miércoles, 11 de mayo de 2011

Impugna, que algo queda

 Una de las cosas que jamás entenderé es la justicia por mayoría. Por mucho que me intenten convencer de lo contrario, me parece obvio que una cosa es justa o no lo es, y la carga de justicia de un hecho o de una acción no depende del número de personas que se manifiesten a favor o en contra. La Justicia es un valor objetivo, y debe de serlo si quiere ser realmente justa y no una mera cuestión de opinión. En la ilegalización por parte del Tribunal Supremo –luego rectificada por el Tribunal Constitucional por el mismo sistema- de las listas electorales de Bildu ha operado esta noción de justicia por mayoría. Resulta que de dieciséis jueces que tenían que decidir, nueve opinaron que esas listas deberían ser ilegalizadas y siete que no. Conclusión, las listas electorales de la plataforma política vasca fueron consideradas ilegales por el exiguo margen de dos votos ( no tienen entonces mucho qué decir aquellos que ahora se quejan de que el Tribunal Constitucional las declara legales por un solo voto). Para eso, hubiera resultado igual y seguramente más barato que dicha ilegalización se hubiera levado a cabo por sorteo –lanzamos una moneda al aire; si sale cara Bildu es ilegal y si sale cruz es legal-. En lo que a carga de Justicia se refiere el resultado hubiera sido el mismo. A esto se suma el hecho de que, no ya la Justicia, sino el sentido común, parece ser que apunta en la dirección de que la Ley de Partidos sólo inhiere en la legalización o ilegalización de partidos políticos, y no de plataformas electorales que no dejan de ser opciones cívicas que concurren a unas elecciones. Una lista electoral podrá ser impugnada si en ella figuran personas que han cometido algún delito o están fuera de la ley, -lo que nos conduce a la conclusión evidente de que la mayoría de las listas del PP y del PSOE contienen elementos más que suficientes para ser impugnadas-, pero no en grupo. Estas dudas sobre la supuesta legalidad de la ilegalización de las listas electorales de Bildu no sólo las tengo yo –o cualquiera que tenga dos dedos de frente- sino los siete magistrados del Tribunal Supremo que votaron en contra de dicha ilegalización y el mismo Tribunal Constitucional que se ha pronunciado en contra de la sentencia de aquél. Lo que está claro es que cuando el Gobierno y el PP decidieron impugnar dichas listas, parece que tenían claro que algo acabarían sacando en limpio. Impugna, que algo queda.
 A mi lo que me queda claro es que por mucho que PP y PSOE se tiren los trastos a la cabeza de cara a la galería, no hay duda de que están de acuerdo en lo fundamental: de lo que se trata es de repartirse el poder entre los dos. El paripé al que nos tienen acostumbrados en los medios y en el Parlamento no es más que una cortina de humo que esconde lo que de verdad pretenden: una alternancia en el poder al estilo del Antiguo Régimen que elimine al resto de las opciones políticas o, como mal menor, las convierta en marginales. No se si este pacto estará escrito, será tácito o simplemente inconsciente, pero su actitud con la izquierda abertzale demuestra que no están dispuestos a dejarle ninguna salida para aumentar su cuota de poder y que les da igual la normalización política del País Vasco, el mantenimiento de una anomalía democrática como la ilegalización de una opción política, o el peligro de radicalización de la izquierda vasca moderada, no sólo a nivel político, sino ciudadano.
 Y es que parece que la ilegalización de Bildu vino dada por un supuesto informe elaborado por la Ertzantza, la Policía y la Guardia Civil (todos a una, parece) cuyo fundamento último son unas conversaciones grabadas en prisión entre el señor Otegi y su esposa –y por lo tanto privadas-. Para empezar, el señor Otegi no está en prisión por delitos de sangre, no ha matado a nadie ni ha puesto ninguna bomba ni nada por el estilo. Está encarcelado por un delito de “enaltecimiento del terrorismo”, es decir, por dar su opinión. El señor Otegi es un preso político, y ya va siendo hora de que se diga, por mucho que el señor Lissavetzky se empeñe en que un Estado de Derecho no cabe la disidencia, supongo que por decreto. En segundo lugar alguien tendría que explicar por qué unas conversaciones grabadas en prisión, como las del caso Gürtel, no sólo no sirven como prueba inculpatoria –han sido anuladas la mayoría de ellas- sino que incluso han provocado el encausamiento del juez que las ordenó, y otras como las citadas entre el señor Otegi y su esposa resultan la piedra angular para excluir a una plataforma política. Seguro que existe algún intrincado vericueto legal que lo justifica así que pido, por favor, que alguien ilumine mi pobre inteligencia.

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