierta dinero en salvar, rescatar o nacionalizar, llámeselo como se quiera, en el fondo es lo mismo, a la banca y a las grandes empresas. Esas empresas y esos bancos se diferencian del Estado en que, siendo también entidades suprapersonales, sus cúpulas dirigentes están compuestas por personas físicas, socios que se reparten los beneficios cuando los negocios van bien y que supuestamente tendrían que avalar a sus empresas con sus fortunas personales cuando van mal. Pero esto último no pasa. Ese aval lo pone el Estado El Estado no está compuesto por socios, está compuesto por todos los ciudadanos, de tal manera que cuando se dice que el Estado inyecta dinero a los bancos con problemas, en realidad lo que se está diciendo es que todos y cada uno de los ciudadanos están inyectando ese dinero. Porque ese dinero que el Estado inyecta, los quinientos mil millones de euros que el Estado Norteamericano va a poner para salvar de la quiebra a sus bancos de inversión –que por si no lo saben no son bancos cualquiera, de los que guardan el dinero de la gente Son bancos que en realidad no tienen activos propios. Toman el dinero de los inversores y lo invierten en otros valores, quedándose con una parte de los beneficios. Por eso son el eslabón más débil cuando las bolsas se hunden- o el dinero que la Unión Europea va a invertir en hacer algo parecido, no es dinero del Estado norteamericano ni de la Unión Europea. Es dinero de los norteamericanos y los europeos que pagan sus impuestos. Ciudadanos que no recibían nada cuando esas empresas que ahora están rescatando obtenían beneficios y que no recibirán nada cuando los vuelvan a obtener. Se da a sí la paradoja de que las empresas están compuestas de socios que se reparten beneficios cuando hay ganancias, pero no pagan las pérdidas, y el Estado son ciudadanos que pagan las pérdidas pero no se reparten beneficios cuando hay ganancias. Quizás por eso se le llame rescate y no nacionalización. Nadie espera que le den nada a cambio por efectuar un rescate, y sin embargo, si una empresa se nacionaliza, alguien podría exigir, como miembro de una nación –y con mayor razón aún si con su dinero se ha sacado a flote esa empresa- que se le contara entre la nómina de socios de la empresa nacionalizada –en teoría, si una empresa es nacional sus socios son todos los miembros de esa nación- y reclamar su parte del pastel. Este es el nuevo sistema económico que se nos va a imponer, una vuelta de tuerca más en el capitalismo o quizás la misma de siempre. Y no se diga que esto es una simplificación La cosas son así de simples. Basta un poco de sentido común para darse cuenta. Y tampoco se diga que es demagogia. Demagogia sería decir que hay que preguntar a los ciudadanos qué quieren que se haga con su dinero. Decir que el dinero que los ciudadanos han puesto para salvar a una empresa remita en beneficio de esos mismos ciudadanos es justicia social.