lunes, 21 de marzo de 2011

A callarse

Que los poderes efectivos de este país –que no es, por mucho que lo diga la Constitución, la soberanía popular- no van a permitir a Sortu concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas, aunque no exista ninguna razón legal para ello, es algo que algunos no sólo sospechamos, sino que estamos razonablemente seguros de que va a ser así. Ya expliqué en su momento la diferencia entre legalidad y moralidad, así que no voy a incidir más en ello. Pero en todo este asunto llaman poderosamente la atención dos cosas. La primera, que los que presionan a los jueces –aunque éstos tampoco necesitan muchas presiones- para no legalizar a la nueva formación política vasca, porque los consideran delincuentes, asesinos, y quién sabe cuantas cosas más, por mucho que nada de esto esté demostrado, no tienen ningún reparo en colocar en sus listas electorales a corruptos evidentes y presentarse –y presentarlos- como los representantes más puros de la legalidad democrática. Posiblemente estén muy seguros de que sus amiguetes de los Tribunales de Justicia los van a absolver de todos los cargos, dejando a la Policía que los ha investigado –a la que tanto dicen defender- y al resto de la población de paso como tontos redomados.
 La segunda cosa es que en este país las anormalidades democráticas, por el arte de birlibirloque de nuestros políticos, jueces y periodistas, acaban convirtiéndose en lo más natural de mundo. Porque si ya es una anormalidad democrática –y grave- que en un Estado de Derecho una opción política esté ilegalizada –y por tanto se consideren ilegales las ideas de los muchos o pocos seguidores que pueda tener- aún lo es más que un colectivo al fin y al cabo minoritario como son las víctimas del terrorismo –y sólo unas pocas porque Pilar Manjón y los miembros de su asociación parece que no lo son- imponga sus criterios y mantenga secuestrado no sólo el debate político, sino la misma actuación política. A ver si nos enteramos de una vez que una cosa es reconocer y respetar a las víctimas –a todas- y otra permitir que asociaciones que no dejan de ser agrupaciones cívicas usurpen las funciones que corresponden al Parlamento y al Gobierno.
 A tal extremo han llegado las cosas que ya ni siquiera es posible expresar una opinión disidente al respecto. Y cuando a alguien se le ocurre hacerlo, en este caso el señor Eguiguren, dirigente de una asociación creo que tan intachablemente democrática como es el Partido Socialista de Euskadi, que dice cosas tan de sentido común como que a ningún político sensato se le puede ocurrir mantener en la ilegalidad a Sortu cuando cumple con todos los requisitos legales o que el Gobierno ha sido cobarde en este caso y se ha plegado a las exigencias del PP (lo cual es cierto), todos, independientemente de su signo político, se le echan al cuello como tigres hambrientos, con lo que al final se ha visto obligado a rectificar en un ejercicio de autoinculpación digno de los años más negros del estalinismo. Y es que cuando se trata de recolectar votos hay que estar siempre al quite, no vaya a ser que a alguno se le ocurra pensar por su cuenta y se desmorone el tinglado.
 En España todavía hay cosas que no se pueden decir y estamentos e instituciones a los que es mejor no mentar. Pero como nos guste o no ( a algunos menos que a otros, según se ve) estamos en una democracia, englobada en un bloque de naciones también democráticas (aunque sólo sea de boquilla) existen algunos organismos internacionales que todavía defienden libertades tan básicas como la de expresión. Y así, los apóstoles bienpensantes de la corrección política de vez en cuando se llevan varapalos como el que recientemente les ha dado el Tribunal de Estrasburgo por condenar al señor Otegi, según ellos, por injurias al Rey. Supongo yo que en los tiempos que corren el Rey es como cualquier otro ciudadano, y si existe un delito por injurias al Rey también debería de existir uno por injurias a Emilio Garoz, por ejemplo.  Wittgenstein dijo que de lo que no se puede hablar lo mejor es callarse, pero no dijo nada acerca de lo que no se debe hablar. Uno no puede hablar de absurdos –que es lo que hace nuestra clase política continuamente-. En cuanto a lo que no se debe hablar mucho me temo que algunos de nosotros seguiremos hablado de lo que nos de la real gana.

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