Dictadura Judicial

 Que el tribunal Supremo avale la decisión de juzgar al juez Baltasar Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo (que los hubo, y muchos, que parece ser que todavía hay quien lo duda) no es ninguna novedad. Al fin y a la postre no hace mucho que el mismo Tribunal atentó contra la libertad individual de no querer profesar la religión católica fallando a favor de la Iglesia en el contencioso que presentó ésta contra aquellos que querían que sus datos desaparecieran de los libros de Bautismo. Era de esperar que en este caso la decisión fuera contraria al juez, teniendo en cuenta además que es un rival directo de los componentes de este magno Tribunal a la hora de ocupar uno de sus puestos. Lo que resultaría realmente novedoso es que algún tribunal de este país emitiera alguna vez un fallo que se aproximara a cualquiera de las ideas de Justicia que se han desarrollado en la historia del pensamiento político desde Platón hasta nuestros días. La decisión del Tribunal Supremo, empero, tiene una doble vertiente, que es la que hace especialmente sangrante este caso, ya que si el hecho de querer juzgar los crímenes del dictador y sus secuaces es injusto, entonces es que estos crímenes fueron justos, como dicta cualquier lógica (algo no puede ser él mismo y su contrario) excepto, a lo que parece, la lógica judicial. Es decir, de golpe y porrazo los miembros del Tribunal Supremo se quitan la careta y se colocan en el bando del que seguramente nunca salieron: en el de la paz de los cementerios del General Franco.

 Se puede argumentar que en definitiva la función de un juez no es impartir justicia, sino hacer cumplir las leyes. Totalmente de acuerdo. Lo que tendrá que explicar el Tribunal Supremo es qué ley ha incumplido el señor Garzón, habiendo quedado más que demostrado que no comete prevaricación puesto que la Ley de amnistía de 1977 no contempla los crímenes del franquismo, de la misma forma que no contempla los crímenes de ETA. Y si los contemplara estaríamos ante una situación como la anterior. Nos encontraríamos ante una ley injusta.

 Y sin embargo, el problema de los jueces españoles está precisamente aquí. En que no se han enterado todavía que en un Estado de Derecho, con división de poderes, la función del Poder Judicial es hacer que se cumplan las leyes, no interpretarlas ni crearlas, que es función del Poder Legislativo (el Parlamento, para que todo el mundo lo entienda). Se da así la paradoja de que en una nación con dieciocho gobiernos democráticamente elegidos, cualquier juez de cualquier pueblo perdido puede hacer lo que quiera con cualquier ley emanada de cualquiera de esos Parlamentos.

 Nos encontramos así ante un caso de auténtica dictadura judicial, donde unos señores elegidos a dedo hacen y deshacen a su antojo leyes legítima y democráticamente aprobadas por los Parlamentos como representantes del poder popular, las cambian, las manipulan o simplemente no las cumplen porque van en contra de sus creencias políticas, religiosas o sencillamente porque no les da la gana. Este es el verdadero peligro que amenaza hoy en día a la democracia en nuestro país y no unos cuantos chalados con una pistola.